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A las 10.30 horas ha comenzado la comparecencia de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana. La también consellera de Servicios Sociales y responsable de las residencias donde perdieron la vida seis personas mayores como consecuencia de la riada debe responder al momento a cada pregunta que le van realizando los diputados. También tendrá que aclarar la falta de ayuda que recibieron una treintena de usuarios de teleasistencia que perdieron la vida a pesar de que muchos solicitaron auxilio al servicio. Camarero ha contestado con algunas inexactitudes y contradicciones. Estas han sido las más llamativas.
“La teleasistencia es un servicio asistencial y no de emergencias. Las funciones están delimitadas en el pliego del contrato”.
Imprecisión. Es cierto que el servicio de teleasistencia es básicamente asistencial, pero no es menos cierto que, tal y como informó elDiario.es, el pliego de condiciones del contrato prevé también atenciones a los usuarios en caso de emergencias además de elaborar un protocolo para estos casos. El pliego de condiciones del servicio por parte de la Generalitat prevé una “respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento” de las personas usuarias. Camarero defiende que cuando se habla de emergencias, se trata en forma genérica de todo tipo de situaciones (caídas, accidentes domésticos). Se trata de un amplio abanico de necesidades que presta un servicio disponible las 24 horas de los 365 días del año, muy valorado por las personas mayores usuarias y por sus familiares. Pero además, la empresa adjudicataria, dispone de un “protocolo de actuación ante situaciones de riesgo grave y emergencia”, tales como pandemias, “fenómenos meteorológicos adversos (fuertes nevadas, lluvias intensas...)” o “inundaciones” e “incendios”. Camarero defiende que todas las llamadas fueron atendidas y que el protocolo establece que las llamadas de socorro se trasladan al 112 de emergencias.
“No se sabía que en l'Horta Sud iba a haber una riada porque no llovió”, ha dicho Camarero en respuesta al diputado de Podemos Javier Sánchez, quien le ha preguntado por qué no se evacuó a los ancianos de unas viviendas públicas que residían junto al barranco como sí se hizo un mes antes por un incendio, tal y como afirmó ante la jueza una de las cuidadoras de una anciana fallecida.
Imprecisión. Lo que se sabía desde primera hora de la mañana es que había un aviso de nivel rojo que activó la Aemet, el más alto que implica una previsión de acumulaciones de agua por lluvia de, al menos, 90 litros por metro cuadrado en una hora o un mínimo de 180 litros por metro cuadrado en doce horas. Esto implica que “el peligro es extraordinario” para las personas y los bienes. El aviso rojo estaba activado a las 9.40 horas en toda la provincia de Valencia, por lo que más allá de que no lloviera en un punto concreto existe un riesgo de avenidas por la lluvia torrencial que caía en las cabeceras de los ríos y barrancos. La propia Generalitat activó por la mañana dos alertas hidrológicas por este motivo en la cuenca del río Magro y del barranco del Poyo.
“No hubo ausencia del presidente, no estuvo incomunicado”, ha afirmado la portavoz del Consell preguntada sobre por qué no asumió ella el mando como vicepresidente primera ante la incomparecencia de Mazón.
Falso. Mazón se fue a comer a El Ventorro a las 14.30 horas y la primera llamada que se le conoce en relación con la emergencia es a las 17.37 horas cuando contacta con la exconsellera, Salomé Pradas. Entre las 18.58 y 19.34 hora tampoco se sabe dónde estuvo ni constan llamadas realizadas ni recibidas por el presidente. Tan solo se sabe, por lo declarado por la periodista con la que comió, Maribel Vilaplana, que supuestamente la acompañó al aparcamiento de la Glorieta tras el Ágape. No estuvo donde tenía que estar hasta las 20.28 horas que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y estuvo casi 40 minutos incomunicado en los peores momentos de la catástrofe.
“Nunca se habló del barranco del Poyo en el Cecopi”.
Falso. Minutos después de arrancar la reunión del Cecopi a las 17.00 horas el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, advierte de que están entrando a la Albufera “intensidades muy altas”. La Albufera es la desembocadura del barranco del Poyo. Además, poco después de las 19.00 horas la alcaldesa de Paiporta llamó a la delegada del Gobierno para advertirle de que su localidad se estaba inundando como consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo. Esto es lo que hace que en lugar de un mensaje Es-Alert se preparen dos. El primero de las 20.11 horas que pide evitar desplazamientos y que se envía a toda la provincia. El segundo, en realidad el más importante porque era exclusiva para las zonas afectadas y pedía subir a “zonas altas”, no se envía hasta casi las 21 h, con Mazón ya en el Cecopi.
“Sin duda”, preguntada por el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, sobre la supuesta negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a realizar las obras de encauzamiento del barranco del Poyo y si eso le convierte en responsable político de la tragedia.
Falso. Como han afirmado varios expertos y el mismo vicepresidente para la Reconstrucción, Francisco José Gan-Pampols, las obras de encauzamiento del barranco de la Saleta y del Poyo se aprueban con declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a principios de 2011, aún con Zapatero (PSOE) en el Gobierno. Sin embargo, con la llegada de Rajoy (PP), en medio de una gravísima crisis económica, “las inversiones en infraestructuras hidráulicas cayeron un 75%”, por lo que no se ejecutaron las obras y en 2017 caducó la DIA. Esto obligó a iniciar de nuevo los trámites ambientales y a actualizar los proyectos. Como explicó uno de sus ingenieros, Ramiro Martínez Costa, la obra hubiera reducido en un 30% los daños materiales, pero las pérdidas humanas tienen que ver con las medidas de prevención. Martínez también descartó que la Ley de l'Horta haya bloqueado la actuación.
“Sí”, ha afirmado Camarero, preguntada por el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, sobre si considera responsable al Gobierno del Botánico al contribuir a impedir la ejecución de las obras con la Ley de la Huerta.
Falso. El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, Javier Machi Felici, y el exdecano de la misma entidad, Federico Bonet, descartaron en la primera sesión de comparecencias de la comisión de investigación de las Corts que la Ley de la Huerta impidiera la ejecución de las obras de encauzamiento de los barrancos del Poyo y la Saleta y recordaron que los proyectos, con declaración de impacto ambiental favorable y en vigor entre en el mandato de Rajoy, no se realizaron por falta de voluntad. No hay ni un solo informe de la Conselleria de Medio Ambienta que diga que la Ley de la Huerta impide ejecutar las obras, lo que único que hace es obligar a que incluyan proyectos de integración paisajística.
“No es responsable”, ha dicho Camarero a una pregunta del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, sobre si le parece “responsable” que existiendo desde el día antes al 29 de octubre avisos oficiales sobre la llegada de “una fuerte dana a España”, Sánchez, Teresa Ribera, su secretario de Estado y la directora general de protección civil estuvieran fuera de España ese día sin que aplazaran dichos viajes.
Autoenmienda y falsedad. Implícitamente, Camarero reconoce en su respuesta que sabían el día antes que venía una fuerte dana, cuando siempre ha sostenido que no actuaron antes porque no tuvieron información, y que Mazón fue un irresponsable por irse a comer a El Ventorro. Además, la comparación no se sostiene porque la competencia exclusiva en la gestión de la catástrofe es de la Generalitat Valenciana salvo que se declare el nivel 3 de emergencia, algo que nunca sucedió. Por parte del Gobierno estuvo activada, pendiente de la emergencia y conectada al Cecopi la delegada, Pilar Bernabé, que sí suspendió su agenda.
“Sánchez pronunció aquella frase de si necesitan ayuda que la pidan”.
Falso. Sánchez nunca dijo esa frase por más que lo repita el PP. El 2 de noviembre del pasado año Pedro Sánchez compareció en la Moncloa para anunciar la movilización inmediata de otros 5.000 militares en las zonas afectadas por la DANA en la Comunitat Valenciana que se sumaban a los que ya había, además de otros 5.000 policías y guardias civiles que se unirán a las labores de rescate. La frase literal del presidente en este contexto fue: “El Gobierno central está listo para actuar, si la Generalitat necesita más recursos que los pida” y añadió que “las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie, saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado”.
“La Aemet dijo que iban a llover de 180 a 200 litros y cayeron 800 litros”.
Falso. El nivel rojo que activó la Aemet es el más alto e implica una previsión de acumulaciones de agua por lluvia de, como mínimo, 90 litros por metro cuadrado en una hora o de, como mínimo de 180 litros por metro cuadrado en doce horas. Esto implica que “el peligro es extraordinario”. El día de la dana se advirtió de que esos 180 litros se podían acumular en 3 horas.
“No trasladó ninguna información (sobre el barranco del Poyo) porque según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) era irrelevante decir que había pasado de 28 metros cúbicos por segundo a 1.686”.
Falso. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mandó 16 correos avisando de la superación de umbrales en sus pluviómetros y caudalímetros en las cuencas del Magro y del Poyo, durante las horas críticas del 29 de octubre y el último correo con la crecida del barranco se remitió a Emergencias de la Generalitat a las 18.45 horas. Todos los medidores funcionaron hasta que, a esa hora, la riada arrastró el caudalímetro del barranco del Poyo. Sin embargo, la Generalitat retiró a los bomberos que controlaban el caudal del barranco del Poyo a las 15.00 horas. La propia Generalitat activó a las 12.20 horas una alerta hidrológica en el barranco del Poyo a instancias de la información remitida por la CHJ. Esa alerta se mantuvo vigente durante todo el día por la crecida del caudal. Tanto la exconsellera Pradas como el propio Mazón eran conscientes de esa alerta. El propio presidente lo comentó en su reunión con la patronal y los sindicatos en la que también estaba Camarero, y aun así se fue a comer a El Ventorro.
“Los militares llegaron a las 96 horas y no en las primeras horas cuanto más se les necesitaba”.
Mientras Mazón estaba en El Ventorro, la UME comenzó un despliegue que el 29 de octubre alcanzaría los 1.100 soldados. A ellos se sumaron durante los siguientes días 6.700 militares más. Si hubo retraso en la ayuda durante la primera semana fue por la magnitud de la tragedia y porque la mayoría de las carreteras estaban cortadas. No porque el Gobierno estuviera de sobremesa o se negara a ayudar. Pero siempre hubo presencia del ejército durante y después de la dana. En cuanto al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, el 1 de noviembre de 2024, en una comparecencia con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el propio Mazón agradeció públicamente la incorporación de efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y explicó que conforme se veían las necesidades sobre el terreno, se iban reclamando dotaciones: “Ayer se reclamaron 500, hoy se vuelve a reclamar 500, quiero agradecer la predisposición, conforme se reclaman vienen”, dijo.