Castilla-La Mancha apuesta por un “modelo de convergencia” en la nueva PAC para lograr igualdad en las ayudas

Castilla-La Mancha defiende un nueva PAC basada en el modelo de convergencia y con un techo de ayuda máxima por explotación y espera sacarlo adelante con el apoyo de la mayoría de las Comunidades Autónomas. Esta es la posición que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se celebró el pasado lunes en el Ministerio con la asistencia del ministro Luis Planas y todas las comunidades autónomas para abordar la negociación de la nueva Política Agrícola Común, PAC 2021-2027

Sobre el modelo de convergencia, Martínez Arroyo ha señalado que “parece de sentido común” que lo agricultores que se dedican a un mismo modelo productivo, independientemente de la comunidad autónoma en la que estén, cobren la misma ayuda por hectárea, y así lo expuso durante la reunión del Consejo Consultivo. El modelo aplicado hasta ahora, que ya no estaba vigente en ninguno de los países de la UE, se basa en unos cálculos de rendimientos que se remonta a finales de los años 90 y que establecía que se pagasen distintas cuantías dependiendo de la Comunidad Autónoma e incluso con diferencias entre los territorios dentro de la misma región.

El consejero ha subrayado que ahora tenemos “la extraordinaria oportunidad” de poder cambiar el modelo “y estaríamos dando un ejemplo de igualdad y de equidad en un sector muy necesitado de ello, porque venimos arrastrando desigualdades en el pago por hectáreas desde hace mucho tiempo”.

Límite de ayuda

Respecto al techo de ayuda, Castilla-La Mancha ha propuesto que no pueda exceder de los 100.000 euros por ayuda pública una vez descontados los costes laborales de las explotaciones “de tal manera que el dinero ahorrado se pueda destinar para un pago denominado redistributivo que va orientado a las pequeñas y medianas explotaciones de agricultores y ganaderos profesionales”, ha señalado.

Por otro lado, y tal como ha anunciado el consejero en otras ocasiones, Castilla-La Mancha apuesta por un “modelo de agricultura profesional en el que se incluya a todos los agricultores y ganaderos que generan empleo, riqueza y que innovan en el medio rural”. A su juicio es importante “priorizar a aquellos que realmente viven en los pueblos”.

Asimismo, el consejero ha transmitido al ministro la “importancia de que exista flexibilidad en la aplicación de la PAC teniendo en cuenta las diferencias de los sectores en función de lo distintos territoritos”, con el fin de que sean las propias comunidades autónomas las que pueda decidir qué políticas son las más adecuadas para la agricultura y la ganadería.

El consejero ha señalado que esto se puede hacer a través del Plan de Desarrollo Rural y a través de ayudas vinculadas a la producción y que representan el 15 por ciento del total. Estas ayudas están orientadas a los sectores estratégicos que necesitan apoyo específico, en el caso de la región, especialmente a la ganadería extensiva.  

Martínez Arroyo ha puesto de manifiesto el peso de la región en esta negociación al ser la tercera comunidad autónoma tanto en número de solicitudes, 120.000, y en la cantidad, cerca de 900 millones entre ayudas directas ya través del PDR.

Ahora se abre un periodo de negociación nacional que se solapará con la negociación en el seno de la UE, donde España defiende también que se mantenga al menos la misma cantidad que hasta ahora y no se recorte el presupuesto.