El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles el texto del nuevo reglamento de la cámara en el que entre otras cuestiones se ha eliminado la comisión parlamentaria de derechos LGTBI, quedando integrado en la de Familia, así como el lenguaje inclusivo de las publicaciones de la cámara autonómica.
En ausencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, quien ha asistido a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los diputados del PP y de Vox han votado a favor del nuevo texto, mientras el PSPV y Compromís se han opuesto. El expresidente de la Generalitat y diputado del PP, Carlos Mazón, no ha hecho aparición en el hemiciclo hasta pasadas dos horas del inicio del debate parlamentario.
Los partidos de derechas y de extrema derecha presentaron en octubre una proposición de ley conjunta para modificar el Reglamento de las Corts, en la que plantean dejar de utilizar el lenguaje inclusivo. En concreto, la propuesta insta a regirse por “lo recomendado por la Real Academia de Lengua Española (RAE)” que establece que “el masculino gramatical ya incluye a todos por ser no marcado”. Además de la comisión LGTBI, elimina la de Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.
Por otra parte, la reforma abre la puerta a aplicar nuevos recortes a los órganos estatutarios como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) independientemente de que se aprueben los presupuestos. En concreto, la reforma del artículo 135 referente al proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat se reforma para que los grupos parlamentarios, vía enmiendas parciales, puedan acometer cambios en la cuantía total del montante global destinado a cada uno de los órganos estatutarios de la Generalitat, siempre y cuando ello no comporte una variación del total previsto en el proyecto de presupuestos. Además se modifica la paridad de la Mesa, donde “se mantiene el equilibrio”, pero desaparece la regla de 'cremallera'.
La propuesta se ha tramitado por el procedimiento de lectura única, por lo que ha llegado al pleno sin haber pasado por la comisión de Reglamento -donde el PP ha nombrado como portavoz al expresident de la Generalitat Carlos Mazón- y sin que los grupos hayan podido presentar enmiendas.
Críticas del PSPV y de Compromís
El PSPV ha calificado de “fascista” la reforma por impedir el debate y que la oposición haga aportaciones, algo que también ha denunciado Compromís, que ha alertado del retroceso en derechos que supone esta reforma, especialmente para las mujeres y el colectivo LGTBi, y ambos grupos han anunciado que la recurrirán al Tribunal Constitucional.
El síndic socialista, José Muñoz, se trata de una “reforma fascista por la forma y por el fondo”, y ha reprochado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ofrezca mucho diálogo pero lo primero que hace es “es evitar el debate parlamentario y las aportaciones” de la oposición. En este sentido, ha anunciado que recurrirán el cambio normativo al Tribunal Constitucional “por vulneración de derechos fundamentales”, al tiempo que ha advertido de que “Vox acabará ocupando el lugar de lo que debería ser la derecha moderada” en este país.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, para quien con la tramitación de esta reforma se pisotean los derechos de la oposición, y ha avanzado que también la recurrirán por considerarla inconstitucional.
Desde el PP y Vox han defendido que la norma está basada “en la experiencia, la necesidad y el sentido común” y busca “adaptarse a lo que reclama el pueblo valenciano”, y han reprochado a la izquierda su “feminismo de pandereta”.
El diputado del PP Alejo Font de Mora ha afirmado que la reforma se ha hecho así “por rapidez, agilidad y para adaptarse a lo que reclama el pueblo valenciano”, y ha destacado que no es la primera vez que se usa la lectura única para modificar el reglamento, pues se hizo en 2015, 2018 y 2024, durante el gobierno del Botànic.
El síndic de Vox, José María Llanos, ha justificado estos cambios en “la experiencia, la necesidad y el sentido común”, pues desde Vox no aceptan “comisiones con nombre y apellidos -en referencia a la comisión del colectivo LGTBi- que suponen privilegios para unos y el desprecio u olvido para los demás”.