Las comunidades autónomas españolas quieren tener un mayor protagonismo en la lucha contra el cambio climático en Europa. La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica del Gobierno valenciano, Mireia Mollà, ejerce este jueves como representante de las comunidades autónomas en el Consejo Europeo sobre medio ambiente, donde en los encuentros previos ha reclamado más peso de las regiones europeas en la adaptación y resiliencia al cambio climático y en la puesta en marcha de medidas para combatirlo.
La Comisión Europea ha puesto en marcha la Misión de Adaptación al Cambio Climático, una iniciativa para fomentar que las regiones y comunidades puedan afrontar sus vulnerabilidades climáticas específicas con soluciones a medida, y pretende apoyar a las 150 regiones más implicadas. En la jornada previa, la titular de Transición Ecológica reclamó a los representantes europeos que extremen la vigilancia sobre las ayudas y los cambios en normativas que se están tramitando, para evitar alteraciones imprevistas. La consellera valenciana acude al Consejo Europeo de Ministros de Medio Ambiente junto a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para trasladar algunos acuerdos adoptados por las comunidades en materia de baterías, cuya regulación se debate este jueves.
Mollá recuerda que la presidencia francesa de la Unión Europea ha decidido dar un fuerte impulso a las reglamentaciones medioambientales y mantiene una media de seis reuniones semanales en temas como residuos, deforestación, emisiones de vehículos o la creación de un Fondo Social para el Clima que considera “estratégicas” para la Comunitat Valenciana.
La presidencia francesa de la Unión Europea este semestre viene marcada por la presión para acelerar las regulaciones medioambientales y poner freno a los efectos del cambio climático, unas políticas en línea con la idea del presidente francés, Emmanuel Macron, de fomentar una soberanía europea, también en la cuestión energética. La Comisión Europea trabaja en una reforma del reglamento sobre baterías, un mandato comunitario impulsado en 2019 y que resulta clave en los fondos de recuperación Next Generation.
España cuenta además con varios proyectos que optan a estos fondos vinculados a la producción de coches eléctricos o baterías de litio para almacenar energías renovables. Desde la crisis generada por la pandemia, Bruselas aborda mecanismos comunitarios de extracción sostenible de materias primas e impulsa a los Estados miembros a publicar una serie de principios que regulen la acción industrial en cuanto a materias primas, con el objetivo de reducir la dependencia energética del continente y aumentar el empleo cualificado.