La acusación popular no descarta la imputación de Cospedal por la supuesta 'mordida' en Toledo

Una de las abogadas que representa a las organizaciones que iniciaron la acusación popular en la conocida como ‘Querella Bárcenas’ y que se basa en los famosos ‘papeles’ del extesorero del Partido Popular, no descarta una posible imputación de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal por presunto cohecho.

Así lo cree Ana Méndez, abogada del caso en relación a la pieza separada que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo y que investiga la aprobación, en el año 2007, durante el gobierno del ‘popular’ José Manuel Molina en el Ayuntamiento de Toledo, de la concesión del servicio de basuras municipal a Sufi, filial de Sacyr-Vallehermoso. Para lograr la concesión, la empresa habría pagado presuntamente 200.000 euros destinados a financiar la campaña electoral de la entonces candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal.

“Trabajando la línea del presunto cohecho y acreditando la existencia de unos pagos para la financiación irregular de un partido (y ya existe un auto de la Audiencia Nacional en este sentido) entendemos que la imputación de la señora Cospedal sería más que obvia”, señala Méndez. Eso supondría el salto del caso al Tribunal Supremo por la condición de aforada de la actual ministra de Defensa y número dos de Mariano Rajoy.

Entre las organizaciones que iniciaron esta acusación popular están la Asociación Libre de Abogados (ALA), IU, Los Verdes y Ecologistas en Acción. “Nos planteamos la querella en 2013 porque todos los apuntes sobre las supuestas donaciones al PP procedían de grandes constructoras y nos imaginamos que podía ser a cambio de grandes obras públicas. Nuestra organización ha estado trabajando contra la demencia de esa inversión tan salvaje en infraestructuras, autovías innecesarias, AVES no rentables, aeropuertos sin pasajeros… ”, explica Paco Segura, coordinador nacional de Ecologistas en Acción.

El caso, sustanciado a nivel nacional, derivó después en una pieza separada que el juez Pablo Ruz remitió a Toledo. El juzgado toledano investiga si se produjo “donación ilegítima”, recuerda la organización ecologista, para el Partido Popular en Castilla-La Mancha a cambio de un incremento en el contrato a la empresa Sufi-Sacyr, por 11 millones de euros, para el servicio de recogida de basuras de la ciudad.

Paco Segura explica que, aunque la cifra acreditada de la supuesta donación asciende a 200.000 euros, según el recibí firmado por el gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, la cantidad podría llegar hasta los 700.000 euros.

“Bárcenas hablaba de 700.000 euros, luego matizó entre 600 y 700.000 en su comparecencia de cinco horas y es una cifra que damos como plausible”. Esa cantidad se habría destinado, supuestamente, a financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en el año 2007, en un proceso electoral que perdería frente al socialista José María Barreda.

Nuevos investigados: la acusación popular lo ve como un “éxito”

La instrucción del Juzgado nº 3 de Toledo se centraba hasta ahora en quienes ya declararon en la Audiencia Nacional –el antiguo alcalde José Manuel Molina García y el concejal de Hacienda, Lamberto Pineda– y se extiende ahora a todo el grupo de concejales del PP, tras una providencia dictada por el juez. Todos ellos estuvieron presentes en la Junta de Gobierno Local del 23 de mayo de 2007.

El acta de la sesión, recuerda la acusación popular, recoge la aprobación del acuerdo que incrementaba el precio del contrato para Sufi en 11 millones de euros. Ecologistas en Acción cree que la ampliación de la investigación, por presunta prevaricación, a la totalidad de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo supone “un nuevo revés contra la corrupción”. La abogada Ana Méndez, por su parte, sostiene que la imputación de todos los concejales es “un éxito” tras un trabajo de tres años.

En su opinión, “la prevaricación es algo más que evidente”, al margen de la línea del presunto cohecho en la que también se trabaja (en relación a una supuesta financiación ilegal del PP en Castilla-La Mancha). Ana Méndez apunta que la Junta de Gobierno del año 2007 fue “extraordinaria y urgente” para ratificar el protocolo firmado de forma previa por el entonces concejal de Hacienda y tesorero regional del PP castellano-manchego, Lamberto García Pineda. Se hizo “sin ninguno de los informes técnicos preceptivos y sin la tramitación formal prevista en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”.

La abogada recuerda que el incremento en el precio del contrato se produce a las puertas de unas Elecciones Autonómicas y Municipales “tratando de consolidar la posición que tenían respecto a Sacyr-Sufi y en mi opinión personal, en términos de presunción, para atender el objetivo consensuado entre la mercantil y el PP”.

El Partido Popular, sin embargo, lo niega y señala al posterior alcalde, el socialista Emiliano García-Page como la persona que ratificó el convenio aunque modificándolo (el incremento del precio del contrato se deja en siete millones en vez de 11) “en contra de la Intervención del Ayuntamiento”.

La letrada de la acusación popular señala que también se investiga esta parte de los hechos, pero mantiene que la ratificación del contrato con Sacyr la hizo la Junta de Gobierno del PP. “Cuando entra García-Page, ante la situación que se encuentra, y en esto tenemos que ser honestos, tiene que reconducirlo, pone un parche, de manera que se adopta otro convenio diferente”.

Sobre este nuevo convenio Ana Méndez cree que García-Page podría haber optado por declararlo nulo de pleno derecho. “No lo hace, no entendemos por qué, ya que el nuevo convenio que firma también es irregular”.

La acusación popular cree que la instrucción de la causa -que ya ha sido prorrogada en una ocasión-no se irá más allá de seis meses para que el juez califique los posibles delitos y, en su caso si procede, abrir juicio oral. Antes, el 22 de febrero pasarán por los juzgados para prestar declaración el exalcalde José Manuel Molina además de los concejales Lamberto García Pineda y Fernando Sanz Domínguez. Después, el 1 de marzo lo harán el resto de ediles de la época: María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano.