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Los sindicatos aprietan a la patronal de las residencias concertadas sobre los derechos laborales y ésta se defiende: “No hay personal sanitario y Sanidad nos lo quita”

Un cuidador pasea a una persona residente en un centro para mayores.

Sergi Pitarch

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La crisis de la COVID-19 está generando grandes tensiones en el mercado laboral del sector sanitario. Tanto, que ya están llegando los primeros desacuerdos entre patronal y sindicatos sobre derechos laborales. CCOO ha denunciado ante la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que algunas residencias utilizan estudiantes de cuarto de carrera de Enfermería como trabajadores y UGT que auxiliares y enfermeros están asumiendo tareas que deberían ser de médicos. Por su parte, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) aseguran desconocer estas situaciones pero avisan:  “No hay personal sanitario y Sanidad nos lo está quitando”.

La polémica nace después de que Aerte solicitara la posibilidad a la Generalitat Valenciana de incorporar estudiantes en prácticas. Al ser consultados los sindicatos, CCOO se mostró conforme siempre que no hubiera abusos por parte de las empresas. “La realidad de las residencias es otra, en muchos centros ya no hay enfermeras 24 horas, aunque por pliegos y por publicidad deben tener ese servicio. Algunas empresas ya están contratando estudiantes de enfermería de último año al amparo de un contrato de formación académica o facultativa y este tipo de contrato no existe y no se puede realizar”, denuncian. El sindicato exige que los contratos de prácticas deben reunir unos requisitos, entre ellos que el trabajador tenga el título universitario.

Por su parte, desde la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT critica a las empresas, pero también a la Conselleria de Igualdad. “Desde el sindicato no se entiende cómo la administración permite algunas situaciones en los centros, como dejar que el personal auxiliar de enfermería realice tareas de personal sanitario en aquellos casos en que no hay personal de enfermería; teniendo que realizar glucemias, administrar insulinas, heparinas y administrar medicación sin supervisión por personal sanitario debido a la falta del mismo”, aseguran.

FeSP UGT PV lamenta que las empresas que gestionan los centros son conocedoras de la situación y denuncia que hasta el momento no han planteado alternativas a la falta de personal sanitario. “Reclamamos el fin de esta situación, que no se puede tolerar por más tiempo, ya que pone en peligro a los propios usuarios y usuarias dejando que unos profesionales asuman competencias que, con independencia de su preparación, no son su responsabilidad”, argumentan.

Desde la patronal Aerte alegan que pidieron estudiantes en prácticas para que “no se bloqueara la formación, sobre todo en el caso de los auxiliares de enfermería”. “La administración también está contratando estudiantes. Pero además, sanitarios que teníamos contratados se están yendo a la Conselleria de Sanidad porque estaban apuntados en sus bolsas de trabajo”, defiende el presidente de Aerte, José María Toro, que explica que en estos momentos es muy difícil poder “fichar” personal sanitario especializado y que en muchos casos las empresas no tienen otra opción que disparar los sueldos.

Informe de la Sindicatura de Comptes

El presidente de Aerte ha aprovechado para reivindicar el trabajo del sector gracias al informe de la Sindicatura de Comptes, que concluye que el coste de una plaza pública es de 78 euros al día en gestión pública directa y 52,5 euros al día en gestión indirecta, es decir, centros y plazas concertadas. Toro afirma que el informe asegura, además, que los índices de calidad de asistencia son mayores en los conciertos que en las residencias cien por cien públicas.

Sobre los motivos que explica para que el coste por plaza sea menor, según la Sindicatura de Comptes, destaca “el absentismo laboral, que es del 15% en las residencias públicas y del 5% en las de gestión privada”. “Y eso que más del 70% de las personas con grados 2 y 3 de dependencia son atendidos en las concertadas y un 47% en las públicas”, defiende.

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