Sànchez niega un “asalto” a Economía el 20-S y culpa a la Policía de la “violencia” en el referéndum
El exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, ha realizado en su declaración como acusado en el Tribunal Supremo una defensa de las movilizaciones sociales impulsadas por la entidad a lo largo del procés. Ni la protesta frente a la conselleria de Economía del 20 de septiembre de 2017 fue un “asalto” a los agentes que la registraban y la única “violencia” el 1-O corrió a cargo de la Policía, no de los votantes.
El fiscal Javier Zaragoza, en un largo interrogatorio, ha centrado las preguntas en la concentración contra el registro en la conselleria de Economía convocada por la ANC y Òmnium el 20-S, uno de los puntales de la acusación por rebelión y sedición. Sànchez ha condenado el destrozo a los coches de la Guardia Civil, pero ha defendido que no se pueden imputar ni a él ni a la entidad que lideraba.
“No voy a justificar la violencia sobre los vehículos”, ha alegado Sànchez, que ha entrado al cuerpo a cuerpo con el fiscal Zaragoza para desmentir de forma tajante que impulsara cualquier acto violento: “El relato de los informes de la Guardia Civil y los medios de comunicación sobre un intento de asalto es radicalmente falso. Y la prueba está en que no hubo ningún asalto”.
Incluso Sànchez ha retado al fiscal Zaragoza a demostrar que fueron Òmnium y la ANC quienes instaron a destrozar los coches de la Guardia Civil. “¿Cómo es que no hay ninguna imagen sobre como se producen daños sobre estos vehículos? ¿Cómo es que no hay imágenes de daños cuando estaba repleto de cámaras? Probablemente porque no hubo un momento donde se producen los daños”, ha aseverado Sànchez.
El exlíder de la ANC ha puesto mucha insistencia en las cámaras de seguridad de la conselleria para descartar la violencia de la protesta. “Si no se creen mis palabras, vean las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran una tranquilidad absoluta en la conselleria”, ha dicho Sànchez mirando al tribunal.
Los vídeos de las cámaras de seguridad, principal elemento de descargo de Sánchez, se han exhibido en parte este jueves y se completarán tras las declaraciones de acusados y testigos. Pero también la Fiscalía guarda sus ases para demostrar la rebelión el 20-S en el testimonio de la letrada de administración de justicia y los agentes de la Guardia Civil que participaron en el registro, que si no cambian lo que dijeron durante la instrucción describirán un ambiente hostil y violento en la protesta frente a Economía.
Para desmentir este relato, la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha pedido (y el tribunal ha accedido) visionar unos vídeos en los que se ve a los concentrados cantar canciones populares, agitar papeletas del 1-O y claveles y gritar “votarem”. Será el tribunal quien valore si todo ello constituye una intimidación y una incitación y una violencia suficiente para justificar una condena por rebelión.
Sin permiso encima de los coches
Lo que sí ha reconocido Sànchez es que se subió sin permiso a los coches destrozados de la Guardia Civil pasadas las 23:00h. junto a Cuixart para desconvocar por segunda vez la protesta. Sànchez ha dicho que no pidió permiso para subirse al coche pero que lo “comunicó” al teniente de la Guardia Civil. Antes de subirse al coche situado justo en frente de la conselleria, ha explicado, ya había desconvocado la protesta desde el escenario donde antes habían tocado grupos de música situado unos metros más abajo, en el cruce entre Gran Vía y Rambla Catalunya.
Pero los concentrados frente a Economía, ha añadido Sànchez, no habían oído la primera desconvocatoria, por lo que seguían frente al departamento. En consecuencia, Sànchez y Cuixart se trasladaron justo en frente al departamento y subieron al coche para desconvocar al resto de concentrados.
“Se percataría de la gravedad de daños en los vehículos”, ha replicado el fiscal Javier Zaragoza. “Pues no, vi que había pegatinas, pero había centenares de personas, fotógrafos, programas de radio que me pedían entrar en directo...”, ha respondido Sànchez.
No era delito acudir a los colegios
Respecto al 1-O, Sànchez ha defendido el derecho de la ciudadanía a participar en el 1-0 aunque la votación estuviera suspendida. En este sentido, ha recordado que ninguno de los autos del Constitucional o del TSJ catalán que ordenaban a las instituciones y a las fuerzas policiales impedir la votación hacía referencia al derecho de la ciudadanía a participar en el referéndum.
“Que los ciudadanos pudiéramos expresar nuestros deseos en el referéndum no podía tener reproche penal a la ciudadanía”, ha señalado. En la misma línea, ha expresado que un Estado de Derecho “que confía en sus instituciones no debe temer un acto cívico de ciudadanos que depositan una papeleta en una urna a pesar de que las instituciones no tuvieran competencia para hacerlo”. En otras palabras, aunque las autoridades tuvieran prohibido impulsar el 1-O, nada impedía a los ciudadanos votar.
Sànchez ha rehuido las preguntas de la abogada del Estado sobre la “resistencia” de los votantes en los colegios. Ha evitado contestar y ha sacado a colación el número de colegios cerrados por Mossos d'Esquadra (400) frente a Policía Nacional y Guardia Civil (101). “Una actitud policial distinta y muy ilustrativa”, ha zanjado.
