El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha lamentado ante la jueza de la dana que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, hubo “debates demasiado largos”. Suárez ha declarado por segunda vez, al no haber podido terminar su primera testifical el pasado 4 de diciembre. El alto funcionario ha explicado que fue Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias, por delegación de la consellera Salomé Pradas, quien transmitió la orden de elevar de nivel 1 a dos la situación. Aunque lo correcto, según la normativa, sería que lo hubiera ordenado directamente Pradas, quien ejercía la dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones, según ha dicho.
El Cecopi, ha abundado el testigo, empezó a partir de las 17.00 con una “emergencia muy dinámica” y sin “fase previa de análisis”. “Fue un Cecopi que fue por detrás en algunos casos, al estar centrados en la emergencia real, íbamos pasando de Utiel Requena a Forata y a toda la provincia, y eso dificultó que las funciones de analítica y análisis de riesgos del Cecopi no se pudieron realizar”, ha afirmado.
La “percepción” en el Centro de Coordinación de Emergencias a lo largo de la jornada era que se trataba de una dana “grave”, pero no “dantesca”.
Suárez ha detallado las dudas jurídicas que se plantearon en el seno del Cecopi cuando se pretendía confinar a la población. El funcionario, según ha dicho, fue “muy taxativo” informando a Pradas que la Ley de Emergencias le daba un amplísimo margen para tomar decisiones. Sin embargo, la consellera dijo que “no veía que pudiera adoptar medidas sin consultar a la Abogacía” de la Generalitat.
También ha matizado los reparos que expresó el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, en el marco del debate que se produjo en el Cecopi sobre el envío del Es-Alert. “Yo no recuerdo una discusión con Basset, eran discrepancias”, ha declarado.
Por otro lado, el testigo ha manifestado que, entre las 19.30 y las 20.00, el inspector jefe José Miguel Basset informó al Cecopi de que había un fallecido. “Ya hemos sacado un cuerpo”, dijo Basset.
A partir de las 19.30, después de que la reunión se hubiera retomado tras una larga pausa, el Cecopi fue consciente de que la situación sobre el terreno no solo afectaba a Utiel y a la presa de Forata sino a muchos otros puntos de la provincia de Valencia.
“Es a partir de ese momento cuando vemos que el problema ya no es sólo Forata, sino una generalización de problemas en otros puntos, como Paiporta, Picanya o Massanassa, pero no se asoció a la rambla Poyo”, ha afirmado Jorge Suárez.
“No llegó la información como unida a la palabra Rambla del Poyo, eran municipios”, según ha apostillado. “El problema”, ha afirmado el subdirector general de Emergencias, fue que el Cecopi “se centró en Utiel Requena” y en el potencial peligro en la presa de Forata.
De hecho, desde el inicio del Cecopi se informó de la situación en Chiva (cabecera del barranco del Poyo), al haberse inundado el parque de Bomberos de la localidad. Sin embargo, los responsables del Cecopi no vinculaban la localidad con la rambla del Poyo.
Tampoco recordaba Suárez haber recibido información sobre la situación en el Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), completamente inundado por el desbordamiento del barranco del Poyo. “No recuerdo ninguna comunicación el día 29 [de octubre de 2024]”, ha afirmado.
El “secuestro” de recursos ante Forata
“El Poyo, con la información que teníamos, no había problemas, lo de Forata fue un secuestro de medios para dar respuesta a eso, nos centró todo ahí y fagocitó medios ahí”, ha detallado.
“Es evidente”, ha agregado, “que había información, pero en ese momento no se tenía la información y no nos llegó la información analizada de que la situación en el Poyo era lo que iba a pasar, eso en el Cecopi no se sabía”.
Sobre la situación en la presa de Forata, el testigo ha rememorado la discusión que hubo sobre los distintos escenarios en relación con el Plan de Emergencias de la infraestructura hidráulica. Suárez no recordaba si fue Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) u otro representante del organismo estatal quien alertó de la posibilidad de pasar al escenario 3 (rotura de la presa).
Cuando se debatió sobre la posibilidad de evacuar a la población, previamente a la propuesta de confinamiento, Pradas planteó la necesidad de contar con una “base jurídica distinta a la Ley de Emergencias”.
La “decisión” del Es-Alert, en manos de Argüeso y Pradas
En paralelo, los “diferentes borradores” del mensaje del Es-Alert, una herramienta que Suárez planteó desde el inicio de la reunión del Cecopi, fueron rebajándose a un “lenguaje menos imperativo” en comparación con su primera propuesta, en la que se recomendaba a la población refugiarse en altura.
El subdirector general de Emergencias ha reiterado que la “decisión” del envío del Es-Alert fue de la “dirección del plan”, primero a cargo de Emilio Argüeso y, a partir del nivel 2 de la emergencia, de Pradas.