El Gobierno valenciano busca solventar la crisis interna por la implementación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos con el compromiso de elaborar una cartografía de las zonas idóneas para la instalación. La llamada al orden del presidente de la Generalitat Valenciana a los consellers implicados en la gestión, materializada en una reunión este martes tras semanas de conflicto, culmina con el compromiso de una planificación territorial conjunta entre enero y abril de 2023, una vez se tramiten los expedientes urgentes.
“Todas las consellerias están alineadas” con los objetivos de transición energética, ha asegurado el president, Ximo Puig, después de reunir a los consellers de Hacienda, Transición Ecológica, Economía Sostenible y Política Territorial para acelerar la implantación de plantas fotovoltaicas, donde la Comunitat Valenciana se encuentra a la cola y lejos de los objetivos establecidos por la Unión Europea y en la norma autonómica de Cambio Climático. “Hay un alineamiento total. Las renovables son la solución, no el problema”, ha insistido Puig, interpelado por las posiciones encontradas entre los cargos de Compromís y el PSPV en la gestión de plantas solares, al tiempo que ha insistido en que “hay una operación conjunta de país”, en referencia a las discrepancias municipales sobre los grandes proyectos.
La falta de planificación territorial y de funcionarios en la Administración autonómica ha provocado un tapón administrativo en algunos proyectos solicitados, que requieren cumplir unos plazos para no perder el acceso a la conexión de Red Eléctrica Estatal. Estos, los solicitados antes de diciembre de 2020, suponen 64 de las 391 solicitudes que hay en manos de la Generalitat, de las que ya se han resuelto 113.
En los últimos años se ha producido un aumento sustancial de peticiones de autorización de plantas fotovoltaicas e instalaciones de autoconsumo, motivadas por el aumento de precios de la energía, un cambio en la conciencia medioambiental, incentivos como ayudas públicas para la instalación y una oportunidad de negocio para muchas empresas. Este aluvión de proyectos y peticiones no ha contado con un proceso de planificación territorial adaptado, pese a la cantidad de normativa reguladora -la ley de Ordenación del Territorio (LOTUP) y dos decretos específicos sobre energías renovables-, y ha generado discrepancias entre organizaciones ecologistas, partidos políticos y ayuntamientos, temerosos de repetir una burbuja como la inmobiliaria. Se plantean conflictos entre el entorno urbano y el rural, la soberanía alimentaria y la energética, el impacto paisajístico o el oligopolio de empresas privadas versus la soberanía municipal.
Ante esta tesitura, y dadas las manifestaciones de este conflicto, como la creación de una plataforma contra las líneas de muy alta tensión, la oposición de equipos de gobierno local a la instalación de macroplantas autorizadas por el Gobierno central, un cruce de estudios sobre el hipotético potencial de autoconsumo, cuatro ceses en la Conselleria de Transición Ecológica y una disputa en la conselleria de Política Territorial, el presidente de la Generalitat ha optado por plantear la creación conjunta de un mapa para priorizar suelo en el que instalar las plantas solares y eólicas.
En el mapa, que creará zonas de preferencia en las que se acelerará la tramitación, participarán las consellerias competentes en materia de ordenación del territorio, industria, paisaje y energía. La cartografía adapta una norma que se aprobará en los próximos días en el Parlamento Europeo y para determinar las diferentes zonas de actuación se tendrán en cuenta criterios paisajísticos, medioambientales, industriales, patrimoniales, y de dotación de redes eléctricas, además de lo establecido en la Ley de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana, aprobada este noviembre. Se trata, concluía el president, de “ver los territorios en los que no hay una afección sustancial”. Los trabajos de ordenación arrancarán una vez acabe el plazo de tramitación urgente de los expedientes, y lo harán sobre algunos planes ya elaborados, como el plan eólico valenciano, aprobado el pasado año.
Sobre la ordenación territorial, la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha destacado que “la planificación de los terrenos más adecuados para instalar fotovoltaica es necesaria para proteger los terrenos agrícolas y enfocar las plantas hacia terrenos degradados y que no dañan nuestro patrimonio territorial”.