La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no tiene previsto hacer público por el momento el informe de la Intervención General de la Administración del Estado que habría detectado irregularidades en procesos de contratación. Un documento que la presidenta del organismo, Mar Chao, calificó de “sensible” y del que dio explicaciones en la reunión del consejo del pasado 30 de junio, aunque sin repartirlo entre los consejeros.
Según explicó Chao tras aquella reunión, “se recogen una serie de recomendaciones que adoptaremos como siempre hemos hecho, es muy extenso y sensible y obviamente no es público. Simplemente, tiene un montón de análisis en materia de recursos humanos, pero no recoge ninguna cuestión que incida en que hay perjuicio económico a la entidad”.
Este martes, tras la presentación del Plan Estratégico a 2035 de la APV, Chao no quiso entrar en detalles sobre el motivo por el que no se hacía público el informe. A preguntas de elDiario.es se limitó a decir que están “respondiendo porque hay algún pronunciamiento por parte de algún órgano al respecto y se responderá por el cauce reglamentario”, en alusión al procedimiento judicial abierto por el presunto amaño de diferentes procesos de selección de puestos directivos, al que hace referencia la Intervención.
Como ha venido informando este diario, la APV estaba citada para sentarse en el banquillo de los acusados el pasado 3 de julio por el supuesto amaño de un proceso selectivo por el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera, tras una denuncia del sindicato UGT. El juicio, sin embargo, se aplazó por la indisposición del abogado de una de las partes y se celebrará el 19 de mayo del año que viene.
Y no es el único que tendrá lugar, puesto que, si no hay cambios, el 1 de octubre también de 2026 habrá otra vista por el mismo motivo por la selección de Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras. Como avanzó esta redacción, ambas fueron rescatadas del Consorcio Valencia 2007, ente público que gestionaba la Marina de València, hasta su liquidación. El resto de personal despedido acertó ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la Autoridad Portuaria los nombres de las dos adjudicatarias. También está judicializado el nombramiento de Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio. Aunque abandonó su puesto, la causa judicial sigue vigente.
Silencio sobre supuestas irregularidades en el cobro de 15.000 euros
Preguntada por elDiario.es sobre una supuesta denuncia en la Oficina de Conflicto de Intereses por el cobro indebido de 15.000 euros en dietas y gastos de representación, Mar Chao guardó silencio.
Esta situación fue advertida a los consejeros de la APV antes de la reunión del pasado 30 de junio en un correo anónimo, cuya recepción confirmaron a este diario varios de ellos. Según lo que pone de manifiesto el correo, los altos cargos del organismo portuario (la presidenta y el director general) no tienen derecho al cobro de dietas.
Sin embargo, fuentes de la APV consultadas han justificado la legalidad de las percepciones: “El concepto de dietas, que esta APV entiende son las dietas de manutención en el ejercicio de sus funciones, puesto que la presidenta no cobra otro tipo de dietas (asistencia al consejo, por ejemplo), tienen su marco regulatorio en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Conforme a lo establecido en este Real Decreto, estos conceptos no tienen carácter salarial, sino indemnizatorio contemplando también por ejemplo el abono de taxis, parking, metro, etc. La práctica habitual en el caso del sistema portuario español es que el personal incluido y excluido de convenio y la dirección y la presidencia devenguen las dietas conforme a lo regulado en el mencionado Real Decreto. Así se ha venido haciendo siempre con anteriores presidentes siendo objeto de los controles internos y externos aplicables”.