Portazo del Gobierno a la desafección de la Marina de València: “Su impacto sería de 15 millones, necesarios para ampliar el Puerto”

“El impacto en la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de la segregación de los espacios náutico deportivos incluida La Marina de Valencia, sería de unos 15 millones de euros de ingresos. La APV necesita todos sus recursos económicos para financiar la parte pública de la nueva Terminal de Contenedores Norte del Puerto de Valencia”.

El Ministerio de Presidencia del Gobierno da portazo de esta sorprendente forma a la proposición de ley para modificar la Ley de Puertos, presentada recientemente por el diputado de Compromís, Joan Baldoví, con el objetivo de que las ciudades que cuentan con puertos de interés general, como el de València, puedan gestionar los espacios que, como la Marina, carecen de uso portuario a nivel industrial, al haberse integrado en la ciudad. Dicho de otra forma, que los ayuntamientos legítimamente constituidos tengan capacidad de decisión sobre una parte de la ciudad que con la actual legislación controla y explota el Gobierno central desde Madrid.

La respuesta es un fiel reflejo, además, de lo alejado que está el Gobierno de las realidades sociales y políticas de cada territorio, al justificar la imposibilidad de la desafección de los terrenos de la Marina de València en una ampliación portuaria, paralizada cautelarmente por la Justicia, a la que se opone la mitad del Gobierno valenciano (Compromís y Unides Podem), así como el alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís). Por no hablar de la importante contestación social que ha generado, con todas las asociaciones vecinales de la fachada marítima y ecologistas en contra del proyecto, al poner en riesgo las playas del sur y la Albufera.

En su proposición de ley, Baldoví argumenta que “actualmente es una realidad el hecho de que se está produciendo, de facto, una reconversión de los puertos históricos de las principales ciudades” y añade: “Este proceso, dentro de la integración puerto-ciudad, requiere de instrumentos que garanticen una gestión eminentemente democrática y que satisfagan las voluntades de los ciudadanos que se ven afectados. Los diferentes intereses de los agentes afectados en esta transformación han de estar representados y las instituciones afectadas, principalmente las municipales, han de integrar estos espacios a las estrategias legítimamente construidas”.

La proposición continúa señalando que “la relación puerto-ciudad, cada vez más estrecha y deseable, precisa de entidades de gestión adecuadas y, en particular, de un régimen legal que acompañe y dé respuesta adecuada a esta nueva realidad y necesidad” y pone como ejemplo el caso de la Marina de València, cuyo ente gestor, el Consorcio que está en fase liquidación y en el que, presidido por el alcalde, estaban también representadas las administraciones autonómica y central, un modelo que “en la actualidad ha colapsado por la necesidad de una nueva legislación más moderna y acorde con las necesidades actuales”.

Por este motivo, “la presente propuesta de modificación legal reclama que la Marina de València se pueda convertir en un modelo replicable y paradigmático en el resto de los espacios portuarios de España a los que afectará está acción legislativa”.

En su respuesta, además de lo ya expuesta, el Gobierno afirma que “no resulta recomendable modificar el vigente marco legal, alterando principios básicos de su funcionamiento, sino hacer valer las posibilidades de nuestro actual marco normativo, contando con una voluntad real de las Administraciones Publicas que se sientan implicadas en este tipo de proyectos”, es decir, que el Estado no está dispuesto a perder el control y la última palabra de sus espacios, aunque ya no tengan un uso industrial.

Visto lo anterior, prosigue el Gobierno en su argumentación, “es posible alcanzar, y son muchos los ejemplos de ello, el objetivo de favorecer la dinamización de la actividad en las áreas objeto de actuación y la generación de espacios modernos y abiertos a la ciudadanía y a la empresa, de forma compatible con la potenciación de las zonas portuarias”. Es reseñable, a este respecto, “las importantes inversiones de las Autoridades Portuarias en las zonas de servicio de los puertos españoles dirigidas a proyectos de mejora de la interrelación entre el puerto y las ciudades (Barcelona, Santander, Bilbao, València, Alicante, Málaga, Las Palmas, Vigo, etc.)”.

A continuación, se expone el impacto económico que tendría la medida, a todas luces el motivo de mayor peso para rechazar la propuesta: “Los ingresos previstos por la actividad de las dársenas náutico-deportivas que se encuentran en la zona de servicio portuaria serían de entre 100 y 108 millones de euros anuales. La segregación de esos espacios supondría perder entre el 8 y 9% de los ingresos anuales del sistema portuario”.

Por otro lado, “se propone la modificación del artículo 161 de la Ley de Puertos con la pretensión de que, con respecto a la tasa de ocupación, se considere que no existe ocupación privativa en los casos en que un ente público ostente un derecho de ocupación de espacios, pero los mismos se destinen al uso público (como viario, zonas verdes o espacios libres de uso público)”, una situación que ha generado un conflicto entre la APV y la Marina de València, hasta el punto que el organismo portuaria reclama en concepto de tasas 22 millones de euros al Consorcio por el uso de sus espacios.

“El impacto presupuestario sería de 65.054.493 euros de disminución de la recaudación por tasa de ocupación y de actividad, 10.407.934 euros de disminución de los ingresos por tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo y 24.692.130 euros de importes adicionales a las tasas. Estas tres partidas suman los 100.154.557 euros antes mencionados”, por lo que se rechaza también la propuesta.

El diputado de Compromís y candidato de la coalición a la presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, ha comentado al respecto que quieren cambiar la Ley de Puertos “para que los puertos estén obligados a respetar la gobernanza de las ciudades en las que se sitúan así como a invertir un porcentaje fijo de sus beneficios en ellas”.

Además, ha añadido que “ante la actual situación de bloqueo por parte el Estado, Compromís considera prioritario exigirle la desafectación de todos los terrenos portuarios que son de actual uso ciudadano para que pasan a titularidad de València, y que la gestión forme parte de un nuevo ente que decida sobre el futuro del Puerto de València de manera participada”.

Baldoví ha recordado que se oponen “a la actual propuesta de ampliación del Puerto de València hecho a propuesta de la Autoridad Portuaria de València”. Según los expertos, “generará un impacto ambiental negativo considerable, teniendo en cuenta el CO2 incorporado causado por la construcción, el aumento del tráfico marítimo y también el crecimiento del número de camiones que circularán por el área metropolitana”.

La interinidad del Consorcio de la Marina

La respuesta del Gobierno a la propuesta de Baldoví va también en contra del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de València del pasado mes de marzo que aprobó con el apoyo de Compromís y PSPV-PSOE, la abstención del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), y el voto en contra de Vox, instar a la Autoridad Portuaria de València (APV) “a establecer una hoja de ruta clara entre el mencionado organismo público encargado del Puerto, la Generalitat y el Ayuntamiento para la cesión gratuita y gestión integral de todos los espacios de la dársena interior histórica y todos los espacios correspondientes a La Marina en la ciudad, creando un ente público gestionado por la administración autonómica y local con el fin de otorgar seguridad jurídica en este espacio garantizando una dirección profesional y una estrategia orientada a consolidar una referencia de transformación económica y destino de inversiones estratégicas para la ciudad”.

El funcionamiento del Consorcio Valencia 2007, entidad formada por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%) encargada de gestionar la Marina de València, sigue enredado en una maraña jurídica desde que la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente.

La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar un proceso de liquidación que finalmente quedó paralizado hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor con el objetivo de mantener la gestión unitaria de todo el recinto. Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) prorrogó durante un año (hasta el 31 de diciembre de 2023) la cesión de la gestión de sus terrenos en favor del Consorcio.

El Consorcio mantiene una deuda de 24,7 millones de euros con la APV en concepto de tasas de ocupación e impuestos que han sido recurridas en los juzgados por el ente, al considerar que no cabe el cobro de las mencionadas tasas por una cuestión de interés general, al ser suelo urbano a efectos prácticos. Una cuestión que también estará sobre la mesa, como las infraestructuras valoradas en 127 millones de euros construidas sobre suelo de titularidad estatal. Se trata principalmente de los amarres, los pantalanes y la zona de conciertos de la Marina Sur o los paseos habilitados entre las bases y la lámina de agua, un patrimonio que la APV, dependiente de Puertos del Estado y por lo tanto del Gobierno, prevé reclamar en el proceso de liquidación, ahora paralizado.