La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ha pedido a la jueza instructora el sobreseimiento libre y el archivo del procedimiento al considerar que no existen “datos que corroboren la inicial hipótesis”. La defensa de Pradas se escuda en la declaración de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), del pasado 19 de septiembre. “Su obligación, que cumplió del mejor modo posible, era coordinar y decidir en base a la información que le suministraban los técnicos presentes en el Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrado], en especial los responsables máximos de la CHJ y de la Aemet cuya falta de información hubiera sido necesaria resultó clave en lo sucedido aquella jornada”, afirma el escrito de la defensa, al que ha tenido acceso elDiario.es. Por el contrario, en su declaración, Polo aludió a la “indecisión” de la entonces consellera, mando único de la emergencia, ante la situación.
Los letrados de Pradas, Eduardo de Urbano y Sandra Imedio, cuestionan la calificación de “infracción grosera” que usaba la jueza instructora en una de sus últimas resoluciones. “Al contrario, [Salomé Pradas] actuó conforme a lo estipulado y con la única diligencia posible ante las circunstancias e información disponible”, agrega el escrito.
La defensa de la exconsellera también se escuda en que el el mensaje Es-Alert era la “la primera vez que se enviaba en la Comunidad Valenciana y cuya implementación no resultó fácil”. Sin embargo, durante la última etapa del Gobierno anterior del Pacte del Botànic se hicieron dos pruebas (en l'Eliana y en la comarca de la Vega Baja). Además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat reconoció en un escrito remitido a la jueza que sus técnicos participaron en ocho cursos del Ministerio del Interior sobre el sistema de aviso a la población (también hizo dos sesiones adicionales de formación interna).
Los abogados de Salomé Pradas cargan contra Miguel Polo y retoman la tesis, también esgrimida por el president Carlos Mazón y por el PP, del supuesto “apagón informativo” (descartada de plano por la jueza varias veces, una decisión avalada por la Audiencia Provincial de Valencia). El escrito asegura que Polo “reconoció” que en el Cecopi “nos e manejó información alguna” sobre el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la mayoría de fallecimientos.
El presidente de la CHJ “insistió una y otra vez que su actuación ese día se centró en la presa de Fortata por las gravísimas consecuencias” en caso de desbordamiento de la infraestructura, agrega.
“No anticipó ninguna explicación de las consecuencias que pudieran tener los anuncios de intensas precipitaciones en la zona de las montañas de las que luego descenderían, lógicamente, los ríos y cauces cargados de agua hacia las zonas de más abajo”, afirma el escrito en referencia a Miguel Polo.
La defensa de Pradas también asegura que a la CHJ “le correspondía el control antes, durante y después de los barrancos y cauces objeto de su competencia”, a pesar de que el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones incluye en ese negociado a organismos tan diversos como los ayuntamientos, los Bomberos, la Policía autonómica, la Guardia Civil o las comunidades de regantes).
El escrito recuerda que varios técnicos del Centro de Coordinación de Emergencias declararon (en condición de testigos) que no comunicaron al Cecopi el contenido del “famoso” correo de aviso del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ de las 18.43, que alertaba del peligroso aumento del caudal del barranco del Poyo. Los testigos interpretaron que la CHJ participaba en el Cecopi (aunque desconocían que en ese momento la reunión estaba pausada). De hecho, el aviso clave del SAIH no fue notificado a los Bomberos y a los servicios de urgencias sanitarias hatsa media hora después, tal como informó este diario.
Las “lamentables pérdidas de vida” del pasado 29 de octubre “se debieron a una catástrofe natural de magnitud imprevisible y de desarrollo tan veloz que impidió reaccionar con tiempo suficiente” para “mitigar sus consecuencias, máxime cuando la información necesaria para haber anticipado la respuesta no llegó ni se debatió en el Cecopi”, afirma la defensa de Salomé Pradas.
El escrito considera que las 229 víctimas mortales “no se pueden imputar en absoluto” a la exconsellera “ni tampoco a ninguna de las muchas personas que intervinieron en la gestión de la emergencia”. Todo ello, “so pena de sentar en el banquillo a las docenas de funcionarios de las distintas administraciones que tuvieron alguna intervención en los hechos”, agrega.