Empadronables y marginados

Denegación del padrón y deterioro de los servicios sociales

El Ayuntamiento de València desatiende el hecho de que cada vez hay más gente sin hogar en las calles

Es un fenómeno perceptible. Cada vez hay más gente en València que duerme en la calle. La pobreza extrema resulta más visible. Y las cifras confirman esa tendencia, aunque el Ayuntamiento se niegue a darlas por buenas. Así, en 2023 el último censo de personas sin hogar contabilizó a 837 individuos, mientras que en 2025 los datos procedentes de una respuesta a una petición de información de Compromís muestran que 1.142 personas viven directamente en la calle y 2.285 personas sin domicilio fijo están empadronadas en centros municipales de servicios sociales. En total, 3.427 personas están en una situación de exclusión residencial extrema. 

En 2025, el equipo de la alcaldesa, María José Català, decidió no realizar el censo de gente que duerme en la calle con el argumento de que el Gobierno no aportaba fondos para hacerlo. Algo que ha criticado la concejal de Compromís Lucía Beamud, que ha indicado que en la etapa de Joan Ribó como alcalde, en 2019, se hizo con recursos propios. Como ha explicado Laura Martínez, los problemas con el empadronamiento especial en València acrecientan la vulnerabilidad de migrantes y personas sin hogar. Unos problemas que consisten en que hay más de 4.000 solicitudes en cola y apenas se concedieron 125 el año pasado. El empadronamiento especial es el que permite que las personas sin hogar puedan acceder a servicios básicos como lo hace el resto de ciudadanos. Estamos hablando de sanidad, educación, vivienda pública o dependencia.

Uno de los efectos del bloqueo del empadronamiento especial es el aumento de la vulnerabilidad de muchas personas migrantes que tienen que recurrir a esta modalidad porque están viviendo en la calle o no tienen un domicilio fijo y viven en habitaciones o en pisos sin contrato de alquiler. Lo denuncian entidades como Valencia Acull, que junto a decenas de ONG como CEAR, CIE No, Movimiento por la Paz, Regularización Ya o Rumiñahui lleva años reclamando medidas efectivas. Precisamente, el Síndic de Greuges abrió una queja de oficio al Ayuntamiento de València por denegar el padrón a personas vulnerables. En sus conclusiones indica que el Ayuntamiento “deberá tener presente que, aunque la limitación de medios puede condicionar la adopción de algunas medidas de mejora, no puede servir de justificación para el incumplimiento de las normas en cuanto a los plazos de tramitación, la aplicación del silencio administrativo y, en definitiva, para que su demora se torne en contra de los derechos de las personas, pues su acceso a servicios básicos depende de su alta en el padrón de habitantes”.

Al equipo de gobierno local, del PP y Vox, no le gustan los pobres de solemnidad, la gente en situación extrema de vulnerabilidad. Los expulsaron de debajo de los puentes en el Jardín del Turia y surgieron asentamientos informales en otros puntos de la ciudad. Hasta 37 de estos asentamientos tiene detectados el municipio, con algunos, como el poblado chabolista ubicado en los terrenos del antiguo circuito de Fórmula 1, que han experimentado un crecimiento evidente. La crisis de la vivienda propicia un aumento de las personas sin hogar, las chabolas y la presencia de menores en asentamientos

Por otra parte, el atasco del padrón crea el caldo de cultivo para la aparición de irregularidades. La Policía Nacional desarticuló este mes de febrero un grupo que vendía contratos de alquiler falsos a migrantes y una denuncia interna en el Hospital Clínico reveló que personas migrantes sin hogar aparecían empadronadas en un edificio para estudiantes y habrían pagado por que se les permitiera inscribirse en el padrón para conseguir cobertura sanitaria y otros trámites. Fueron detectados porque presentaban “heridas y condiciones higiénicas” que hicieron dudar a los facultativos de sus condiciones reales de vivienda. Hasta el piso de un diputado del PP fue utilizado para empadronamientos irregulares, en un suceso que el Ayuntamiento ha llevado a la fiscalía.

Si a este panorama se añade que los servicios sociales de València “están al límite” por deficiencias que sindicatos como Comisiones Obreras denuncian como problemas estructurales y de falta de personal, es difícil pensar que el drama de la gente sin hogar vaya a encontrar una respuesta digna de una ciudad civilizada. Una ciudad en la que, aunque solo sea por honrar a la patrona, no haya personas desamparadas y no resulte posible que en sus calles malvivan seres humanos que, como los apátridas que identificó Hannah Arendt, carezcan hasta del derecho a tener derechos.

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