“Cumplir con el Cabanyal: ¿para cuándo, señora alcaldesa?”

¿Para cuándo el realojo de los vecinos del Bloque Portuarios? ¿Para cuándo una solución definitiva para los residentes de la antigua Lonja de Pescadores de la Marina Auxiliante? ¿Para cuándo la regularización definitiva de los suelos concedidos hace más de un siglo, en la zona de las playas del Cabanyal? ¿Para cuándo la construcción de nuevas viviendas públicas en los solares municipales de la calle San Pedro, en la calle Francisco Baldomá, en la calle Astilleros, el entorno del Clot y la explanada del antiguo PAI de las Piscinas? ¿Para cuándo la recuperación del más de un centenar de viviendas públicas abandonadas que fueron adquiridas en su día para ejecutar la prolongación?

¿Para cuándo una nueva campaña ARRU de ayudas a la rehabilitación y reedificación, que dé un nuevo impulso tanto a la iniciativa privada como a la pública? ¿Para cuándo los aparcamientos en altura contemplados en el planeamiento vigente? ¿Para cuándo la erradicación definitiva de los focos de delincuencia vinculados al menudeo de droga?

¿Para cuándo la puesta en marcha del Museo del Mar en La Casa del Bous, la Escuela Infantil, el Centro de Mayores, el Centro de Empleo y Formación, de todos los equipamientos públicos que a su llegada se encontró en obras o ya finalizados? En tres años, únicamente ha sido capaz de terminar y poner a funcionar el Centro Cívico, sin que su funcionamiento haya estado exento de polémica.

La lista podría continuar indefinidamente. Sin embargo, ninguna de estas cuestiones —todas ellas competencia directa del Ayuntamiento de València— parece formar parte de las prioridades del actual equipo de gobierno municipal, con la alcaldesa María José Catalá al frente. Tampoco parecen formar parte de “sus sueños”.

Y, en cambio, el Consistorio sí ha mostrado públicamente su preocupación porque el Gobierno central “bloquee la reconstrucción” del antiguo monumento a Sorolla en la playa del Cabanyal. Da la impresión de que el Ayuntamiento considera prioritarias cuestiones muy alejadas de las preocupaciones cotidianas del barrio.

A un año de las elecciones municipales, empieza a ser inevitable hacer balance entre promesas, proyectos anunciados y resultados reales. Pero vayamos al principio.

¿Qué prometía el Partido Popular en su programa electoral para el Cabanyal-Canyamelar?

La lectura de estas promesas electorales ya resultaba, en su momento, cuando menos paradójica. Especialmente las referidas a la “aceleración” de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, teniendo en cuenta que muchos de esos proyectos habían sido cuestionados, rechazados o, en el mejor de los casos, ignorados por el propio Partido Popular durante la legislatura anterior.

Aun así, podía interpretarse como una especie de rectificación política, una enmienda implícita que permitía pasar página de tiempos pasados. Y, como recordaba recientemente Iñaki Gabilondo, en una entrevista, a las personas —y también a los políticos— hay que juzgarlas más por sus hechos que por sus pensamientos. Así que vayamos a los hechos.

Tres años después, los avances reales siguen siendo difíciles de encontrar

¿Qué “aceleración” ha experimentado el proyecto de realojo para los vecinos del Bloque Portuarios? Después de tres años, lo único que parece haberse conseguido es redactar un proyecto de ejecución que ya estaba decidido anteriormente y cuyas obras siguen pendientes de licitación. Pero las preguntas esenciales continúan sin respuesta: ¿saben ya los vecinos qué coste económico tendrá su realojo en las nuevas viviendas en la calle Astilleros, junto al cuartel de la Guardia Civil? ¿Dispone el Ayuntamiento de viviendas alternativas para quienes no puedan asumir económicamente esa operación y prefieran una permuta sin contraprestación económica?

¿Conocen los vecinos de la antigua Lonja de Pescadores cuáles son los planes municipales respecto al compromiso adquirido para financiar la rehabilitación de los elementos comunes del edificio? ¿Saben en qué condiciones podrán acceder a la compra del suelo? ¿Existe realmente voluntad municipal de asumir la rehabilitación de los elementos comunes del edificio a partir del proyecto ya tramitado por la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar y que cuenta incluso con licencia municipal?

¿Y qué ocurre con el resto de titulares de antiguas concesiones de suelo en calles como Astilleros, Eugenia Viñes o José Ballester Gozalvo? ¿Se mantendrán las condiciones aprobadas en 2017? ¿Se actualizarán los precios conforme al mercado actual? ¿Se aplicarán nuevos precios y criterios, como ya se ha planteado en la manzana de Paviñes, junto a la discoteca Akuarela Playa?

Tampoco existe una respuesta decidida sobre el enorme patrimonio municipal abandonado en el barrio. Los solares vacíos convertidos en escombreras y llenos de matorrales, junto con las viviendas públicas tapiadas y abandonadas, continúan degradando algunas de las calles más emblemáticas del histórico y protegido barrio del Cabanyal.

La última gran campaña de ayudas para la rehabilitación en el Cabanyal-Canyamelar se desarrolló al amparo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Veníamos además de la experiencia especialmente positiva del anterior plan 2013-2016, impulsado tras las elecciones de 2015, que supuso un giro de 180 grados en la regeneración urbana del barrio después de años sin políticas efectivas de rehabilitación. En ambos casos, además, las ayudas se agotaron y se consiguió la rehabilitación de más de 200 edificios de nuestro barrio.

Por eso resulta inevitable preguntarse: si, tal y como afirmaba en su programa electoral la alcaldesa María José Catalá, el objetivo era “acelerar” la rehabilitación y la regeneración urbana, ¿por qué el Ayuntamiento no aprovecha la oportunidad que ofrece el recién aprobado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030? Su Capítulo III incorpora una línea específica de financiación para rehabilitación edificatoria, accesibilidad y renovación urbana que permitiría impulsar una nueva campaña de ayudas ARRU en el Cabanyal-Canyamelar mediante la correspondiente colaboración entre administraciones. Y, además, permitiría recuperar el verdadero sentido de la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, que durante años, en las pasadas legislaturas, desempeñó un papel fundamental como herramienta de proximidad para impulsar la rehabilitación, gestionar ayudas, coordinar actuaciones urbanas y mantener una interlocución directa con los vecinos del barrio.

En estos momentos esta empresa pública parece haber ido perdiendo progresivamente su papel como interlocutor directo entre los vecinos y la administración municipal, precisamente una de las funciones que más valor aportaba a su existencia. Y eso supone un riesgo evidente: que termine convirtiéndose en una estructura distante, cada vez más parecida a aquella antigua Cabanyal 2010 de la etapa de Rita Barberá, una entidad a la que difícilmente acudían los vecinos buscando ayuda o soluciones para el barrio.

Y en materia de aparcamiento, pese a que el propio programa electoral reconocía el problema, seguimos sin conocer cuál es el modelo que pretende impulsar el Ayuntamiento. ¿Se construirán finalmente los aparcamientos en altura previstos en el planeamiento urbanístico —un planeamiento que, por cierto, el actual gobierno municipal votó en contra—? ¿Se implantarán zonas verdes o naranjas de estacionamiento para residentes?

Mientras tanto, la delincuencia vinculada al menudeo de droga continúa instalada en el barrio. Como sucede con la energía —parafraseando la conocida ley física— ni se crea ni se destruye: simplemente se traslada de un barrio a otro dentro de la ciudad. Y aquí seguimos soportando escenas que recuerdan a los peores momentos: han regresado los robos, la rotura de cristales de vehículos y el deterioro de la convivencia. Un problema estrechamente relacionado con la degradación persistente que siguen sufriendo las Casitas Rosas y con la continuidad de la venta de droga al menudeo.

La nueva regulación de los alojamientos turísticos

Por lo que respecta al problema de los alojamientos turísticos, en el programa electoral aparecía una intención, referida al conjunto de la ciudad:

Los hechos vuelven a imponerse. Y eso conviene reconocerlo: hoy tenemos una ordenanza municipal que, al menos sobre el papel, debería impedir que en el Cabanyal-Canyamelar se autorizara una sola plaza turística más, salvo en hoteles de cinco estrellas. Con una población cercana a los 20.000 habitantes, el límite del 8 % fijado por la ordenanza supondría un máximo de 1.600 plazas de alojamiento turístico entre viviendas turísticas, apartamentos, pensiones, hostales y hoteles. Sin embargo, solo en el Registro de la Generalitat Valenciana ya figuran 2.797 plazas regladas en establecimientos hoteleros, y a ello hay que añadir otras 1.894 plazas correspondientes a viviendas turísticas. En total, más de 4.600 plazas registradas en un barrio donde la propia normativa municipal fija un límite teórico muy inferior.

La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿qué piensa hacer el Ayuntamiento de València para reconducir esta situación? ¿Qué ocurrirá con los miles de plazas ya registradas que exceden del nivel de saturación? ¿Conoceremos algún día el listado de apartamentos turísticos que cuentan realmente con autorización municipal? ¿Se actuará de verdad contra los miles de plazas que operan sin licencia? Si no es así, ¿para qué nos sirve la nueva ordenanza en un barrio que ya se encuentra claramente desbordado por la presión de los alojamientos turísticos y donde las plazas legales e ilegales siguen creciendo día tras día?

Porque, llegados a este punto, quizá la pregunta más importante ya no sea “¿para cuándo?”, sino si existe realmente voluntad política de hacerlo.

Y conviene recordar aquí, de nuevo, aquella reflexión de Iñaki Gabilondo: a las personas —y también a los políticos— hay que juzgarlas más por sus hechos que por sus pensamientos. En este caso, más por sus hechos que por sus promesas electorales. Y, desde luego, nunca por sus sueños.