El sindicato de la Guardia Civil denuncia un déficit de 700 profesionales en la región
Cerca de treinta Guardias Civiles se enfrentan a la posibilidad de entrar en prisión, según denuncian representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. La situación preocupa a la organización profesional, que considera que “hace años que esto debería estar fuera de contexto” y que achaca al nuevo Código Penal Militar instaurado por el Partido Popular, así como también a la reforma del código penal. El problema señala Manuel Moya, secretario nacional de Formación de AUGC, es que la prisión implica acabar con la carrera del profesional, por lo que esperan que con las elecciones generales entren otras formaciones políticas que regulen la situación.
Sin embargo, la entrada a prisiones militares es sólo parte de los problemas a los que asegura enfrentarse el cuerpo en España, que también denuncia la falta de voluntad por parte de sus superiores para regular la jornada laboral de los trabajadores de forma adecuada. Moya señala que el cuerpo se vio incluso obligado a acudir a la Comisión Europea para presentar una denuncia en contra del Gobierno de España por incumplir la directiva marco que regula la jornada laboral en el término europeo, tras una negociación infructuosa con la Asociación Unificada. La nueva Orden General que resultó de esta sentencia es ahora “malinterpretada” por los superiores de dirección general, dando lugar a casuísticas que señalan como “ilógicas” y que afecta a las unidades con una serie de “disfuncionalidades”.
Otro de los problemas por los que el cuerpo de la Guardia Civil reclama “dejar de ser el patito feo” del Ministerio del Interior es la falta de recursos, que afecta tanto al número de agentes disponible, como a los recursos imprescindibles con los que deben contar los trabajadores, como los vehículos. En este sentido, Moya señala que existe un déficit en toda España de cerca de once mil agentes, setecientos de los cuales hacen falta en Castilla-La Mancha. Para remarcar el problema ha señalado que, mientras se pierden 1.200 profesionales al año, sólo se reponen 136. Este tipo de problemas no han sido tomados en cuenta desde la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha, denuncia la Asociación, quien lamentó que Jesús Labrador, antiguo Delegado y actual candidato del PP a la alcaldía de Toledo, no quiso reunirse con ellos antes de cesar en su cargo.
“Lo lógico es que nuestro jefe inmediato, desde el aparato político, se reuniese no sólo con los mandos, sino también con las asociaciones que están legalizadas y amparadas por el Ministerio de Interior y que pueden dar otra visión de la situación”, aseguraba Moya, quien instó al nuevo Delegado de Gobierno a tener “mayor comprensión” hacia los profesionales. En el cuerpo se teme la desaparición del servicio de desactivación de explosivos en Ciudad Real, único en la región, remarcando la situación de alerta tres ante el terrorismo en la que se encuentra la región actualmente.
Por otro lado, Juan Couce, ha señalado que en toda Castilla-La Mancha el parque móvil de la Guardia Civil “está bajo mínimos”, si bien las versiones que se han entregado a la Delegación de Gobierno por parte de los altos cargos han sido otras. De este modo señala que los vehículos de los que disponen los profesionales cumplen un número reglamentario, pero que muchos de ellos tienen hasta catorce años de antigüedad y un kilometraje que supera el medio millón de kilómetros. “Son ataúdes andantes en los que la Guardia Civil debe dar una respuesta al ciudadano”, señalaba Couce. Juan Antonio Mombolona, secretario de finanzas y vocal del consejo de la AUGC, añadía a esto la falta de presupuesto para chalecos antibalas que también sufre el cuerpo.
