En los baches más severos de la vida es cuando la amistad se demuestra con mayor ahínco. El empresario Fernando Roig, dueño del Villarreal CF, le prestó a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón 1,7 millones de euros, de momento, a fondo perdido. Para la Fiscalía Anticorrupción, el préstamo se explica por el pago de una deuda de 8,1 millones que mantenía el Aeropuerto de Castellón con el club. Carlos Fabra lo achaca, por el contrario, a la profunda relación de amistad con el empresario.
En la declaración del expolítico del PP ante el juez instructor, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Fabra relata esa amistad con el empresario. “Fernando Roig ha sido, y es todavía, iba a decir uno de mis mejores amigos, posiblemente mi mejor amigo. Hablé con él, le dije mis necesidades, me dio 300.000 euros, firmamos un contrato a ocho años que no ha vencido todavía pero que de momento no he podido ni puedo devolvérselo, ni a corto ni a medio plazo. He ido a verle y le he dicho que no podía devolvérselo todavía. Me ha dicho que no me preocupe”. En total, el empresario le prestó fondos por valor de 1,7 millones de euros.
El expresidente de la Diputación de Castellón se limitó el pasado 28 de octubre a responder a las preguntas de su abogado. Ante el juez instructor de la causa, el magistrado Jacobo Pin, y el representante del Ministerio Fiscal, Fabra relató su humilde tren de vida: “Yo vivo de mi pensión y de la ayuda que me prestan mis hijos”. El otrora todopoderoso cacique de Castellón, último representante de una larga saga que ha ostentado el poder en la provincia desde la Restauración, cuenta que Hacienda le retiene una parte de su pensión. “Y alguna cosa más que me han cogido”, añade.
La investigación del caso, sin embargo, muestra una economía familiar bien diferente: el expolítico del PP llegó a mover 26 millones de euros en cuentas bancarias y se embolsó en algunos periodos hasta 60.000 euros mensuales en efectivo mediante ingresos con billetes de 500, según sostiene un informe del fiscal anticorrupción Javier Carceller.
El expolítico acudió también a otro viejo amigo antes de ingresar en prisión para hacer frente al aval de un préstamo que compartía con su exmujer. “Como no teníamos posibilidad de avalarlo me dirigí a Enrique Gimeno, cuya familia guarda una relación íntima con la mía”. El empresario le dijo “que sí, él decidió hacerlo con Facsa”, la empresa que controla el suministro de agua en Castellón y que ya presidió Enrique Gimeno Tomás, su abuelo, entre 1929 y 1936 y entre 1938 y 1947.
“Mi padre fue abogado hasta su muerte de la familia Gimeno, cuando era decano del Colegio de Abogados”, explica Fabra con quien el empresario mantiene “mucha relación familiar y personal”. “La familia de mi mujer eran íntimos amigos de las hermanas de su padre”, apostilla. El dueño de Facsa, condenado en el marco del 'caso Gürtel' por financiar ilegalmente al PP “es amigo mío y sigue siendo amigo mío afortunadamente”, declara el expolítico del PP.
El expresidente de la Diputación de Castellón niega, eso sí, que el aval tuviera algo que ver con las adjudicaciones de la institución provincial a la empresa. “Facsa ya era proveedor de la Diputación antes de que yo fuera presidente y hace diez años aproximadamente que yo no soy presidente y sigue siendo proveedor de la Diputación, por lo tanto, no tiene nada que ver conmigo, entre otras cosas porque yo no tengo las decisiones técnicas en la Diputación”, dice Fabra.
Los tres amigos se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón. Para Carlos Fabra, Anticorrupción pide doce años de prisión por los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de condena, blanqueo de capitales y cohecho (además para el “grupo familiar” solicita multas que suman 18 millones de euros).
El empresario Fernando Roig se enfrenta a una petición de pena por parte del Ministerio Fiscal de cuatro años y siete meses de prisión por los supuestos delitos de cooperación necesaria en la insolvencia y cohecho (igual que su hijo, también procesado en la causa). Finalmente, Anticorrupción pide para Enrique Gimeno nueve meses de prisión por un supuesto delito de cohecho y para su empresa la inhabilitación durante un año para contratar con el sector público.