La defensa del principal difusor del bulo del 'Bar España' alega que el 'youtuber' Jordi Wild también habló del infundio
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El juicio a los difusores del bulo del 'caso del Bar España' encaraba este jueves su recta final con los informes de conclusiones de las defensas de los acusados. Guillermo Ruiz Blay, el abogado que representa al principal difusor del tóxico bulo, Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, acusó a la Fiscalía de haber hinchado una acusación que “tenía que ser un delito leve” y pidió la absolución de su cliente. También se escudó en que, “antes del inicio del juicio”, el 'youtuber' Jordi Wild, con “millones de seguidores” y de quien destacó que es el único comunicador nativo digital que va a entrevistar a los principales candidatos a las elecciones generales, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “se dedicó durante hora y media a hablar del caso Bar España”, en referencia a un capítulo de su vídeopodcast The Wild Project (una entrevista al también 'youtuber' Rimembah emitida el pasado 26 de marzo).
El letrado razonó: “Ahora, ¿cómo hacen todos estos? Primero hablas del tema y para finalizar dices: no, es que era un bulo. Hombre, pues vaya gracia”.
Los acusados –exponentes del ámbito conspiranoico hispanohablante tales como Pilar Baselga, el 'youtuber' Juan Lankamp o Gabriel Hernández, del canal Las cloacas del sistema– propagaron a lo bestia en redes sociales el bulo de que existía una (falsa) trama de pederastia vinculada a políticos como Carlos Fabra o Francisco Camps y tapada por Mónica Oltra; un infundio nacido de la venganza del fallecido peluquero Reinaldo Colás contra su exmujer y la pareja de ésta, en una primera fase analógica que dio paso a una segunda etapa de salvaje difusión digital. Las principales víctimas del bulo, entre ellas la magistrada que archivó la denuncia inicial de Colás, han detallado en el juicio el calvario que sufren desde hace casi tres décadas.
El abogado del principal difusor del bulo lamentó que se haya pintado a su defendido como la “encarnación del demonio”. A su juicio, en las manifestaciones de Un técnico preocupado “no hay una injuria, no hay un insulto, no hay nada”, ya que Ramón Valero, según su defensa, “no facilita datos, no da nombres completos y utiliza iniciales” cuando propagaba el bulo.
Guillermo Ruiz Blay recordó la absolución del cantautor Javier Krahe por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos tras “cocinar un cristo”. También aludió a la reciente disculpa pública de Ana Obregón a Antonia Dell’Atte o a pleitos que mantuvo su padre, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, con medios de comunicación. La Vanguardia, según rememoró, publicó por error la foto de su progenitor asociada al obituario de un famoso abogado y narcotraficante.
Su cliente, adujo, “tiene voluntad de reparar” y “se ha retractado antes y durante el juicio” de “aquello sobre lo que tiene alcance: su blog y su [cuenta de] Twitter”.
Juan Lankamp y Gabriel Hernández, dos “pringados”
Juan Luis Costa, que ejerce la defensa de Juan Lankamp y de Gabriel Hernández, vinculó a sus clientes con la categoría de “pringados” y de “personas que tienen algún tipo de retraso”, en el caso del primero diagnosticado con una “patología psicológica desde que nació y que no se ha curado ni se curará nunca, porque eso es una cosa de fábrica que hasta que muera lo va a tener”.
También insinuó que Lankamp y Hernández “piensan que el abuso [de menores] es algo generalizado porque proyectan su propia experiencia”, motivo por el que dieron alas al bulo.
“Estas personas”, apostilló el abogado, “no tienen capacidad de freno, no pueden decir: para, piensa primero y actúa después”. Además, “son conspiranoicos”, remachó Costa.
El letrado criticó un procedimiento “desmedido en el tiempo y en extensión” y afirmó sobre Lankamp y Hernández: “Ya sabemos que era una patraña y un bulo gigante, pero cuando se inició este asunto, no lo sabían”.
La defensa de Baselga dice que ha sufrido “tortura”
La última defensa que expuso sus conclusiones fue la de Pilar Baselga, ejercida por el abogado José Luis Escobar. El letrado dedicó prácticamente la mitad de su informe a dar pábulo precisamente a los bulos que propagaban los acusados, concretamente a la tesis incierta de que no se investigó suficientemente la denuncia de Reinaldo Colás sobre los abusos a menores (algo desmentido totalmente durante la vista oral e incluso mucho antes).
“Si se hubieran protegido a su tiempo no estaríamos aquí ahora”, dijo en relación con las hijas de Colás, quienes –ya adultas– reiteraron en su declaración testifical del pasado 22 de octubre que su padre les hizo mentir siendo menores de edad.
El abogado resumió su visión de la causa: “Tenemos a unos menores en internet narrando auténticas aberraciones, tenemos centros [de acogida] en los que no entra con claridad la luz de la Justicia y tenemos a divulgadores que se encuentran con unas grabaciones de menores narrando estas auténticas barbaridades”.
A continuación, el mismo abogado reconoció que Reinaldo Colás no tuvo “escrúpulos” en usar a menores de edad, incluidas sus hijas, para grabarlos haciendo acusaciones falsas a diestro y siniestro.
José Luis Escobar defendió que no existe una “sola prueba” contra Pilar Baselga y dijo que su clienta, “sin haber hecho absolutamente nada”, lleva una década sufriendo “tortura” por la petición de pena de prisión por parte de la Fiscalía.
El “primer juicio de esta magnitud” en España
El fiscal inició la sesión del juicio de este jueves con la segunda fase de la exposición de su informe de conclusiones, que no pudo acabar en la vista precedente del pasado 30 de octubre. El representante de la acusación pública cuestionó de plano la retractación de algunos de los conspiranoicos que se sientan en el banquillo, especialmente la que expresó pasado 26 de octubre Ramón Valero Martín Consuegra.
Javier Carceller dudó de plano de la maniobra de la defensa del acusado, de quien dijo que fue el “motor de difusión” y “uno de los principales artífices de la extraordinaria divulgación que ha tenido [el bulo]”, que “se ha mantenido durante 23 años” en la red. “Ha sido la persona encargada de diseminar en internet las falsas noticias todo lo posible. ¿Se puede una persona retractar de eso? Sencillamente, no es posible esa retractación”, argumentó Carceller.
El fiscal suele recordar que se trata del “primer juicio de esta magnitud” en España en relación con un bulo esparcido en redes sin freno (la causa que investiga la chaladura similar del 'Expediente Royuela' sigue en fase de instrucción).
De hecho, Carlos Balaguer, el abogado que representa la acusación particular ejercida por el expresident Francisco Camps, describió los hechos enjuiciados como el “paradigma de la destrucción psicológica y moral de un ser humano por otro mediante su difamación total y sistemática y el abuso de falsedades con el conocimiento de las mismas”.
“Fue un bulo”, remató el fiscal, “expandido de forma intencionada con la finalidad de atacar la dignidad de sus víctimas en su propia esencia y fue de tanta insistencia, tan mantenida en el tiempo, de tal virulencia, que es imposible determinar el número de publicaciones efectuadas y el número de personas que las fueron recibiendo y a su vez volviendo a publicar”.
“Verdadera maldad” de los acusados, según el fiscal
El representante del Ministerio Público, que elevó su petición de pena a 36 años de prisión, también suele plantear la paradójica exigencia de que se publicite la retractación o una eventual sentencia condenatoria en un espacio idéntico o similar al que se produjo la difusión del bulo y en un plazo señalada por un juez.
“Sería de imposible ejecución”, afirmó en referencia al hecho de que la propagación del bulo del 'caso Bar España' en la red fue de tal calibre, sin que se haya podido eliminar definitivamente su rastro, que su retractación con un impacto similar sería sencillamente imposible. Todas las víctimas han pedido a lo largo del juicio que se aplique su derecho al olvido, aunque la atenuación del daño divulgando una eventual sentencia condenatoria de los acusados sería de imposible cumplimiento, a tenor del descomunal impacto que tuvo la difusión de la trola.
“[La retractación] no se puede admitir como tal, es un fraude, un burdo intento de la defensa para buscar una atenuación de la condena”, adujo el fiscal, quien recordó que los acusados “actuaron con la exclusiva finalidad de atentar contra la honorabilidad de las víctimas, contra su fama y su crédito y contra su consideración profesional y pública”. Además, “actuando desde el anonimato” y “con verdadera maldad y desatendiendo las resoluciones judiciales que referían su inveracidad”, en referencia al hecho de que los difusores iniciales del bulo, singularmente Reinaldo Colás, habían sido condenados varias veces por denuncia falsa.
La reparación del daño que esgrime la defensa de Un técnico preocupado le resulta a Carceller un mero “pago simbólico o irrisorio” de unas “cantidades mínimas” consignadas en la cuenta del juzgado.
Una “tropelía” imposible de borrar
Rafael Adell, el abogado de la acusación particular que ejerce un matrimonio octogenario de Benicarló difamado sistemáticamente por Reinaldo Colás también describió a Ramón Valero como uno de los “más activos en la difusión del bulo” y reprochó al acusado que “aún le quedan muchos millones” de visualizaciones de su retractación para alcanzar el impacto que tuvo su difusión del bulo antes de ser investigado en la causa.
La misma acusación sostuvo que la amplificación de la patraña del 'caso del Bar España' fue una “aberración que quedará ahí para siempre” y una “tropelía” imposible de borrar del ciberespacio.
Por otro lado, el representante del Ministerio Fiscal también arremetió contra el abogado Javier Fernández Torres, acusado que se defiende a sí mismo en la causa, tildando de “banales” sus intentos de recusarlo a estas alturas (de forma “indigna” en un profesional del Derecho, según dijo el fiscal).
Fernández Torres, que pidió en vano que se suspendiera el juicio oral en su penúltima sesión, ha pilotado un “verdadero calvario a base de recursos de cualquier resolución judicial desde el momento en que se dirigió la actuación judicial contra él”, según recordó Javier Carceller.