Los problemas con el empadronamiento social en València acrecientan la vulnerabilidad de migrantes y personas sin hogar
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Los fraudes surgen en las grietas de la administración pública, cuando el Estado no alcanza a cumplir todas sus funciones. En los casos relacionados con empadronamientos falsos o sospechosos de personas migrantes, como el detectado por elDiario.es en una residencia de estudiantes, o las últimas operaciones destapadas por la Policía Nacional, se suman varias cuestiones: un problema de acceso a la vivienda, las grietas en la ley de extranjería y los fallos en el empadronamiento especial.
Este periódico informó sobre un centenar de altas de personas migrantes empadronadas en una residencia estudiantil. La empresa que lo gestiona aseguró no tener conocimiento de que se habían registrado en esa dirección como su domicilio. La alarma saltó en los sanitarios y trabajadores sociales del Hospital Clínico, que atendieron a 16 personas registradas en la misma dirección pero presentaban signos de vivir en la calle o en infraviviendas. Los trabajadores preguntaron a estas personas y algunas apuntaron que vivían en el asentamiento del antiguo circuito de Fórmula 1, mientras que otras indicaron que se les permitió empadronarse tras pagar tres meses de estancia.
Las entidades sociales advierten que las personas migrantes son víctimas de una cadena de fallos del sistema, que quedan fuera del escudo de protección social. Sucede con las citas de extranjería, donde hay plataformas de venta, y con el padrón municipal, que es un requisito clave para optar a otros trámites, asistencia sanitaria y poder demostrar arraigo, de cara a procesos de regularización. Los problemas con el empadronamiento social en València están acrecentando la vulnerabilidad de migrantes y personas sin hogar, apuntan desde Valencia Acull, que junto a decenas de ONG como CEAR, CIE No, Movimiento por la Paz, Regularización Ya o Rumiñahui lleva años reclamando medidas efectivas.
Las organizaciones han pedido a la clínica jurídica del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València que realice un informe sobre el estado del padrón en València, con especial interés en la figura del empadronamiento social. Este mecanismo permite a personas sin hogar o en otras condiciones de vulnerabilidad empadronarse en la ciudad, si los servicios sociales tienen conocimiento de su situación. Según los últimos datos, facilitados en una respuesta a la oposición, hay más de 4.000 solicitudes en cola y apenas se han concedido 125 solicitudes en el año 2025.
Las entidades que se agrupan en la red de no discriminación señalan que los trabajadores del padrón desincentivan a la población para optar a esta figura. A menudo, exponen, se les plantean requisitos que no son necesarios, medidas arbitrarias o no se les da respuesta. En otros casos, se pide un informe de habitualidad a los servicios sociales -una forma de demostrar que el solicitante acude al sistema- pero, al estar saturados, “apenas comprueban si estás dado de alta”, indican desde València Acull. En una denuncia, la red expone que a una mujer migrante que fue a empadronar a su pareja, padre de una niña que acababan de tener, los funcionarios le negaron el padrón porque ya había muchas personas en la vivienda -parte de su familia- y que debían dar de baja a alguien.
La red también ha detectado casos en los que personas que viven en habitaciones y no tienen permiso de su arrendador para inscribirse en el padrón tratan de optar a esta figura. Según una de sus denuncias, se envió a la Policía Local a verificar la residencia, se empadronó al inquilino y el propietario optó por expulsarlo. Estas situaciones ocurren tanto si la persona es migrante en situación regular o irregular, y no siempre en condiciones de sinhogarismo.
La expulsión del padrón bloquea multitud de derechos, recuerdan desde Valencia Acull. Además del acceso a la cobertura sanitaria y a la escolarización, impide derechos políticos y de participación, acceso a ayudas públicas -desde rentas hasta ayudas al transporte público- y deja a las personas en situación de inseguridad jurídica.