La Marina de València vuelve a ser escenario de desencuentros entre Compromís y el PSPV a cuenta de la creación de la comisión liquidadora del Consorcio Valencia 2007, órgano creado en su momento para coordinar el funcionamiento del espacio y participado por el Gobierno (40%), por la Generalitat Valenciana (40%) y por el Ayuntamiento (20%).
El consejo rector del pasado 30 de mayo acordó iniciar el proceso de liquidación del organismo una vez el Estado abonó la deuda pendiente y anunció su retirada del mismo, al tiempo que las administraciones autonómica y municipal debían acordar la creación de un nuevo órgano jurídico que gestionara el espacio.
En aquella reunión se aprobó la creación de una comisión liquidadora formada por un representante de cada administración (local y autonómica) y se decidió que la Generalitat Valenciana se encargaría de la gestión de toda la parte náutica (amarres y actividades) y de pesca de la Marina, como si de un puerto autonómico se tratara, mientras el Ayuntamiento se responsabilizará de la parte terrestre (uso y desarrollo de tinglados y otros espacios sin vinculación náutica).
Sin embargo, según han informado a eldiario.es fuentes del Consorcio, la comisión liquidadora no ha llegado a crearse por las reticencias de la parte socialista representada por la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, María Pérez, que se negó a que el director general del ente, Vicent Llorens, formara parte de la misma por designación del alcalde Joan Ribó, al asegurar que cuenta con un informe jurídico que afirma que la liquidación del Consorcio correspondía en exclusiva al Estado.
Sin embargo, dos semanas después de reclamarlo, el mencionado informe no ha llegado al Consejo Rector. Este, en su última reunión consideró que a falta del citado informe, se constituyera una comisión liquidadora con un miembro de cada institución (Estado, Generalitat y Ayuntamiento). De hecho, el Gobierno central ya ha nombrado a un funcionario para participar en el proceso.
Pese a todo, en todo este tiempo desde la parte socialista no se ha contestado a los continuos requerimientos del Consorcio para encauzar la situación, habida cuenta de que todos los trámites administrativos, tales como pagos de nóminas del personal, quedan en manos de una comisión liquidadora que no se ha puesto en marcha.
Ante esta situación de parálisis, el alcalde de València, Joan Ribó, en su condición de presidente del Consorcio, ha firmado las nóminas del presente mes de los empleados de la Marina y ha convocado un consejo rector para pedir explicaciones sobre los reparos de los socialistas a poner en marcha la comisión liquidadora con el objetivo de buscar acuerdos y solventar la situación.
“Si no hay comisión liquidadora, alguien tiene que hacer algo porque la Marina no se va a paralizar y aquí hay 1.000 barcos, 60 concesiones y más de 200 empresas”, explican las mismas fuentes.