Ciudadanos se persona como acusación popular ante el Supremo en el caso Koldo y designa a Mamen Peris como representante

elDiariocv

València —
24 de julio de 2025 18:26 h

0

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Mamen Peris, será una de las representantes del partido naranja como acusación popular ante el Tribunal Supremo en el 'caso Koldo', la causa penal que investiga al exministro socialista José Luis Ábalos, junto a Santos Cerdán y Koldo García, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación relacionados con la adjudicación de contratos públicos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes.

Ciudadanos ha formalizado este jueves su solicitud para personarse en el procedimiento, en el que se investiga una presunta organización criminal en el seno del antiguo aparato del PSOE. La representación legal correrá a cargo de Carlos Carrizosa y Mamen Peris, dos dirigentes con perfil jurídico y larga trayectoria dentro del partido.

En un comunicado, el secretario general de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, ha subrayado que esta decisión responde a un “deber constitucional de contribuir al fortalecimiento democrático y al control del poder”, ya que los hechos investigados por el Supremo “no afectan solo a responsabilidades personales, sino a la integridad misma del Estado de Derecho y a la confianza ciudadana en las instituciones”.

El partido considera que se trata de una presunta red con implicaciones institucionales muy graves: “No hablamos de meros delitos cometidos por personas con poder, sino de un presunto uso del poder para delinquir”, afirma Pérez-Nievas. En su valoración, este tipo de corrupción “pervierte el funcionamiento de la administración y traiciona la igualdad ante la ley”.

Ciudadanos insiste en que la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática “han sido siempre principios fundamentales” de su proyecto político. Por ello, su actuación como acusación popular pretende “defender el interés general” ante unos hechos que afectarían a “áreas clave de la contratación pública, las infraestructuras y la logística”, y que podrían comprometer la esencia de la función pública.