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La empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), cuyo accionista José Ruz es uno de los investigados en el 'caso Koldo', presumía de su “sistema de Compliance Penal y Antisoborno”, con “medidas internas” y “procedimientos de control” para la prevención “eficaz” de delitos en el seno de la firma especializada en obra pública. El sistema “antisoborno” no parece haber detectado las presuntas mordidas que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se habrían pagado a la trama del 'caso Koldo', tal como reseña el demoledor informe del instituto armado sobre las presuntas mordidas.
La UCO asegura que el empresario José Ruz “encargaba trabajos, gestiones u otro tipo de labores” a Koldo García, asesor de José Luís Ábalos en el Ministerio de Transportes. Koldo García también habría proporcionado a Ruz una línea telefónica “segura” para hablar de adjudicaciones públicas. En la causa, tal como ha informado elDiario.es, consta un audio grabado por el asesor de Ábalos en el que Ruz le dice: “¿Por qué no me metes en esos pliegos?”. Por otro lado, la UCO ha acreditado que Ruz pagó una “nómina” a Koldo García tras su salida del ministerio, con la que también se habría pagado una suerte de “pensión” para Ábalos, con quien el empresario tenía “contacto personal”.
La firma valenciana, cuya sede en Alberic fue registrada por agentes de la Guardia Civil el pasado 10 de junio, entró en concurso ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València en 2024, a la espera de los nombramientos de los administradores concursales. En sus últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil (correspondientes al ejercicio 2023), la empresa anota unas pérdidas de 39,5 millones de euros.
Las cuentas reflejan unas deudas con administraciones públicas (fundamentalmente con Hacienda) de tres millones de euros, además de un flujo de efectivo en sus actividades de explotación por un importe total de 4,9 millones, según las cuentas anuales firmadas por el administrador único de la sociedad el pasado 5 de noviembre. Por otro lado, la empresa registra una deuda por parte de organismos públicos de un millón.
Sedes en Panamá, Armenia, Argelia y Senegal
José Ruz, investigado en la causa y cuyo domicilio en València también fue registrado por la UCO, posee el 20% del capital social. Desde 2003, LIC ha participado en más de medio centenar de uniones temporales de empresas (UTE), con obras ejecutadas por un importe de 229,7 millones de euros. elDiario.es ha contactado con José Ruz para recabar su comentario pero el empresario ha declinado hacer declaraciones.
El informe de la UCO, por su parte, detecta indicios de irregularidades en la adjudicación a la constructora valenciana de una obra de emergencia en Asturias licitada por Adif (5,7 millones de euros); una licitación de conservación de carreteras en Teruel (5,7 millones), y otra en la autovía A-12 en las provincias de La Rioja y Burgos (72,4 millones).
La firma inició en 2007 una fase de expansión internacional y llegó a contar, según sus informes, con sedes en Panamá, Armenia, Argelia y Senegal. En los tres primeros países, ha manejado una cifra de negocio de 60,2 millones de euros en el ejercicio 2023. También contaba con una empresa asociada en Libia (con una participación del 30%).
Un “canal de denuncias” sin uso
El sistema de Compliance Penal y Antisoborno tenía por objeto “implementar la conciencia de todos los miembros de LIC, señalando los modos en los que los delitos relevantes puedan ser cometidos y trasladando el mensaje de que un estricto cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en el sistema de gestión evitará la eventual comisión de dichos delitos”.
La constructora contaba con un “mapa de riesgos penales” y con procedimientos internos para mitigarlos, sometidos a “supervisión periódica” mediante auditorías internas.
También implementó un “canal de denuncias” (denominado “canal ético”) de carácter confidencial conocido por todos sus empleados. “Durante el ejercicio 2023 no se ha recibido ninguna consulta ni denuncia”, afirma el informe del estado de información no financiera.