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La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, anunciaron en diciembre de 2023 la privatización para los próximos 35 años de la gestión de un 47% de la Marina de València (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y parte de la zona sur y norte, perdiendo así la ciudad el control unitario del espacio y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades.
A cambio, la empresa adjudicataria, Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar, abonará a la APV en concepto de tasas por la explotación de los espacios un total de 5 millones de euros de los que la ciudad no verá ni un euro. Lo mismo sucede con la base de Alinghi, adjudicada a Lanzadera para una nueva sede, por la que abonará al Puerto 220.000 euros anuales en concepto de canon.
Una historia que se repetirá con la connivencia de Catalá con el recientemente anunciado rascacielos de 30 alturas que se dedicará a usos hoteleros y comerciales y que se ubicará junto al edificio del reloj de los que el Ayuntamiento tampoco recibirá ingreso alguno.
Catalá y Chao anunciaron el pasado 17 de diciembre el inicio de los trámites para la construcción de una nueva edificación en la Marina: una torre de 100 metros de alto de uso terciario. El Plan Especial de la Marina prevé que en la parcela, situada entre la plaza de Las Horas, la calle de la Travesía, la antigua Estación Marítima (actualmente, The Terminal Hub) y el tinglado número 4, se construya un edificio que está llamado a ser uno de los principales hitos arquitectónicos de la ciudad por sus características al que se ha denominado Baluarte.
La superficie de la parcela es de 7.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 28.000 metros cuadrados, donde se contemplan 30 plantas y una altura de 108 metros. Además, la nueva construcción tendrá que ser destinada a uso terciario ya sea comercial, hotelero, oficinas y terciario. La inversión privada podría superar los 120 millones de euros.
Durante la reunión se ha acordado que el Ayuntamiento proceda a la depuración física y jurídica de la parcela para la posterior reversión de la propiedad a la Autoridad Portuaria de forma análoga a como se hizo con la parcela de la antigua base del Alinghi. Seguidamente, la Autoridad Portuaria de Valencia licitará la constitución de un derecho de superficie sobre la misma que consiste en una adjudicación de forma directa de una concesión a la oferta o proyecto que se considere más interesante. Ni la APV ni el Ayuntamiento dieron detalles de los años que se otorgará al operador privado ni de la cuantía del canon que abonará al organismo portuario. En el caso de la base de Alinghi, la concesión otorgada a Lanzadera es por 65 años.
Los continuos agravios del Puerto hacia la ciudad
València ha vivido permanente arrodillada a los intereses del Puerto. Sacrificó los barrios de Nazaret y La Punta al cubrir sus playas de hormigón y grúas para ejecutar la ampliación sur y también destruyó parte de su huerta para construir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Unas pérdidas de incalculable valor para la ciudad. Tan solo el alcalde de Compromís, Joan Ribó, se ha atrevido a alzar la voz oponiéndose a la ampliación norte y a la usurpación de los espacios de la Marina. Todo lo contrario que Catalá.
Tras ejecutar los muelles que acabaron con la costa de Natzaret y La Punta, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se comprometió a desafectar del dominio público portuario estatal los terrenos de la zona de servicio del Puerto de Valencia circundantes con la denominada Dársena Interior del Puerto, con una superficie total estimada de 237.261 metros cuadrados. Es decir, se cedía a la ciudad lo que hoy se conoce como la Marina de València.
Un espacio que forma parte de la trama urbana de la ciudad, pero que Catalá ha devuelto de facto a la APV al renunciar a su gestión y a los ingresos de su explotación una vez se liquidó el Consorcio Valencia 2007, el órgano integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ) que lo administraba desde su creación en el año 2003 con motivo de la celebración de la Copa América.
Coincidiendo con la aprobación de las obras de la ampliación norte valoradas en 660 millones de euros que debe financiar la APV y tras asumir el Gobierno de Pedro Sánchez la deuda de 380 millones que pesaba sobre el Consorcio, el organismo portuario reclamó a la ciudad la recuperación de la Marina por medio de un informe de la Abogacía del Estado.
Por medio de ese documento se advirtió al Ayuntamiento, entonces dirigido por Ribó, de que en esos terrenos y bienes cedidos tales como los Docks, Veles e Vents o Edem no cabían actividades con ánimo de lucro y solo se pueden dedicar a un fin de utilidad pública. De lo contrario, el Puerto de València podría reclamar la titularidad de todo el espacio.
Ribó se opuso frontalmente esgrimiendo otro informe de sus propios servicios jurídicos municipales que contradice el de la APV al considerar con abundante jurisprudencia que los usos económicos, recreativos o turísticos también se pueden considerar de utilidad pública.
Pero Catalá, en lugar de defender los intereses de la ciudad, se plegó a los de la APV y decidió ceder el control y explotación de toda la Marina a la APV que convocó un concurso del que resultó ganadora la unión temporal de empresas (UTE) formada por Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar, a la que se le adjudicó la explotación de las instalaciones en julio de 2024 durante un periodo de 35 años.
La APV, según el pliego colgado en su página web, cobrará en concepto de tasas por la explotación de los espacios un total de 5 millones de euros de los que la ciudad no verá ni un euro. La historia se repitió con la adjudicación de la base de Alinghi a Lanzadera, donde la empresa abonará un canon anual a la APV de 220.000 euros durante 65 años y se vuelve a reeditar ahora con el rascacielos de 30 alturas.
De trasfondo, la delicada situación financiera de la APV provocada por las obras de ampliación y la congelación de los presupuestos generales del Estado, que prevén una aportación económica para la infraestructura, pero que al parecer no cubren la totalidad de las anualidades ya que estas se van incrementando de forma progresiva.
Esto hace que el organismo portuario necesite activar y explotar todos los recursos a su alcance para generar ingresos. Así lo reconoció el Gobierno en una respuesta parlamentaria (documento completo al final de la información) antes de las pasadas elecciones al entonces diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien solicitó una modificación de la Ley de Puertos para que todos los terrenos náuticos de uso ciudadano y de titularidad del Estado sin actividad portuaria se cedieran a la ciudad, en este caso al Ayuntamiento del València: “El impacto en la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de la segregación de los espacios náutico deportivos incluida La Marina de Valencia, sería de unos 15 millones de euros de ingresos. La APV necesita todos sus recursos económicos para financiar la parte pública de la nueva Terminal de Contenedores Norte del Puerto de Valencia”.