CCOO demanda a la Universidad Politécnica de València por el fichaje “a dedo” del subsecretario de Mazón

El sindicato CCOO ha interpuesto una demanda judicial contra la Universitat Politècnica de València (UPV) solicitando la nulidad del nombramiento, mediante adscripción provisional, del ex alto cargo del Gobierno valenciano de Carlos Mazón, Joaquín Vañó, como nuevo jefe del Servicio de Gestión Económica de la institución académica. La organización sindical fundamenta su acción legal en la presunta vulneración de los principios rectores de acceso al empleo público, denunciando que se han esquivado los mecanismos ordinarios de publicidad y libre concurrencia.

Tal como adelantó elDiario.es, el beneficiario de este nombramiento es el ex subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, quien fuera una pieza clave en el engranaje legal de las políticas del Ejecutivo de Mazón. Tras su salida del Consell, su incorporación a la UPV se ha realizado mediante una figura de adscripción provisional que, según CCOO, se ha utilizado como un “atajo” para eludir el control y la transparencia necesaria en la gestión de los recursos públicos.

“Un espacio de gestión discrecional”

Desde la sección sindical de CCOO-UPV han sido tajantes al afirmar que no se debe permitir que la universidad se convierta en un “espacio de gestión discrecional, sin negociación y sin información previa”. Para el sindicato, la forma en que se ha provisto este puesto de alta responsabilidad supone un agravio comparativo para el resto de funcionarios que pretenden acceder a una ocupación pública en igualdad de condiciones y conlleva un “serio riesgo de arbitrariedad”.

La demanda presentada tiene como objetivo principal restablecer la legalidad y asegurar que cada puesto en la UPV sea ocupado siguiendo los procedimientos legales de provisión de puestos. “La adscripción provisional debe ser una excepción justificada, no una vía para evitar la fiscalización”, mantienen desde el sindicato, subrayando que su compromiso es garantizar una gestión ética donde el dinero del contribuyente se destine a una estructura de personal eficiente y no seleccionada de manera arbitraria.

Tolerancia cero ante la falta de transparencia

Con esta acción judicial, CCOO reafirma su postura de “tolerancia cero” ante cualquier intento de proveer puestos de trabajo sin respetar la normativa de Función Pública. La organización ha anunciado que continuará vigilando cada nombramiento en la institución para denunciar cualquier posible abuso de poder que pretenda ignorar los principios de mérito y capacidad.

Por su parte, la noticia adelantada por elDiario.es ya ponía el foco sobre el perfil del ex alto cargo, señalando su papel fundamental en la arquitectura jurídica de las consellerias gestionadas por el PP y Vox, lo que añade una carga de polémica política al procedimiento administrativo ahora cuestionado en los tribunales.