La Generalitat estima que el 10% de las viviendas principales valencianas requiere de “una actuación urgente”

El Gobierno valenciano estima que tendrá que intervenir cerca de 150.000 viviendas en los próximos 10 años para adaptarlas a los criterios de “biohabitabilidad”, es decir, garantizar que cumplen los requisitos para ser espacios saludables para las familias que en ellas residan. Así lo ha manifestado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, en su comparecencia de este viernes en las Corts Valencianes, donde ha explicado el plan Hábitat 20-30.

En palabras de Dalmau, la crisis sanitaria ha corroborado que muchas de las viviendas de la Comunitat Valenciana “no son adecuadas para afrontar un confinamiento”. “Tampoco es admisible que haya personas mayores que no puedan salir de sus casas por no tener ascensor. No se puede consentir que un tercio de las familias pase frío en invierno y que el 16% eche de menos servicios de proximidad”, ha exclamado el vicepresidente segundo, que considera que el 10% de los hogares no es apto para un confinamiento.

Conselleria calcula que “casi el 10% de las viviendas principales requieren de una intervención urgente y medidas de integración urbana”. En concreto, estima que en la próxima década tendrá que intervenir 150.000 viviendas y sus entornos con criterios de biohabitabilidad y perspectiva de género. La biohabitabilidad implica combatir la pobreza energética, una correcta adecuación de los espacios o la buena ventilación, entre otras cuestiones. Un tercio de las familias pasa frío en invierno y el 16% echa de menos servicios públicos de proximidad, ha citado Dalmau.

De cara a 2030, la Generalitat pretende reducir el consumo energético del parque público en un 35% y el de agua en un 20%. Además, el vicepresidente ha recordado su compromiso de duplicar las viviendas del parque público, que se destinarán al alquiler. El titular de Vivienda ha admitido que “pese a los esfuerzos” del Botànic, “los datos evidencian deficiencias estructurales en el sistema de protección del derecho a la vivienda. Los precios del mercado del alquiler son ”inasumibles para la gran mayoría de la población“.

La Covid-19 “intensificará más aún los problemas relacionados con el hábitat” y ya a finales de 2019, 88.000 familias valencianas necesitaban algún tipo de apoyo para acceder a una vivienda. “Las moratorias de desahucios aprobadas por el Gobierno central y las ayudas al alquiler que hemos aplicado en la Comunitat Valenciana no serán suficientes para frenar las consecuencias económicas y sociales de un virus que continúa avanzando”, ha admitido el conseller.

Desde su departamento lo que harán es “remodelar” el tipo de convocatorias de ayudas al alquiler para dejen de poder pedirse únicamente una vez al año, entendiendo que las situaciones familiares fluctúan con el paso del tiempo. Así, habrá más de una convocatoria al año para acceder a estas ayudas.