Compromís celebra la aprobación del decreto ley por el cual el Gobierno finalmente permite que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles. Para la coalición, esta rectificación supone “un paso en la buena dirección” después de años de limitaciones que han impedido a los consistorios utilizar los recursos generados gracias a su buena gestión.
La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, en una rueda de prensa en València junto con la portavoz a la Diputación de València Dolors Gimeno, ha destacado que “los ayuntamientos son la administración más próxima a la ciudadanía y la que trabaja cada día en la vida cotidiana de la gente. Era imprescindible que los consistorios saneados pudieran invertir su superávit en proyectos que mejoren la vida en nuestros pueblos y ciudades”.
Micó ha subrayado que estas inversiones “no afectan el gasto corriente y permiten ejecutar proyectos necesarios que estaban paralizados por una normativa injusta”. La diputada ha recordado que Compromís lleva años reclamando esta flexibilidad y que la decisión del Gobierno “corrige una postura que había limitado la acción política de las administraciones públicas que no son la central”.
La portavoz de Compromís a la Diputación de València, Dolors Gimeno ha explicado que Compromís defensa, en primer lugar, una reforma profunda de la Ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos puedan utilizar libremente sus remanentes de tesorería, sin la obligación de orientarlos casi exclusivamente a amortizar deuda. “Si un ayuntamiento ha hecho los deberes y tiene superávit, tiene que poder destinarlo a reforzar servicios sociales, vivienda, transición ecológica o proyectos estratégicos para su municipio, y no quedar atrapado por una regla de gasto obsoleto”, ha apuntado
Gimeno ha destacado también que es fundamental “más libertad, pero también más transparencia y rendición de cuentas”. Esto pasa, según ha detallado, para establecer mecanismos estables para que el uso de los ahorros de los ayuntamientos vaya siempre ligado a planes públicos de inversión, priorizando servicios esenciales y con una fiscalización clara para que la ciudadanía sepa en que se invierten. Según la portavoz, “así se garantiza que cada euro de superávit se traduzca en más cohesión social y mejor calidad de vida en nuestros municipios”.
Aun así, los valencianistas advierten que esta rectificación del Gobierno del Estado “se queda corta” si no va acompañada de un cambio en la distribución de la capacidad de endeudamiento entre administraciones. Micó ha insistido que “no tiene sentido que el Gobierno central se quede con el 90% de la capacidad de endeudamiento cuando son las comunidades autónomas las que sostienen el estado del bienestar y gestionan los servicios públicos esenciales”.
Compromís defiende que la senda del déficit se tiene que modificar para permitir que las autonomías disponen de la capacidad de endeudamiento necesaria. “Nuestra propuesta era que, de media, alrededor del 60% del endeudamiento correspondiera a las comunidades autónomas. En el caso de los territorios infrafinanciados, como el País Valenciano, reclamábamos que este porcentaje llegara al 90%. No podemos continuar aceptando un sistema que perpetúa desigualdades”, ha afirmado Micó.
La diputada valenciana ha reiterado que continuará reclamando la reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la nivelación y permita a todas las comunidades atender adecuadamente sus competencias. “No vale que vuelven a llevar el mismo decreto esta semana; si la ministra Montero y el Gobierno vuelan nuestro apoyo, tendrán que cambiar la senda del déficit e incrementar la capacidad de deuda disponible para las autonomías”, ha concluido Micó.