Los ingresos por privatizar la Marina se destinarán a pagar la ampliación del Puerto de València

¿Por qué se ha decidido incluir en el concurso para la gestión privada de los amarres de la Marina de València una pastilla de 235.000 metros cuadrados de suelo que pasarán de estar gestionados por la administración pública a depender los intereses de una empresa?

Esta pregunta que planteó elDiario.es en la rueda de prensa de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, y la alcaldesa de València y consejera de la APV, María José Catalá, tras la reunión del consejo de administración en el que se aprobó la privatización de un 47% de los terrenos de la Marina no obtuvo una respuesta clara sobre el fondo de la cuestión.

La clave del asunto, sin embargo, está relacionada con otro tema que se aprobó en ese mismo consejo: el incremento en un 22% del coste de los muelles de la ampliación norte del Puerto, que pasará de 542 a 660 millones de euros a sufragar con fondos públicos por el incremento del coste de los materiales de obra.

Y es que, los recursos económicos que obtenga la APV en concepto de tasas a abonar por la empresa que gestionará y explotará el espacio que se privatiza con nuevos comercios y locales de hostelería servirá para pagar la ampliación del Puerto. Esto explica la nula oposición de la alcaldesa de València, María José Catalá, defensora a ultranza de la ampliación, a perder el control de unos terrenos sobre los que hasta ahora decidía la ciudad desde el Consorcio.

La respuesta que dio el Gobierno de Pedro Sánchez (documento completo al final de la información) antes de las pasadas elecciones al diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien solicitó una modificación de la Ley de Puertos para que todos los terrenos náuticos de uso ciudadano y de titularidad del Estado sin actividad portuaria se cedieran a la ciudad, en este caso al Ayuntamiento del València, fue contundente y va en la línea de lo que se aprobó en el consejo de la APV: “El impacto en la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de la segregación de los espacios náutico deportivos incluida La Marina de Valencia, sería de unos 15 millones de euros de ingresos. La APV necesita todos sus recursos económicos para financiar la parte pública de la nueva Terminal de Contenedores Norte del Puerto de Valencia”.

Como informó este diario, en su proposición de ley, Baldoví argumenta que “actualmente es una realidad el hecho de que se está produciendo, de facto, una reconversión de los puertos históricos de las principales ciudades” y añade: “Este proceso, dentro de la integración puerto-ciudad, requiere de instrumentos que garanticen una gestión eminentemente democrática y que satisfagan las voluntades de los ciudadanos que se ven afectados. Los diferentes intereses de los agentes afectados en esta transformación han de estar representados y las instituciones afectadas, principalmente las municipales, han de integrar estos espacios a las estrategias legítimamente construidas”.

Por este motivo, “la presente propuesta de modificación legal reclama que la Marina de València se pueda convertir en un modelo replicable y paradigmático en el resto de los espacios portuarios de España a los que afectará está acción legislativa”.

En su respuesta, además de lo ya expuesto, el Gobierno afirma que “no resulta recomendable modificar el vigente marco legal, alterando principios básicos de su funcionamiento, sino hacer valer las posibilidades de nuestro actual marco normativo, contando con una voluntad real de las Administraciones Publicas que se sientan implicadas en este tipo de proyectos”, es decir, que el Estado no está dispuesto a perder el control y la última palabra de sus espacios, aunque ya no tengan un uso industrial.

A continuación, se expone el impacto económico que tendría la medida, a todas luces el motivo de mayor peso para rechazar la propuesta: “Los ingresos previstos por la actividad de las dársenas náutico-deportivas que se encuentran en la zona de servicio portuaria serían de entre 100 y 108 millones de euros anuales. La segregación de esos espacios supondría perder entre el 8 y 9% de los ingresos anuales del sistema portuario”.

Por otro lado, “se propone la modificación del artículo 161 de la Ley de Puertos con la pretensión de que, con respecto a la tasa de ocupación, se considere que no existe ocupación privativa en los casos en que un ente público ostente un derecho de ocupación de espacios, pero los mismos se destinen al uso público (como viario, zonas verdes o espacios libres de uso público)”, una situación que ha generado un conflicto entre la APV y la Marina de València, hasta el punto que el organismo portuaria reclama en concepto de tasas 22 millones de euros al Consorcio por el uso de sus espacios.

“El impacto presupuestario sería de 65.054.493 euros de disminución de la recaudación por tasa de ocupación y de actividad, 10.407.934 euros de disminución de los ingresos por tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo y 24.692.130 euros de importes adicionales a las tasas. Estas tres partidas suman los 100.154.557 euros antes mencionados”, por lo que se rechaza también la propuesta.

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