“El rascacielos que se plantea es totalmente ajeno a la arquitectura tradicional, una aberración urbanística y paisajística”. Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) se ha manifestado en estos términos con respecto al hotel de hasta 30 alturas que anunciaron recientemente a bombo y platillo la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y la alcaldesa, María José Catalá. Una iniciativa por la que la ciudad no recibirá ni un solo euro al ceder todos los aprovechamientos al organismo portuario.
Junto a la federación vecinal, las asociaciones de los poblados marítimos consultadas por elDiario.es se han mostrado radicalmente en contra de un proyecto que no solo no responde a sus principales problemas, como la turistificación y el precio de la vivienda, sino que consideran que los agravará.
Al respecto, desde la organización vecinal que preside María José Broseta añaden que “tanto el Ayuntamiento como el Puerto deberían estar contemplando, por ejemplo, la recuperación de la Escalera Real, que es un patrimonio público que le da identidad junto con el Edificio del Reloj al puerto histórico, pero por el contrario se están planteando construcciones impropias y que incumplen todos los parámetros mínimos que se deberían respetar”.
Por su parte, desde la asociación del Cabanyal-Canyamelar califican el proyecto de “pelotazo” y recuerdan que cuando se tramitó el Plan Especial del Cabanyal la Dirección General de Costas obligó a reducir las alturas de un hotel de 15 alturas en la zona de Eugenia Viñas precisamente porque rompía con la arquitectura del entorno: “Es increíble que ahora se quiera hacer uno de 30 alturas junto al mar, eso solo responde a los intereses particulares del Puerto y no de la ciudad. Lo que necesitamos es más vivienda pública, más vivienda asequible para que el barrio no pierda a sus vecinos y lo que se ha hecho es una construcción que solo responde a una deuda que tiene el Puerto por una ampliación faraónica e insostenible para la ciudad que se está cargando las playas del sur”, dice su presidente Daniel Adell.
El portavoz de la asociación Amics de la Malva, Pau Díaz, comenta que la posición de la entidad va en la línea de “respetar el medio ambiente y la vida en los barrios y pueblos del litoral”. En este sentido afirma “este tipo de intervenciones no son una prioridad para la ciudadanía de los poblados marítimos ni de la ciudad” puesto que “ante la emergencia de la vivienda, estos proyectos, en este caso un rascacielos, va en contra de las necesidades y derechos de una vivienda digna y asequible” y añade: “Estamos hartos de megaproyectos tipo Formula 1, Copa América o rascacielos; más inversiones para los barrios y sus necesidades, y menos especulación disfrazada de gran proyecto”.
El presidente de la entidad vecinal de Natzaret, Julio Moltó, ha puesto de manifiesto que “no guarda respeto con la arquitectura territorial” y ha criticado que el Ayuntamiento ceda una parcela que es suya a la APV para este tipo de actuaciones. Además, lamenta que el Puerto siga permitiendo que las empresas que están en las antiguas bases a partir del Edificio del Reloj “estén ocupando indebidamente espacio libre ajardinado que debería ser para uso y disfrute de los ciudadanos, según el plan especial de la Marina Real Juan Carlos I”.
Por último, desde la asociación de vecinos del Grau tachan la edificación de “mostrenco gentrificador, irracional en el contexto actual de vivienda precaria” y aseguran que se trata de un “urbanismo desfasado y rancio, una arquitectura como marketing y simple decorado”. La entidad ha convocado una reunión con varias asociaciones vecinales de la zona enfocada inicialmente al problema de la vivienda y los apartamentos turísticos, pero a buen seguro se debatirá también el asunto del rascacielos.
Los continuos agravios del Puerto hacia la ciudad
Chao y Catalá informaron el pasado 17 de diciembre del inicio de los trámites para la construcción de una nueva edificación en la Marina: una torre de 100 metros de alto de uso terciario. El Plan Especial de la Marina prevé que en la parcela, situada entre la plaza de Las Horas, la calle de la Travesía, la antigua Estación Marítima (actualmente, The Terminal Hub) y el tinglado número 4, se construya un edificio que está llamado a ser uno de los principales hitos arquitectónicos de la ciudad por sus características al que se ha denominado Baluarte.
La superficie de la parcela es de 7.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 28.000 metros cuadrados, donde se contemplan 30 plantas y una altura de 108 metros. Además, la nueva construcción tendrá que ser destinada a uso terciario ya sea comercial, hotelero, oficinas y terciario. La inversión privada podría superar los 120 millones de euros.
Durante la reunión entre Catalá y Chao se acordó que el Ayuntamiento procedería a la depuración física y jurídica de la parcela (unos trámites que ya se han iniciado) para la posterior reversión de la propiedad a la Autoridad Portuaria de forma análoga a como se hizo con la parcela de la antigua base del Alinghi.
Seguidamente, la Autoridad Portuaria de Valencia licitará la constitución de un derecho de superficie sobre la misma que consiste en una adjudicación de forma directa, es decir, a dedo, de una concesión a la oferta o proyecto que se considere más interesante. Ni la APV ni el Ayuntamiento dieron detalles de los años que se otorgará al operador privado ni de la cuantía del canon que abonará al organismo portuario en concepto de canon.
La ciudad tampoco cobra canon alguna de la concesión otorgada a la empresa a la que se la adjudicó la gestión de la Marina de València, Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar, que abonará a la APV en concepto de tasas por la explotación de los espacios un total de 5 millones de euros. Lo mismo sucede con la base de Alinghi, adjudicada a Lanzadera para una nueva sede, por la que abonará al Puerto 220.000 euros anuales en concepto de canon.