El PSPV presentará un recurso contencioso-administrativo si el pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante aprueba este jueves la declaración institucional promovida por Vox —con el respaldo del PP— para instar a las Corts Valencianes a modificar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) y excluir a Alicante de la zona de predominio lingüístico valenciano.
Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, quien ha calificado la iniciativa como una “consecuencia más del chantaje de la ultraderecha asumido por Barcala” y ha advertido que el Grupo Socialista actuará “como muro de contención” para frenar lo que consideran una amenaza a la convivencia lingüística de la ciudad. “Se trataría de un acto recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa y daremos un paso al frente para poner freno a lo que está ocurriendo en Alicante”, ha subrayado la portavoz socialista.
En esa misma línea, el concejal socialista Miguel Castelló ha denunciado que “las exigencias ideológicas de la ultraderecha representan un retroceso social y político que ni Alicante necesita ni la ciudadanía ha pedido”. Castelló ha defendido que “el valenciano no es una imposición, es un patrimonio cultural que debemos cuidar y proteger”, y ha recordado que la ciudad “ha convivido con las dos lenguas sin ningún problema”.
Base jurídica del recurso
El grupo socialista ha fundamentado su posible recurso en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que las declaraciones institucionales aprobadas en los plenos municipales son actos administrativos con contenido político, y por tanto impugnables ante el orden contencioso-administrativo. La doctrina actual considera que estos actos están sometidos a la legalidad constitucional y al resto del ordenamiento jurídico.
“No podemos pronunciarnos en una materia de tanta trascendencia como la que recoge esta declaración institucional sin unanimidad, y ya avanzamos nuestro voto en contra”, ha afirmado Barceló, quien acusa al alcalde de ceder a presiones ideológicas que buscan “levantar muros en lugar de tender puentes”.
La declaración propuesta por Vox —y que forma parte del acuerdo con el PP para aprobar el Plan Financiero municipal— busca que Alicante pase a ser considerada oficialmente ciudad castellanohablante, lo que supondría excluirla de las obligaciones actuales respecto a la enseñanza y uso del valenciano en el ámbito institucional y educativo.
Esta polémica ha llevado incluso a la presidenta a de la AVL, Verònica Cantó, a remitir una carta al alcalde Luis Barcala (PP) para pedirle que no se apruebe la moción porque va contra la paz idiomítica porque “la valencianidad lingüística de Alicante es inequívoca”.