La Asociación Española de Neuropsiquiatría reclama la paralización del hospital penitenciario de Siete Aguas
La Asociación Española de Neuropsiquiatría, entidad de profesionales del ámbito de la salud mental, reclama al Estado la paralización del macrocentro hospitalario penitenciario de Siete Aguas. El colectivo profesional, que ya inició esta petición el pasado año al conocer el proyecto de Instituciones Penitenciarias, reitera su rechazo al modelo, que consideran alejado de los consensos en salud mental.
La rama de la asociación que trabaja en materia de prisiones duda del encaje legal de este modelo en relación con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que recoge la supresión del internamiento involuntario por razones de discapacidad, incluyendo el ámbito penal. La AEN ha emitido un comunicado en el que se sorprende del apoyo que el informe del Defensor del Pueblo traslada al proyecto, pese a que la institución reconoce las carencias en sanidad penitenciaria actuales.
El colectivo profesional aboga por un modelo descentralizado y de atención comunitaria, con centros pequeños que no superen las 50 personas y que faciliten la integración. “El modelo de crear grandes centros hospitalarios psiquiátricos penitenciarios va en contra de la tendencia europea actual”, señala el texto, frente al proyecto del Ministerio de Interior, de 500 plazas. En España solo existen dos centros para personas privadas de libertad con trastornos mentales graves, en Sevilla y en Alicante, con medios insuficientes, según profesionales y sindicatos. “Sus dimensiones son excesivas y su dotación asistencial es deficiente de forma mantenida en el tiempo”, recalca el comunicado.
La AEN insiste en la necesidad de que las personas privadas de libertad, que asumen un doble castigo como “penados y con enfermedad mental”, se incluyan en un modelo de proximidad como el sanitario o el de servicios sociales, dado que el alejamiento “supone una dificultad para la reinserción social de los internos”. Los profesionales remarcan el sistema de hospitales penitenciarios “adolece de diversos problemas estructurales”, entre los que destacan el mayor peso del reglamento penitenciario sobre la atención sanitario. Los centros, indican, carecen de un marco normativo suficiente, “que puede colisionar con los derechos y garantías de los pacientes internados” y el personal no está especializado en salud mental. Asimismo, manifiestan sus dudas sobre la cobertura de plazas sanitarias para el nuevo centro, dado el escaso interés que generan en la profesión.
La asociación, que recuerda que el Parlamento autonómico ha rechazado el centro y el modelo que representa, reclama la creación de pequeñas unidades de salud mental especializadas dependientes de Sanidad, un incremento en la dotación de personal y cercanas al ámbito social y familiar de los internos que las necesiten.