Salvador Illa llega al ecuador de la legislatura con la movilidad y la educación como asignaturas pendientes

Acaban de cumplirse dos años de una de las investiduras más agitadas que se recuerdan. Y eso que, en Catalunya, ha pasado casi de todo en los últimos años. El 8 de agosto de 2024, Salvador Illa se convirtió en president de la Generalitat, pero el foco político se lo arrebató Carles Puigdemont, que ese mismo día hizo una aparición fugaz en Barcelona, antes de volver a esfumarse en dirección a Bélgica, donde permanece desde 2017.

La principal tarea que el president socialista se impuso entonces es que capítulos como aquel no se repitan en Catalunya. En sus palabras, “normalizar la situación política”. El contexto le ha ayudado aunque no del todo. La ley de amnistía se pactó unos meses después a cambio de los votos de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, pero aun los principales líderes políticos catalanes, como el propio Puigdemont u Oriol Junqueras, no han podido disfrutar de sus efectos. Y, sin ello, el president sabe que la “normalización” no es completa.

Con todo, las cosas han cambiado mucho en Catalunya en los últimos años, con un independentismo a la baja y un Govern que con frecuencia saca pecho de su apuesta por la “colaboración” en vez de la “confrontación”. El principal objetivo de Illa se da, por tanto, casi por logrado.

Sin embargo, en el ecuador del mandato, el president está encontrándose con problemas difíciles de resolver y que desgastan a un ejecutivo que llegó con la promesa de la buena gestión. En la rueda de prensa de balance de este último semestre, Illa reconoció al menos dos: el que tiene que ver con la cartera de la Educación, donde ha mantenido un pulso con los profesores aún no resuelto, y el de la movilidad, con Rodalies como eterna fuente de quebraderos de cabeza del Govern.

Después de reconocer “dificultades” en ambas cuestiones, Illa respondió en el mismo tono triunfalista que marcó todo el balance de su gestión. “Tendremos una movilidad y una educación excelentes y no pasará demasiado tiempo antes de que lo veamos”, aseguró en la última comparecencia antes de irse de vacaciones.

Para cumplir esta promesa, el Govern tendrá que dar la vuelta a unos problemas persistentes en los últimos años. En el ámbito de Rodalies, los datos son desalentadores. El servicio de Renfe cerró el primer semestre del año con un 16% menos de usuarios que el mismo periodo de 2015, y eso que durante algunos de esos meses los billetes fueron gratuitos.

Rodalies, tras un semestre negro

Pese al optimismo con el que el Govern encaraba el arranque de 2026, los problemas se acumularon en la red ferroviaria tras el accidente de Gelida, el 20 de enero, tras lo cual hubo días en el que el servicio permaneció cerrado, algo que nunca había pasado, y la recuperación de algunas líneas se demoró mucho más allá de lo previsto por la Generalitat.

El Govern lo confía todo a dos aspectos. Por un lado, que lleguen los 110 convoyes encargados por Renfe. Unos trenes nuevos que siempre se consideraron como un hito de mejora del servicio, pero de los que aún no se tiene noticia pese a que ya deberían llevar meses en servicio según lo pactado con la operadora del Ministerio.

En segundo lugar, el Govern confía en el cambio de operadora de Rodalies, que en los próximos meses debe pasar de la propia Renfe a una mixta participada por la propia Generalitat, aunque bajo el paraguas de la empresa ferroviaria del Estado. La nueva empresa, que tendrá como nombre Rodalies de Catalunya, por el momento sigue sin desarrollarse y cuenta como único trabajador con su máximo responsable, Òscar Playà. La promesa era que comenzase a funcionar en enero de 2027, un horizonte cada vez más asfixiante.

Los problemas en Educación vuelven en septiembre

En el ámbito educativo, el curso pasado estuvo marcado por las huelgas de docentes que se acabaron convirtiendo en el principal pulso laboral al Govern de Illa. Maestros y alumnos se fueron de vacaciones sin haber encarrilado este conflicto, que volverá en septiembre y, cuando parecía que el año escolar no podía acabar peor, la exclusión de Catalunya de las pruebas PISA acabó suponiendo la sacudida definitiva en el sector.

El próximo 8 de septiembre será la primera jornada de curso y, también, la primera convocatoria de huelga. El mensaje que envían los docentes es claro: quieren demostrar que el conflicto laboral está vivo desde el primer día. El malestar acumulado a lo largo de los últimos años, sumado a una negociación errática y descuidada del Govern, acabó con los trabajadores de la Educación en pie de guerra.

El Departamento dirigido por Esther Niubó cometió un error fatal al llegar a un acuerdo con los minoritarios CCOO y UGT fuera de la mesa sectorial, lo que calentó los ánimos de USTEC y CGT, mayoritarios. Posteriormente, USTEC acabó firmando un nuevo pacto, pero fue rechazado por la mayoría de los trabajadores. El malestar tiene diferentes aristas porque, a la cuestión salarial, se suman quejas sobre la dotación del modelo de escuela inclusiva, la burocratización o incluso los currículums.

Sobre el fiasco en las pruebas PISA, de las que Catalunya ha sido expulsada por primera vez en la historia, la explicación de Educación es que, durante la celebración de las pruebas, en los centros catalanes se excluyó a un porcentaje de alumnado demasiado elevado para las exigencias de la OCDE, que es quien organiza estos tests internacionales. El máximo fijado por esta entidad es el 5%, pero en los centros catalanes se dejó al margen al 23% del alumnado seleccionado.

En su comparecencia de balance, Illa aseguró que “iría hasta el final” para conocer lo ocurrido, una frase que ya ha pronunciado en otras crisis. El president, sin embargo, ratificó su confianza en la consellera Niubó.

Nuevas cuentas y pensando en la financiación

Pese a los incendios sufridos por el Govern en las carpetas de Rodalies y profesores, Illa cruza el ecuador de su mandato habiendo aprobado unos presupuestos, una carta que durante mucho tiempo se le había resistido. Tras un largo estira y afloja con ERC, finalmente los republicanos se unieron a socialistas y comuns para aprobar unas cuentas propias de los tiempos de buena recaudación, claramente expansivas y con amplio margen para hacer inversiones.

Illa puede respirar tranquilo en lo relativo a la parte presupuestaria al menos durante todo 2027, que además es año de elecciones municipales. Sin embargo, la batalla económica que el president deberá luchar a la vuelta de las vacaciones es la nueva financiación autonómica. La propuesta del Gobierno está sobre la mesa y pasará primero por un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 4 de septiembre, para acabar en el Congreso, previsiblemente antes de fin de año.

El president está convencido de que la nueva financiación no decaerá porque bien el PP, que gobierna comunidades muy beneficiadas con la propuesta, o bien Junts, serán incapaces de dejar morir el proyecto. “Pido al resto de comunidades la misma responsabilidad que ha tenido Canarias”, dijo Illa, después de que la autonomía insultar anunciase su apoyo a la nueva financiación. “Y, a las formaciones catalanas, les pido que piensen en Catalunya”, remató.