Inspección de Trabajo detecta irregularidades en la Conselleria de Gan Pampols por el trabajo de personal de la consultora PWC en sus oficinas

La Inspección de Trabajo habría detectado irregularidades en la inclusión de una quincena de trabajadores de la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) en las dependencias de la Conselleria para la Reconstrucción ubicadas en la calle de Amadeo de Saboya número 2 para elaborar la redacción del Plan de Reconstrucción Económico y Social de la Comunitat Valenciana que presentaron este lunes el vicepresidente y conseller del ramo, Francisco José Gan Pampols, y el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón.

Así se desprende de la información recabada por elDiario.es, según la cual, el organismo realizó una inspección in situ el pasado 30 de abril, además de una comparecencia de la administración pública el pasado 8 de mayo. También se recabó diferente documentación de la que, una vez analizada, se desprenden posibles irregularidades en la línea de la denuncia que dio origen al procedimiento y que apuntaba a una posible cesión ilegal de trabajadores. Con todo, la investigación sigue su curso y aún no ha habido resolución.

Como avanzó este diario, Pampols adjudicó a PwC la elaboración del mencionado plan por medio de un contrato de emergencia valorado en 2,2 millones de euros (IVA incluido).

Para redactar el proyecto, el personal de la consultora se instaló en las dependencias de la Conselleria ubicada en el paseo de la Alameda 16. Una situación que, sin embargo, podría considerarse irregular a tenor de la investigación que ha puesto en marcha la Inspección de Trabajo como consecuencia de una denuncia por cesión ilegal de trabajadores, esto es, estar contratado para una empresa determinada, que es la que paga, y sin embargo trabajar para otra diferente, que es la que organiza el trabajo.

Según el artículo 43 de la mencionada legislación, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: “Que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funcionas inherentes a su condición de empresario”.

Como informó este diario, la carta de encargo vinculada al contrato que adjudicó el vicepresidente de la Generalitat y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, recoge que “los servicios de definición del Plan de recuperación económico-social estarán liderados por un socio de PwC, una directora de PwC como directora del proyecto y responsable principal”, y el equipo completo de trabajo estará formado por un responsable del contrato y un director del proyecto. El diseño del plan contará con un manager y tres consultores; la implementación y seguimiento del plan contará con un manager y dos consultores; y el plan de comunicación estará dotado de un manager y un consultor.

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha recordado que ya advirtió en un pleno de las Corts de que se estaba produciendo “una ilegalidad privatizando en una consultora el Plan de Reconstrucción” y que ahora saben que “la Inspección de Trabajo ha detectado irregularidades” sin haber escuchado “a nadie del Consell del PP decir ni una palabra al respecto, a pesar de haberlo presentado sin, por cierto, invitar a las víctimas”.

Navarro ha presentado una solicitud de comparecencia de Gan Pampols para que explique en sede parlamentaria los detalles del 'Pla Endavant', presentado el lunes 30 de junio. La diputada valencianista ha calificado el plan de “despropósito”, denunciando que se trata de “un documento lleno de obviedades, sin actuaciones concretas ni una asignación presupuestaria clara para cada necesidad, evidenciando que no estamos ante una herramienta válida para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA” y ha añadido: “El plan se vende a la ciudadanía como la solución para la reconstrucción, pero es un ejercicio de opacidad y carencia de rigor que no responde a las necesidades reales de las localidades afectadas”.