El Ayuntamiento de La Nucía ha aprobado recientemente la creación de una microrreserva de flora en el ámbito del Plan Parcial 'La Serreta', en un contexto marcado por el avance de una investigación judicial que examina posibles delitos ambientales cometidos durante el desarrollo urbanístico del sector. Esta iniciativa institucional, adoptada de forma urgente el pasado 3 de julio, se produce después de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante y la Guardia Civil hayan iniciado diligencias para esclarecer la destrucción del hábitat de una planta endémica y protegida: el Teucrium lepicephalum.
La medida del consistorio, presentada como un paso en favor de la conservación, ha sido recibida con recelo por organizaciones ecologistas y parte de la oposición municipal. Para Acció Ecologista-Agró, impulsora de las denuncias que han desencadenado la investigación penal, esta microrreserva “llega tarde y mal”, y consideran que su aprobación se debe más a la presión judicial y social que a una voluntad real de proteger la biodiversidad.
Según han confirmado fuentes de la investigación, fue la propia asociación quien alertó al Seprona y a la Conselleria de Medio Ambiente sobre la destrucción de ejemplares de Teucrium lepicephalum, una especie incluida en el Catálogo Valenciano de Flora Amenazada y protegida también por normativas estatal y europea. Las obras del PAI, iniciadas en 2023, y con un presupuesto de casi 57 millones de euros, no habrían respetado los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y se habrían realizado sin estudios previos obligatorios.
El Ayuntamiento, en lugar de detener las obras o revisar su legalidad, optó por aprobar de urgencia la creación de una microrreserva donde se han traslocado los ejemplares supervivientes. Sin embargo, según denuncia AE-Agró, esta actuación ha implicado la tala de pinos sanos y la alteración artificial del entorno para intentar recrear las condiciones ecológicas que existían en el emplazamiento original, ahora degradado.
“Transformar un área para albergar una planta traslocada no puede ser la solución frente a su posible extinción por unas obras iniciadas irregularmente”, afirman desde la asociación, que subraya que el lugar más idóneo para proteger a la especie era precisamente el que ha sido arrasado. Además, advierten que esta iniciativa tiene un coste superior a los 50.000 euros para las arcas públicas, no contemplado inicialmente en el presupuesto del PAI.
En el punto de mira judicial
La decisión del Ayuntamiento se produce en pleno avance de la causa abierta en la Fiscalía, que investiga al alcalde Bernabé Cano y al director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, por un presunto delito contra el medio ambiente y por prevaricación urbanística. Ambos cargos públicos fueron denunciados por AE-Agró en febrero de este año, al considerar que las decisiones adoptadas para ejecutar el PAI vulneraron la legislación ambiental y provocaron daños irreversibles a la flora protegida.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana admitió a trámite el pasado mes de junio un recurso contencioso-administrativo contra la modificación urbanística del sector, solicitando como medida cautelar la paralización inmediata de las obras en el área afectada. Entre las irregularidades señaladas en el procedimiento, los ecologistas destacan la caducidad de la DIA, la falta de participación pública, la ausencia de informes sectoriales rigurosos y la destrucción del hábitat sin inventario botánico previo.
En este contexto, la aprobación de la microrreserva es interpretada por muchas voces críticas como una maniobra institucional de lavado de imagen. Para AE-Agró, “no se trata de una política de conservación real, sino de una reacción forzada ante las evidencias de irregularidades y los procesos judiciales en marcha”. Añaden que “la conservación de una especie no puede improvisarse cuando ya ha sido arrasado su hábitat, ni usarse como coartada para legitimar un plan urbanístico insostenible”.
Mientras continúa la investigación penal y el proceso contencioso-administrativo, las organizaciones ecologistas exigen la paralización inmediata de las obras, la renaturalización de las zonas afectadas y la rendición de cuentas por parte de las autoridades implicadas. “Proteger lo poco que queda no puede sustituir el deber de haber evitado su destrucción”, concluyen.