Otro audio revela que el concejal de Catalá denunciado en Anticorrupción buscó plazas a medida “para reducir la competencia”

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, buscó plazas a medida para los trabajadores del Consorcio Valencia 2007. Así se desprende de las grabaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, de una reunión con empleados que tuvo lugar en la primavera de 2024 en la que el concejal informa sobre procesos de empleo público que se van a sacar a concurso para que puedan optar. Las plazas que salieron a concurso tanto en entidades municipales como en el Puerto de Valencia son objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras una denuncia de Compromís.

Como ha venido informando en exclusiva esta redacción, en el encuentro el edil informa a la plantilla de que van a salir plazas en tres organismos -en uno ya han salido- y lamenta que “se han ido retrasando” las plazas en Aumsa, la empresa municipal de vivienda, que finalmente no llegaron a salir. Según las grabaciones a las que ha tenido acceso esta redacción, Marí Olano explica que “son plazas de provisión de puestos de trabajo, más que de acceso al empleo público, y por tanto, la competencia está circunscrita exclusivamente a quienes ya son empleados públicos con relación laboral de carácter indefinido o funcionarios”.

El edil apunta que todas las plazas -siete, afirma- son vacantes que ya existen en las fundaciones y organismos, que no se crea ninguna nueva, y que todo sigue los criterios de cada fundación. Insiste en que las plazas son las que son, que las condiciones de la plaza “no se pueden tocar” y abre la puerta a modificar “los requisitos de la convocatoria”. “Se ha leído la ley hasta donde se ha podido leer”, les dice.

En la reunión, los trabajadores plantean las dudas sobre su futuro laboral. Preguntan si seguirán siendo empleados públicos, si se les reconocerá la antigüedad, si se les puede despedir y cómo será el proceso de extinción del Consorcio. Marí Olano les responde que la previsión es una extinción durante el 2024 y afirma sobre las plazas ofertadas que “se requiere que seáis empleados púbicos para poder presentarse, no vais a perder la condición de empleado público para poder presentaros en condiciones (...) Hasta que no finalice el plazo de presentación de solicitudes no se producirá la extinción de las relaciones laborales”.

Los empleados del Consorcio hacen numerosas preguntas al edil que la alcaldesa, María José Catalá, envía a la reunión como representante municipal. Olano duda sobre las preguntas tan concretas sobre antigüedad en los organismos, y les dice: “No lo he estudiado a fondo”. Las plazas que van a convocarse “son puestos de provisión”, insiste, no son plazas nuevas sino vacantes en los organismos, y les recuerda que ellos ya tienen la condición de empleado público en el Consorcio, pero no sabe las particularidades en otros organismos. Los trabajadores interrogan sobre qué ocurre si entran en Visit Valencia o Aumsa y si les despiden y el edil de Grandes Proyectos vuelve a decir que lo desconoce, pero apunta que él no ha visto muchos despidos en empresas o entidades públicas “salvo por causas muy gordas”. “No hemos llegado a eso porque no es mi función”, les explica.

El edil procede a hacer una explicación más general sobre el asunto. Duda sobre qué condiciones mantendrían, les dice que “no ha llegado a eso”. “Yo no sé si se mantienen totalmente las condiciones laborales vinculadas” en el pasado al Consorcio, apunta. Y enuncia: “Yo lo que te puedo decir es que la condición de empleado público ha sido un requisito fundamental para reducir la competencia. Es decir, para que esas plazas no estuvieran sujetas a un régimen de concurrencia competitiva, que es el normal cuando se seleccionan empleados públicos y que todo el régimen de estatus jurídico laboral que se va a tener es el de la entidad del destino. Eso es lo que te puedo decir”.

Inmediatamente a continuación, expresa que el Consorcio está formado por administraciones públicas en sentido estricto -el Gobierno central, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana-, y que los tres entes en los que van a salir las plazas no son administraciones como tal. “La fundación es una fundación, la Fundación Visit Valencia; la Fundación Deportiva Municipal es un organismo autónomo municipal, tiene un componente administrativo más potente, los empleados sí son empleados públicos, y Aumsa es una sociedad anónima normal y corriente, cuyo capital es íntegramente del Ayuntamiento, pero es una sociedad anónima normal y corriente. Tiene régimen jurídico normal que tienen cada una de ellas. No me compete a mí”, señala.

Posibles irregularidades en la plaza de Visit Valencia

El asunto de la condición de empleado público que se requiere para acceder a las tres plazas de Visit Valencia, tal y como verbaliza Olano, es uno de los elementos clave que puede derivar en responsabilidades por parte de su responsable, la concejala Paula Llobet, tal y como refleja la denuncia que llevó Compromís a la Fiscalía.

Según el edil, se convierte en un requisito “fundamental para reducir la competencia”, lo que podría chocar con los principios de igualdad, mérito y capacidad que requieren este tipo de procesos. Junto a la gran puntuación que se daba a la experiencia en el sector público (hasta 12 puntos de 20), suponía una importante ventaja para estos empleados, muchos de los cuales estaban en el Consorcio desde su creación en 2004.

Pero es que además, cuando se adjudicó una de las tres plazas a E. M., uno de los exempleados del Consorcio Valencia 200 señalados en la denuncia como uno de los beneficiarios de un proceso presuntamente fraudulento, ya no tenía la condición de empleado público, puesto que ya había sido despedido del Consorcio junto al resto de sus compañeros. En concreto, según Compromís, la persona adjudicataria de la plaza fue despedida el 16 de octubre de 2024. Sin embargo, la resolución de la oposición se firmó el 11 de noviembre de 2024 y el contrato al día siguiente, cuando ya había perdido la condición de empleado público tras el despido colectivo del Consorcio València 2007.