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Una sentencia anula todos los ceses de un profesor interino entre el 2012 y el 2016

EFE

elDiarioclm.es

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El Tribunal Contencioso-Administrativo de Cuenca ha declarado nulos los ceses de un profsor interino de la provincia entre los cursos 2012/ 2013 y 2015/2016. La sentencia, que todavía es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, subraya la “falta de razones objetivas” para cesar a este profesor cada mes de junio desde el año 2013 hasta 2016 y volver a nombrarlo de nuevo cada septiembre. De este modo, condena a la Junta de Comuniddes a reconocer al docente los derechos económicos y administrativos correspondientes.

Además, el mismo docente tiene en marcha el mismo proceso, de manera paralela, para el cese después del curso 2016/2017. Desde el sindicato señalan que la sentencia se une a la ya obtenida en los tribunales de Toledo, porque “ambas se basan en los fundamentos de derecho establecidos por el Tribunal Supremo y las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión E sobre discriminación de trabajadores temporales”. De este modo, explica Miguel Ángel Vaquero, responsable de Educación Pública no Universitaria del sindicato, sienta un precedente para todos los trabajadores en la misma situación.

“Existe discriminación, no se puede despedir a los interinos más allá de tener una causa objetiva. Se vulnera el derecho de los trabajadores temporales”, explica a eldiarioclm.es. Por otro lado, explica que habría “mínimo” entre 6.000 y 8.000 docentes interinos afectados por este tipo de despidos que podrían acudir a la Justicia como ha hecho este docente de Cuenca.

“Tenemos en curso cientos de demandas similares y no dudamos de que su resolución será la misma. Hasta donde sabemos, el Gobierno de Castilla-La Mancha no recurrió la primera, del pasado 27 de junio; y podemos esperar que no lo haga porque los pronunciamientos del TJUE y del Supremo no tienen vuelta de hoja”, recalcaba el responsable. De este modo, animan a los interinos a “reclamar” y al Gobierno que establezca un procedimiento que regule la situación.

“Hay que acordar una manera ágil para el reconocimiento generalizado. Cuanto antes se haga, mejor para los trabajadores, que se evitarán tiempo y procesos judiciales, y para la propia Administración, que se evita posibles condenas en costas”, concluyen.

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