Internet, la tecnología y la mujer: un escenario preocupante en el 8 de marzo

“Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet en anuncios anónimos. Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo”

El testimonio de Rita Maestre en su entrevista en la Cadena SER resulta estremecedor. Es moralmente inadmisible que nuestra sociedad, y en particular los poderes públicos, sigan aplicando, en el ámbito de la violencia en Internet contra las mujeres, las mismas viejas recetas de los últimos 20 años. Pero todavía es más grave que, disponiendo entre el arsenal normativo de medidas que permitan, como mínimo, actuar de manera contundente y ejemplar, estas ni se apliquen ni se ejecuten. 

En este artículo, ni toco de oído ni me aproximo desde la Academia a un fenómeno social y jurídico. De hecho, no he sido capaz de escuchar el conjunto de la entrevista. Todavía recuerdo, como si fuera hoy, el día en que me reuní con una brillante estudiante de una carrera científica, destrozada por el dolor y la ansiedad. En una titulación de hombres, dos protomachitos alfa no tuvieron mejor ocurrencia, para fastidiar a la compañera con el mejor currículum, que tomar una fotografía del aula virtual y publicarla con su teléfono móvil en un servicio de contactos y prostitución, dibujando un perfil de mujer dispuesta a hacer las mayores barbaridades. Mi estudiante se encontraba psicológica y humanamente destrozada. Había experimentado una violación virtual sin necesidad de contacto físico alguno. Su dolor, y el de su familia, eran inmensos. Pusimos a su disposición los pocos medios de los que puede disponer una universidad pública e intentamos la persecución de la aberrante conducta que había padecido. Hoy, casi 20 años después, escribo sobre los mismos hechos en un contexto que no ha dejado de empeorar.

Al caso de la concejal de Madrid pueden sumarse centenares, si no miles, de casos en los que se utilizan las redes sociales y las mensajerías para la pornovenganza. A ello se ha añadido la inteligencia artificial, que se utiliza como instrumento para generar deepfakes de contenido sexual con el claro objetivo de causar el mayor daño posible a las mujeres. Y lo que es todavía más grave: este tipo de agresiones está empezando a ser desarrollado por niños y adolescentes, sin la menor conciencia de estar causando un daño, como conductas normalizadas y, al parecer, divertidas. Añadamos que, en el último año, cada vez que se ha destapado un caso de abuso contra las mujeres, poco después alguien se ha preocupado diligentemente de asegurarse de que la identidad de las mujeres concernidas fuera rápidamente conocida en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.

Por otra parte, allí donde la tecnología podría ofrecer resultados particularmente interesantes en la lucha contra la violencia de género, no despliega todos los resultados esperables. En primer lugar, porque el sistema VioGén se ha diseñado para operar en aquellos casos en los que ya existe algún tipo de actuación policial-penal y en los que, por tanto, el riesgo es máximo y es altamente probable que algún daño grave se haya producido. Incluso aquí nos encontramos frente a situaciones en las que han existido fallos en el funcionamiento de las pulseras de geolocalización, sin que sepamos bajo qué condiciones se pudo notificar la brecha a las propias víctimas para asegurar su autoprotección. Añádase la cantidad de municipios que, desde el sesgo ideológico, no se han integrado en los programas y, por tanto, carecen de la capacidad de utilizar el potencial de la policía local como cuerpo de seguridad de proximidad para proporcionar seguridad, protección y capacidad de reacción rápida.

Además, basta con entrevistarse con cualquiera de las profesionales que guardan relación con la violencia de género y con la violencia vicaria en el entorno familiar para ser capaces de entender que, salvo en casos muy concretos, no se trata de estallidos repentinos e imprevisibles de violencia, sino que suceden a través de una espiral incremental cuyos síntomas solo son detectables bajo ciertas condiciones. Ello implica, por ejemplo, que los servicios sociales municipales puedan identificar una situación de precariedad en un contexto familiar, incluida la existencia de problemas psicosociales, pero, en virtud de la normativa de protección de datos, tengan severas restricciones a la hora de poder comunicar esta información a otras unidades y/o administraciones. Otro tanto sucede en la consulta médica o en el entorno escolar. Puede que el personal médico o la enfermería en atención primaria identifique las primeras manifestaciones de una situación de violencia psicológica o de leve violencia física, o que en el entorno de la escuela profesores y psicopedagogos detecten que algo anda mal. Por último, en alguna ocasión es posible que la policía local haya intervenido, a petición de los vecinos, en casos en los que se escuchan gritos o molestias en un determinado domicilio. Ninguno de todos estos profesionales posee evidencias significativas suficientes para detectar un escenario de generación de futura violencia de género. Legalmente, tampoco pueden vincular estos datos, que ayudarían a una detección temprana.

Según el  informe de evidencia científica sobre la violencia digital contra las mujeres que ha presentado el Ministerio de Igualdad, el 70% de las denuncias recibidas en canales especializados corresponden a violencia digital contra las mujeres, como por ejemplo el Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), corresponden a violencia digital contra mujeres, el 80% de las mujeres jóvenes entre 16 y 24 años en España ha sufrido acoso en redes sociales y más del 70% de las mujeres a escala global ha experimentado alguna forma de violencia en línea, entendida como «cualquier acto de violencia cometido o amplificado por las TIC que cause daño físico, sexual, psicológico o político».

Comprenderán mis lectoras que el escenario que dibujo no es en absoluto alentador. Resulta sencillamente sorprendente, con estas cifras, la carencia de políticas públicas de las autoridades concernidas para actuar de manera contundente con todas las armas a su disposición en este ámbito. En este sentido, el Canal Prioritario de la AEPD, que inició Mar España y que ofrece datos tan significativos, no estaría siendo aprovechado de manera significativa para la generación de políticas públicas. En mi experiencia, cuando una mujer se encuentra sometida a este tipo de vejaciones digitales, la situación de angustia es tal que difícilmente es capaz de discernir cuál sea la mejor acción a desplegar. Y esto en el caso de personas con un grado de formación universitaria. Imagínense ustedes cuando se carece de las herramientas competenciales adecuadas.

Por otra parte, si se analizan las actuaciones desplegadas, no pueden tildarse sino de anecdóticas. Por ejemplo, sancionar a un niño por crear y difundir un deepfake tiene una importante repercusión mediática, pero no resuelve problema alguno. Las distintas autoridades con competencia en todas y cada una de las normas aplicables a estos supuestos —el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Inteligencia Artificial— suelen tener la capacidad tanto de dictar disposiciones generales de carácter interpretativo como de iniciar acciones de oficio mediante técnicas de auditoría que les permitan conocer con mayor detalle la realidad y, si fuera necesario, ejercer su potestad sancionadora. 

Mediante instrucciones, guías y otros instrumentos las autoridades independientes tienen la obligación de disciplinar el mercado y trasladar a los operadores el compromiso de actuar para proteger los derechos de la mujer. En cualquier caso, ya pasó el tiempo de la mera recomendación buenista. La construcción de una verdadera tutela de la mujer frente a la violencia digital exige una acción sistemática que culmine, si fuera necesario, con la imposición de decenas de sanciones. La ejemplaridad no se construye con notas de prensa en casos anecdóticos sino demostrando a la sociedad una voluntad firme y decidida de actuar sin esperar a cada denuncia mediante políticas estructuradas, eficientes y, sobre todo, firmes.  

Por otra parte, la gravedad de la situación es tal que se impone un impulso político decisivo que conduzca a un endurecimiento de la legislación y a mejorar las condiciones que permitan identificar y perseguir a los responsables. Defender el anonimato en las redes y dejar en manos de la propia autotutela individual la protección de las mujeres agredidas, bajo una falsa concepción liberal de la libre autodeterminación frente al Estado, no solo es un argumento falaz, sino sencillamente indecente.