UGT amenaza con recurrir a la vía judicial y sacar las movilizaciones a la calle si la negociación con Cruz Roja no avanza
La Fderación de Serveis Públics de UGT en el País Valencià ha advertido de que, tras el éxito de la huelga celebrada esta semana en los centros valencianos de Cruz Roja, acudirá a la vía judicial y sacará las protestas a las calles sin la negociación no avanza.
El sindicato califica de éxito absoluto los paros parciales celebrados de lunes a viernes, ya que han los centros de Cruz Roja en Alicante, Castellón y Valencia para exigir el cumplimiento íntegro de la reforma laboral y la adecuación inmediata de los convenios colectivos de la entidad.
Según denuncia el sindicato, Cruz Roja Española incumple desde el 1 de julio de 2022 la obligación legal de adaptar las tablas salariales de sus convenios al salario mínimo establecido para su sector de actividad. Esta exigencia deriva de la reforma laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz a través del Real Decreto-ley 32/2021, que eliminó la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial recogida en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.
La norma otorgaba un plazo de seis meses para adaptar los convenios colectivos suscritos y registrados o publicados con anterioridad a su entrada en vigor. Sin embargo, UGT sostiene que Cruz Roja es, a día de hoy, “la única gran entidad del sector” que no ha aplicado esta modificación normativa en ninguno de sus convenios colectivos en todo el Estado.
La huelga, que ha tenido un gran seguimiento según fuentes sindicales, ha supuesto la paralización de numerosos servicios en los centros valencianos. La plantilla reclama salarios dignos y el desbloqueo inmediato de las negociaciones colectivas, actualmente estancadas en las tres provincias.
UGT Serveis Públics anuncia que denunciarán formalmente la situación ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social para solicitar una actuación de oficio que garantice el cumplimiento de la legalidad vigente. Asimismo, pedirán la intervención del Ministerio de Derechos Sociales, cuyo titular preside por ley el Consejo de Protección de la Cruz Roja Española, órgano encargado de velar por el respeto a la normativa en la institución.
El sindicato insta ahora a la dirección de Cruz Roja a negociar “de buena fe” los convenios colectivos provinciales de Alicante, Castellón y Valencia. En caso contrario, advierte de que estudiará la interposición de demandas judiciales por vulneración de la normativa laboral y la convocatoria de nuevas movilizaciones de mayor alcance en la calle.
UGT considera que la situación no solo afecta a las condiciones salariales de la plantilla, sino que también cuestiona el cumplimiento normativo por parte de una entidad de referencia en el ámbito social, cuya actividad está sujeta a un especial escrutinio público.
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