Denuncian una “red de explotación laboral racista” en viviendas para mayores en Bilbao: “Trabajaba 190 horas por 400 euros al mes”

Una decena de trabajadoras de viviendas comunitarias de Bilbao (residencias con pocas plazas para personas mayores planteadas a modo de alternativa a las macroresidencias) ha denunciado este miércoles frente a la Diputación de Bizkaia que la propietaria de esas viviendas cuenta con una “red de explotación laboral racista” en la que “amenaza, insulta y controla” a sus trabajadoras migradas y racializadas, a las que tiene “sin contrato laboral” en algunos casos, mientras que en otros “con retribuciones por debajo de convenio”. Las trabajadoras han acudido al sindicato LAB, que ha interpuesto al menos diez demandas judiciales y denuncias frente a la Inspección de Trabajo. “Fruto de estas actuaciones, se ha revertido la situación en algunos de estos centros: posibilitando altas en la seguridad social, regularización de contratos, respeto de los descansos, retribuciones... En tanto que, en lo que respecta a Inspección de trabajo, el Informe está sin concluir, pero hemos tenido conocimiento de que se han realizado visitas simultáneas en varias de estas viviendas comunitarias”, confirman desde el sindicato.

Este periódico ha podido recoger los testimonios de dos de esas trabajadoras. La primera ha logrado alzar la voz después de doce años de trabajando para la empresaria, mientras que, la segunda, tras poco más de un año sintió la necesidad de decir “basta”. “Las cargas laborales son inasumibles. En la vivienda en la que yo trabajé era una única trabajadora por turno, con 14 residentes y somos sus enfermeras, cuidadoras, limpiadoras, cocineras, recepcionistas, administrativas... De todo. La ley indica que en las viviendas comunitarias el ratio es de una trabajadora para 14 usuarios, pero en el caso de que ellos se valgan por sí mismos. En la casa en la que yo estuve hay quien se levanta y es autónomo, pero por lo general la mayoría están en camas y debemos atenderles para todo. La casa comunitaria en la que estuve era tan grande, que para cuando llegaba de una habitación a la otra el abuelo ya se había caído de la cama y no son descuidos de las trabajadoras, es el resultado de la situación”, relata visiblemente emocionada Gina Isabel, quien tras poco más de un año trabajando, en enero de 2025, decidió marcharse al comprobar que sus condiciones laborales no iban a mejorar.

Gina Isabel es su nombre real y así quiere que se refleje en este artículo. Asegura, a diferencia de muchas de sus compañeras, que “nunca ha tenido miedo” a la empresaria. “Me ofreció un contrato laboral por el día y quería que aun así fuera a trabajar por la noche. Le dije que no, que iba a cumplir el horario tal y como aparecía en el contrato. Mis compañeras me decían que por qué le rebatía y yo les decía que ¿por qué tenemos que estar calladas? Por quedarnos calladas pasa lo que pasa”, defiende la trabajadora. Según relata, tomó la decisión de marcharse tras estar cinco meses de baja laboral por una lesión en la cadera. “Las grúas para levantar a los residentes no están en buen estado y las trabajadoras tenemos que usar la fuerza para levantarlos. Yo tenía un problema en el hombro, pero las caderas y las rodillas empezaron a dolerme. Yo sola, levantando el peso de personas que podían tener 90 o 100 kilogramos. Cuando fui a la mutua el médico me dijo que había atendido a muchas trabajadoras de la misma empresaria y todas estamos igual”, lamenta.

Se cree que nadie la puede tocar, porque a muchas de las trabajadoras en situación irregular consiguen los papeles gracias a sus contratos

La otra trabajadora no quiere dar su nombre ni aparecer en ninguna fotografía. Ella estuvo un total de 12 años trabajando con la empresaria, concretamente desde 2014, en distintas residencias. “Mi horario laboral era de 20.00 de la tarde a 08.00 de la mañana. Trabajé en Navidad, Año Nuevo y festivos. Cuando comencé me pagaba 400 euros al mes, después me aumentó el salario a 600 euros trabajando 190 horas al mes. No tenía vacaciones pagadas ni festivos. Es una persona prepotente, te insulta, te amenaza. Se cree que nadie la puede tocar, porque a muchas de las trabajadoras en situación irregular consiguen los papeles gracias a sus contratos, pero yo no tengo nada que agradecerle porque yo ya tenía permiso de trabajo cuando empecé a trabajar con ella”, reconoce la trabajadora, que decidió marcharse el pasado abril por “estrés” tras pasar “una depresión por la situación laboral” en la que compaginaba su trabajo en las viviendas comunitarias con otro trabajo en un bar para “poder llegar a fin de mes”.

Las trabajadoras sostienen que las malas condiciones laborales del personal hacen que la atención a las personas mayores no sea la adecuada. “La atención, la limpieza y alimentación de los abuelos es pésima. Una de las causas por las que yo salí de ese trabajo era porque no dormía pensando en esos abuelos. Y eso que pagan por encima de 2.500 euros al mes para estar ahí. Los que eran más autónomos se quejaban y yo no sabía qué decirles porque, en el caso de la comida, era lo que nos dejaban para cocinar. Muchas veces, si faltaba aceite, sal, azúcar papel higiénico, mascarillas o guantes, cosas básicas, éramos las trabajadoras las que teníamos que comprarlo porque no lo reponía”, lamenta Gina Isabel.

El objetivo de ambas, al igual que del resto de trabajadoras que han denunciado su situación en el sindicato LAB, es que la situación acabe. “Queremos que las compañeras que están ahora trabajando en esas viviendas no vivan lo que nosotras hemos vivido”, sostienen las trabajadoras. Desde LAB, detallan que llevan un año acompañando a las trabajadoras. “Nos han permitido armar el puzzle de esta empresaria de Bizkaia, propietaria de un entramado de viviendas comunitarias que explota a mujeres y se lucra especialmente de las que se encuentran en las peores condiciones para poder negociar y hacer valer sus derechos: las trabajadoras migradas y/o racializadas en situación administrativa irregular. Se trata de un entramado de explotación racista y machista, que estructura un sistema escalonado de trabajadoras con condiciones desiguales entre sí, a las que se les impide que hablen entre ellas y a las que se chantajea y amenaza de manera instrumental”, denuncian desde el sindicato.

La atención, la limpieza y alimentación de los abuelos es pésima. Una de las causas por las que yo salí de ese trabajo era porque no dormía pensando en esos abuelos

LAB considera que las realidades de las trabajadoras, pese a que las condiciones laborales de las trabajadoras de los pisos comunitarios se rigen bajo el convenio colectivo de Residencias de Bizkaia, son distintas dependiendo de su procedencia, raza y situación administrativa. “Nos encontramos, por un lado, con que hay trabajadoras blancas, que si bien padecen las situaciones que hace tiempo venimos denunciando en este sector, se encuentran cotizando en la Seguridad Social, con contrato escrito y nómina. Y, por otro, con trabajadoras migradas y/o racializadas tanto con autorización como en situación administrativa irregular. Entre unas y otras, hemos identificado diferentes situaciones y condiciones: por un lado, las trabajadoras migradas regularizadas cuentan con contratos que no reflejan la cantidad real de horas trabajadas pero que necesitan (y la patronal lo sabe) para poder renovar o mantener sus autorizaciones. Mientras que, por el otro, las trabajadoras que están en situación irregular, son contratadas verbalmente por 50 euros la noche (de 22hs a 8hs) para cubrir fines de semana y festivos. En estos casos, se ha observado además, cómo se las mueve entre los centros según los vacíos o inasistencias que van surgiendo, pidiéndoles muchas veces que trabajen más de un turno seguido, vulnerando sus descansos entre otros derechos”, aclaran desde el sindicato.

El caso más grave de explotación laboral, según recoge la investigación realizada por el sindicato, es el de una trabajadora migrada y racializada que “tras tres años trabajando para esta empresaria logra por fin que se le haga un contrato escrito (a media jornada) a cambio de asumir la trabajadora la cuota íntegra de la Seguridad Social. Esta trabajadora estaba, además, en estado avanzado de embarazo (8 meses) y ésta empleadora le estaba denegando su derecho a la baja”, algo de lo que tuvieron conocimiento, según relatan, el pasado agosto. Mientras las trabajadoras denuncian sus condiciones laborales, el sindicato declara que la empresaria “dispara sus ganancias”. “La empresaria que hoy denunciamos -enfermera en plantilla de Osakidetza- figura como administradora de seis residencias y de nueve viviendas comunitarias en Bizkaia. Desde la pandemia, la cantidad de pisos comunitarios bajo su propiedad se ha disparado exponencial y llamativamente. En los últimos cinco años ha adquirido ocho nuevos centros. Y sólo en el último año se estima que ha podido llegar a acumular beneficios netos que superarían los 2.000.000 de euros”, alertan.

LAB denuncia que la Diputación Foral de Bizkaia, que otorga las licencias a estos centros, es “la responsable en última instancia de las condiciones en las que se encuentran estas trabajadoras y de la desatención que están recibiendo las personas usuarias”. “Exigimos que asuman su responsabilidad, realizando un seguimiento, control y sanción del funcionamiento de esta empresaria y de tantas otras”, sostienen.

Desde la Diputación de Bizkaia confirman a este periódico que cuentan con un “plan de inspección de cada una de las viviendas comunitarias autorizadas”. “Se trata de una inspección anual de oficio con un control férreo y rígido que confirma si los usuarios están siendo bien atendidos, ratio de las trabajadoras, la atención y las instalaciones. En el caso de que no sea así, se abre un expediente sancionador y se realiza un seguimiento de cada caso”, reconocen desde la Diputación tras aclarar que en los temas laborales, relacionados con contratos laborales, horas de trabajo, etc, la Diputación de Bizkaia y, en concreto, el área responsable de estas viviendas, Acción Social “no entra”, ya que corresponde a Inspección de Trabajo, a cargo de la cartera del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, quienes se encuentran “trabajando” en este caso con inspecciones simultáneas en los últimos meses a estas viviendas comunitarias.

Tras averiguaciones este periódico ha descubierto que la empresaria, cuyas iniciales son A.E.A., lleva al menos quince años como propietaria de residencias de personas mayores y viviendas comunitarias en Bilbao, pero también en otras zonas de Bizkaia como Amorebieta-Etxano o Durango. De esta manera, elDiario.es/Euskadi ha tratado de ponerse en contacto con ella y tras varias llamadas a las distintas residencias para solicitar información, una de sus trabajadoras actuales ha devuelto la llamada alegando que la propietaria de los centros asegura que “todo lo dicho” sobre ella “es falso”, y que será “ella misma” quien se ponga en contacto para manifestar su versión. No obstante, al cierre de esta edición, la denunciada no ha respondido a las preguntas de este periódico.