Toledo, a la espera de beneficios fiscales de sus 30 años como Ciudad Patrimonio

El próximo 26 de noviembre se cumplen 30 años de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una fecha en la que arrancarán los actos programados con motivo de la efeméride que está ultimando la Comisión creada en torno a este evento y que preside el que fuera alcalde de Toledo cuando la ciudad obtuvo el reconocimiento de la UNESCO, el socialista Joaquín Sánchez Garrido.

Este 30 aniversario pueden traducirse en una llegada de fondos 'extra' a la ciudad, procedentes de las arcas del Estado si Toledo solicita su declaración como evento de 'interés excepcional'. Un montante económico que debería consignarse en los presupuestos generales del Estado para 2017 que aún están por aprobar.

El coordinador del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, pedía este miércoles explicaciones sobre este asunto a la alcaldesa, Milagros Tolón, a quien acusaba de no haber pedido al Gobierno central la declaración de ‘interés excepcional’ coincidiendo con el 30 aniversario de Toledo como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una declaración, recuerdan los populares, que ya se solicitó en el 2014, en el Año Greco, y que propició ventajas fiscales a los mecenazgos y fondos económicos para la ciudad procedentes de la Administración central.

Velasco comentaba que Milagros Tolón contó con el apoyo de todos los grupos políticos para solicitarlo y califica de “incompresible” que no lo haya hecho a través de una petición parlamentaria al Congreso de los Diputados, como si han hecho otras ciudades como Cuenca.

“Otra vez vamos mal y tarde por falta de trabajo del equipo de gobierno, pues la conmemoración del treinta aniversario comienza en breve y la declaración de interés excepcional ya la tendríamos que tener para atraer mecenazgos a la ciudad”, ha explicado el coordinador que también ha denunciado que “mucho nos tememos que pase igual que con los 15 millones de los fondos europeos que hemos perdido para infraestructuras en la ciudad porque Tolón no lo ha sabido gestionar bien”.

Hace un año se solicitó apoyo al Gobierno central

El concejal de Urbanismo, Teo García, ha desmentido al coordinador del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, manifestando que el Ayuntamiento remitió un escrito al Gobierno central el pasado 26 de octubre de 2015 para solicitar su apoyo para la conmemoración. Lo hizo, señala el edil, de acuerdo con la propia legislación del régimen fiscal de entidades sin fin lucrativo y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Teo García ha lamentado el “afán de confundir” del Grupo Municipal Popular y ha recordado que el escrito remitido al Gobierno de España se tramitó tras la sesión ordinaria del Pleno del 22 de octubre de 2015, a la que el Grupo Municipal Socialista llevó una proposición para instar a la Administración General del Estado a incrementar su aportación al Consorcio de la ciudad en un millón de euros para tal fin.

El responsable de Urbanismo toledano ha dicho “lamentar profundamente la actitud y el posicionamiento del Grupo Municipal Popular en un tema tan importante, porque no es de recibo que el coordinador de este grupo nos acuse de no haber tramitado algo que hicimos en octubre de 2015 y que, además, fue avalado por el pleno municipal con el voto favorable de 16 de los 25 concejales del Ayuntamiento, curiosamente con el apoyo de PSOE, Ganemos y C´s y con la abstención del PP”. Por eso, ha proseguido, “probablemente ahora ni siquiera recuerdan eso”.

García ha recordado además que en el Debate del Estado del Municipio, celebrado el pasado mes de julio, también se aprobó por unanimidad de todos los grupos, una moción del PSOE en la que “nos manifestamos en el mismo sentido”.

El concejal de Urbanismo ha criticado que el PP “nuevamente, falte a la verdad” y le ha instado a que muestre “más preocupación y ocupación, porque insisten en hacer ruido y generar polémica, desacreditándose a sí mismos al no recordar que en dos ocasiones se ha abordado este asunto” en sede municipal.

En último término, el edil ha avanzado que el Gobierno local tiene intención de reiterar la solicitud formalizada el 22 de octubre “ampliándola con las aportaciones, objetivos y el avance del programa” del XXX aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El caso de Cuenca

Toledo sigue el ejemplo iniciado por la ciudad de Cuenca que en este 2016 celebra los 20 años de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. El Consejo de Ministros ratificaba, ya empezado el año, el pasado enero, la autorización para suscribir un convenio entre los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, Educación, Cultura y Deporte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, el Ayuntamiento de Cuenca y la Fundación Pública de Cultura Ciudad de Cuenca, para la celebración del acontecimiento de excepcional interés público “XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

Incluso, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento conquense pedía el pasado verano que la celebración del XX Aniversario de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, efeméride que se cumplirá el próximo 6 de diciembre, se prolongue durante el próximo año 2017, según informa Las Noticias de Cuenca.Eso supondría que Cuenca dispondría durante una anualidad más de las ventajas de un evento declarado de interés excepcional público por parte del Gobierno central. Es decir, beneficios fiscales previstos en la Ley de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

En Castilla-La Mancha, en torno a este asunto, y tras la formación del nuevo Gobierno central se ha reavivado el debate en torno a la necesidad de definir una Ley de Mecenazgo nacional. Precisamente, días atrás el gerente del Consorcio de Toledo, Manuel Santolaya, apuntaba la necesidad de “encontrar financiación que auxilie a las administraciones” en materia de inversión en rehabilitación y restauración para salvaguardar el patrimonio. Sostiene que la Ley de Mecenazgo contemplaría importantes exenciones fiscales para aquellas empresas que inviertan en rehabilitación que, al final, redundaría en beneficio del patrimonio.