Los trabajadores de las ‘embajadas’ de la Generalitat dicen basta: “Hay casos en los que solo tienen 15 días de vacaciones”

Los trabajadores de las delegaciones exteriores de la Generalitat, un cuerpo de casi un centenar de empleados, han decidido hacer público su malestar por la inseguridad laboral que aseguran que sufren en algunos países. En un acto este viernes en Barcelona han denunciado que sus condiciones de empleo se rigen por las leyes de cada país de destino, lo que hace que especialmente fuera de la Unión Europea haya casos en los que apenas tienen permisos de paternidad o maternidad, vacaciones, días de conciliación o cobertura sanitaria. 

“La Generalitat tiene que responder por sus trabajadores, estén en Catalunya o a 10.000 kilómetros de distancia”, ha reclamado Marcel Bigas, empleado de la delegación de París, que se ha erigido como portavoz de sus compañeros al asumir el cargo de secretario general de la nueva sección sindical de Intersindical que han constituido los afectados. Bigas ha detallado que este modelo provoca que los más perjudicados sean los empleados de delegaciones fuera de la Unión Europea. “Ha habido casos de trabajadoras a las que se ha negado el permiso de maternidad”, ha denunciado sobre lo que ocurrió, asegura, en una delegación del norte de África. 

“Hay delegaciones que tienen 15 días de vacaciones, y otras que no tienen ni un día de vacaciones durante el primer año en que se incorporan al trabajo”, ha lamentado. Y ha seguido enumerando agravios, como por ejemplo que mayoritariamente en ninguna delegación haya permisos suficientes de conciliación por hospitalización o defunción de un familiar. 

Los trabajadores, que dependen del Departamento de Acción Exterior y Unión Europea, se pusieron de acuerdo para reclamar la unificación de su régimen laboral en julio de 2022, y lo pusieron en conocimiento de la Generalitat en septiembre de ese año. Por entonces ocupaba Junts esa conselleria. Pero ni entonces ni ahora, con ERC al mando del departamento, han visto resueltas sus demandas. De ahí que hayan decidido aprovechar la campaña electoral para hacer un llamamiento a todos los partidos políticos para que se comprometan a equiparar sus derechos a los de Catalunya. 

Actualmente la Generalitat cuenta con 21 delegaciones en países extranjeros, donde además de los delegados –que sí están sujetos al régimen catalán– trabajan más de 50 personas. En cada delegación puede haber desde ningún técnico –en las más pequeñas– hasta tres o cuatro (solo en Bruselas hay un equipo más grande). En la práctica, el problema que tienen los empleados es que sus superiores responsables de recursos humanos son los propios delegados, lo que provoca que, en grupos tan pequeños, dificulte sus reclamaciones laborales. 

Fuentes del Departamento de Acción Exterior aseguran que están negociando con los trabajadores y que se han puesto como objetivo elaborar un convenio colectivo para cada delegación. “Teniendo en cuenta la legislación de cada país pero armonizando los criterios”, especifican. 

Pero esta vía no convence a los afectados, porque advierten que esto les obliga a enfrentarse a su delegado. “Si el delegado, que es tu jefe, es una persona empática y con la que tienes buena relación, puede acceder a tus demandas, pero siempre estás a expensas de su buena voluntad”, constata la empleada de una de estas delegaciones, que prefiere mantenerse en el anonimato. A ello responde la Generalitat que supervisarían las negociaciones desde Barcelona. 

La protesta catalana tiene puntos en común con la que han protagonizado en los últimos años algunos empleados de embajadas españolas. Al margen de los diplomáticos y los funcionarios, también en embajadas y consulados hay personal laboral sin convenio colectivo, aunque en su caso se les aplica un régimen laboral que sí tiene en cuenta mayoritariamente la legislación española.

A la rueda de prensa han asistido también otros dos trabajadores que integran la sección sindical, de las oficinas de Bruselas y Viena, además del secretario general de Intersindical, Sergi Perelló. Los demás compañeros, ha asegurado Bigas, prefieren no exponerse por miedo a represalias. Y ha añadido que en los últimos dos años han dejado su puesto una veintena de empleados, una cifra que no sería tan elevada si no fuera por estas condiciones.

Durante la comparecencia, el portavoz de los trabajadores ha insistido en que para ellos es un “orgullo” trabajar en la acción exterior de la Generalitat y representar a Catalunya en el extranjero, pero ha añadido que “este compromiso no puede ser la excusa para regatear derechos”. Bigas ha querido dejar claro que no exigen “privilegios” ni tener más derechos, sino sencillamente lo que se consideran unos “mínimos” en Catalunya. 

Entre otras reclamaciones, también han pedido actualizaciones de los salarios de acuerdo con la inflación de cada país. Aseguran que en algunos casos no se cubre el coste de la vida.