La consellera de Inmigración se lía con la regularización de inmigrantes residentes en la Comunitat Valenciana: “Van a venir 50.000”
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, responsable de las competencias de inmigración en la Comunitat Valenciana, ha afirmado este lunes en una entrevista en À Punt que está preocupada porque “más de 50.000 personas podrían llegar a la Comunitat Valenciana” a raíz de la regulación extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno. Con esta declaración, Albalat ha confundico el objetivo real de la ley, que no busca atraer a nuevos migrantes sino regularizar a quienes ya viven en España, con lo que ha continuado alimentando el discurso de la extrema derecha al vincular el proceso con una supuesta llegada masiva de personas y una carga insostenible para los servicios públicos.
Albalat ha rechazado lo que considera una “inmigración desordenada” y ha cuestionado la viabilidad económica de la medida preguntándose “¿quién lo pagará?”. También ha manifestado que se encuentran en consonancia directa con los postulados de Vox al insistir en que coinciden en qu “la inmigración debe ser ordenada y regulada” en el contexto de una crítica a la nueva norma, la consellera ha ignorado que el propósito del Gobierno de España es, precisamente, ordenar la situación administrativa de miles de personas que ya forman parte del tejido social y económico valenciano.
El error de concepto: regularizar no es importar
La confusión de la consellera radica en presentar como una “entrada” de personas lo que es, en realidad, un proceso de documentación. Los 50.000 ciudadanos a los que hace referencia Albalat no “van a venir”, sino que ya residen en la Comunitat Valenciana.
La clave de esta regularización es que los beneficiarios deben acreditar obligatoriamente su arraigo en el territorio. Esto significa que son personas que ya están integradas en sus barrios, cuyos hijos ya acuden a colegios públicos y que ya consumen recursos, pero que hasta ahora lo hacían desde la invisibilidad administrativa.
Al contrario de lo sugerido por la consellera, la regularización pretende que estos residentes puedan formalizar sus contratos de trabajo y, por tanto, comiencen a cotizar a la Seguridad Social y a pagar impuestos. Lejos de ser una carga desconocida, la medida busca que quienes ya conviven con nosotros contribuyan legalmente al sostenimiento de esos mismos servicios públicos que Albalat pone en duda.