La Sindicatura de Comptes considera irregular el contrato a dedo de 2,2 millones de Gan Pampols a PwC para el plan de reconstrucción

El que fuera vicepresidente de la Generalitat y conseller para la Reconstrucción, el teniente general Francisco José Gan Pampols, adjudicó a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) por 2,2 millones de euros (IVA incluido) el contrato para el “asesoramiento, asistencia técnica y consultoría para la elaboración de un Plan de Recuperación Económico y Social de la Comunitat Valenciana, que incluya el diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento y evaluación”. La adjudicación, avanzada en su momento por elDiario.es, se hizo el 28 de enero de 2025 por tramitación de Emergencia, por lo que la consultora fue elegida a dedo sin la concurrencia pública de un procedimiento abierto.

Tras destaparse la adjudicación por la vía de la emergencia, desde la vicepresidencia para la Reconstrucción explicaron que, pese a que en la adjudicación solo aparecía una oferta, “se recibieron y valoraron 4 ofertas”. “Pese a ser contrato de emergencia se hizo un procedimiento en el que participaron 4 consultoras. Se hizo un cuadro valorando y salió el que mejor puntuación obtuvo”, aseguraron.

Sin embargo, el reciente informe de la Sindicatura de Comptes sobre la contratación de obras y servicios en 2024 y 2025 como consecuencia de la dana considera que esta contratación mediante el mecanismo de emergencia y por tanto discrecional al no estar ser abierto ni estar regido por criterios objetivos fue irregular.

Según el órgano fiscalizador de la Generalitat Valenciana, el contrato “justifica su tramitación de emergencia porque responde al interés general que representa la recuperación y reconstrucción de la Comunidad”. Sin embargo, “respecto a esta consideración, tenemos que indicar que el artículo 120 del LCSP no prevé como supuesto el interés general, sino que se refiere a situaciones que afectan a la defensa nacional, y que los contratos la adjudicación de los cuales haya que acelerar por razones de interés público están regulados en el procedimiento de urgencia del artículo 119 del LCSP”. Por lo tanto, concluye la Sindicatura, “no queda debidamente justificada la tramitación por emergencia porque no cumple la definición del artículo 120.1 del LCSP, y se tenía que haber tramitado por otro procedimiento menos restrictivo como el de urgencia”. Al respecto, a preguntas de elDiario.es, desde la consultora han declinado hacer comentarios.

Como informó este periódico, la contratación del Plan de Recuperación implicó el traslado de un equipo de 15 personas de la consultora a las dependencias de la Consellleria para la Reconstrucción ubicadas en la calle de Amadeo de Saboya número 2, al tratarse de un departamento de nueva creación y carecer de estructura.

Esta situación provocó una denuncia por posible cesión ilegal de trabajadores ante la Inspección de Trabajo, que realizó la oportuna inspección, sin que hasta ahora se haya hecho pública resolución alguna.

El vicepresidente y conseller, Francisco José Gan Pampols, y el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, presentaron el 30 de junio de 2025 el Plan de Reconstrucción Económico y Social de la Comunitat Valenciana del que poco más se ha sabido desde su presentación. A los pocos meses, el 3 de noviembre, Mazón presentó su dimisión y un día más tarde, Gan Pampols renunció al cargo, aunque era algo que ya había anunciado que haría en septiembre.

La diputada del PSPV, María José Salvador, ha denunciado que “se evidencia una vez más el enorme fiasco de la operación de maquillaje de la gestión de Mazón que supuso el fichaje, por parte de este último, del militar jubilado Gan Pampols” y ha lamentado que “al mismo tiempo, privatizaban lo que tenía que haber sido su trabajo, como era la elaboración del Plan de Recuperación de la Comunitat Valenciana tras la Dana, contratando su elaboración con una consultora privada a golpe de talonario, nada menos que 2,2 millones le pagaron a esta empresa privada por hacer un documento cuya utilidad ha sido nula, entre otras cosas, porque la Generalitat no ha hecho ni está haciendo sus deberes en la recuperación post-dana”.

Según Salvador, “gracias a la auditoría de la Sindicatura de Comptes sabemos que esa privatización se hizo de forma irregular, ya que se tramitó por emergencia vulnerando el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que no se cumplían las condiciones para una vía de contratación tan extraordinaria, que justifica la ausencia de controles precisamente porque debe atender a situaciones que afecten a la defensa nacional” y ha añadido: “Estamos ante un episodio más de la nefasta y lamentable gestión de Mazón sobre la Dana, de la que cada día asistimos con indignación y estupor a toda la sarta de mentiras y engaños tras los que se intentó parapetar para blindarse de su responsabilidad judicial, como ahora se aferra al escaño para no dar la cara y contar a la jueza de Catarroja la verdad sobre su vergonzosa y terrible gestión de la dana”.

Baja ejecución de Educación

En su informe, la Sindicatura refleja que durante los ejercicios 2024 y 2025, el sector público autonómico valenciano adjudicó un total de 708 contratos por importe conjunto de 672.209.463 euros, para dar respuesta a las necesidades derivadas de la dana. De los 708 contratos, 136 -por importe de 1.909.438 euros- fueron contratos menores, que no han sido objeto de la presente fiscalización. Por tanto, los contratos no menores, objeto del presente trabajo, ascendieron a 572 por un importe conjunto de 670.300.025 euros.

Estos contratos han sido tramitados fundamentalmente por la Administración de la Generalitat, a través de sus Consellerias, y por las entidades del sector público instrumental (SPI) de la Generalitat con competencias en infraestructuras, medio ambiente, vivienda, servicios sociales, sanidad y emergencias.

El órgano fiscalizador evidencia la baja ejecución presupuestaria de algunos departamentos, destacando especialmente el caso de la Conselleria de Educación, entonces en manos de José Antonio Rovira, ahora titular de Hacienda: “Llama la atención el bajo nivel de ejecución del presupuesto de la Consellería de Educación, porque las obligaciones reconocidas apenas suponen un 28% del importe presupuestado. El motivo principal es el retraso en la construcción de centros educativos de infantil y primaria (CEIP) e institutos de educación secundaria (IES), que se habían presupuestado en 26,6 millones de euros, pero solo se han reconocido obligaciones por 1,9 millones de euros, y está pendiente al cierre del ejercicio 2025 la licitación de las construcciones de estos nuevos centros”.