“Somos una familia de ocho miembros con un bebé y no nos dan más opción que vivir en la calle u ocupar una vivienda”

“Vivimos en esta casa mi pareja, mis tres hijos, mi nuera mi nieto de un año y medio y yo desde hace cinco meses porque ya veníamos de otro desahucio y ahora en cuestión de 72 horas, cuando al parecer uno de los edificios lo ha comprado una empresa, nos han dicho que está en ruinas y en peligro de derrumbe y que nos tenemos que ir; si no nos dan otra opción, nos veremos abocados a vivir en la calle o ocupar una vivienda”.

Así se pronuncia Carmen, de 37 años, cuya familia es una de las nueve afectadas por el desalojo de un edificio en estado de ruina en la calle Manuel Arnau del barrio de la Creu Coberta de València: “Los únicos ingresos que tenemos son los 340 euros que gana mi hijo mayor como monitor y los 560 euros que me pagan a mí de la renta valenciana de inclusión; así es muy complicado que cualquier propietario nos haga un contrato de alquiler, por no hablar de que es imposible sostener los gastos de toda la familia”.

El desahucio estaba previsto para este lunes, pero finalmente se paralizó gracias a la presión realizada desde primera hora de la mañana por el sindicato del barrio Construyendo Malilla junto a los afectados y a la mediación con el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana para buscar una alternativa.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda que dirige el vicepresidente del Gobierno valenciano Rubén Martínez Dalmau informaron a elDiario.es que se había acordado posponer 10 días el desalojo con el objetivo de buscar una solución ajustada a las necesidades de cada familia: “Este martes mantendremos una reunión con los afectados, la plataforma y el Ayuntamiento para ver qué se puede hacer, pero la idea es buscar viviendas sociales, si no en València ciudad por el déficit existente, en el área metropolitana”.

Por su parte, la concejala de Bienestar y Derechos Sociales de València, Isabel Lozano, explicó que “de las nueve familias afectadas seis cobran la renta valenciana y una la tiene en trámite; además dos familias tienen pensiones no contributivas y hay un caso de una persona que ha llegado hace poco y se está evaluando su situación; todas han sido informadas de las ayudas y las alternativas de las que dispone el Ayuntamiento, tanto económicas como alojamiento en albergues o habitaciones, pero necesitamos también la colaboración de la administración autonómica para aportar soluciones”.

Según Lozano, “en todos los casos se está trabajando con estas familias desde hace tiempo, no es de ahora, aunque ahora se ha dado este problema a partir de la intervención de Disciplina Urbanística que determina que esos dos edificios tienen una situación de peligro de derribo por la situación de la estructura y por eso se está en esta situación de en pocos días tratar de desalojar por la seguridad de las personas que están allí viviendo”.

Por su parte, fuentes de la la Concejalía de Desarrollo Urbano aseguraron que la resolución del estado del edificio es del 24 de julio y se les comunicó a los residentes la semana pasada: “En todo este tiempo se ha ido requiriendo a la propiedad para que arreglara diversas deficiencias y ante la falta de respuesta se le ha instado a la demolición habida cuenta del estado de ruina inminente que presenta; de hecho, se les ha pedido a los residentes que no se asomen a los balcones por riesgo de desprendimiento. Si el propietario no ejecuta el derribo, lo hará el Ayuntamiento y se le repercutirá el coste de forma subisidiaria”.

Carmen, sin embargo, pone en duda esta versión y asegura que los edificios están años en las misma situación y “nunca ha habido ningún problema”, incluso afirma que los primeros bomberos que acudieron este lunes a realizar una inspección les comentaron “que no estaba tan mal”. Sin embargo, lamenta que “ahora que una empresa ha comprado uno de los edificios han venido las prisas por echarnos”.