Ente gestor, deudas con el Puerto y amarres: el Consorcio convoca un consejo para dar viabilidad a la Marina de València

El funcionamiento del Consorcio Valencia 2007, entidad formada por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%) encargada de gestionar la Marina de València, sigue enredado en una maraña jurídica desde que la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente.

La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar un proceso de liquidación que finalmente quedó paralizado hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor con el objetivo de mantener la gestión unitaria de todo el recinto. Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) prorrogó durante un año (hasta el 31 de diciembre de 2023) la cesión de la gestión de sus terrenos en favor del Consorcio. Sin embargo, al mismo tiempo, advirtió al Ayuntamiento mediante un informe de la Agogacía del Estado de que no puede mantener un uso privativo de los edificios cedidos, algo que desde alcaldía niegan y advierten a la APV de acciones legales si trata de recuperarlos sin consenso, tal y como ha informado elDiario.es.

En este contexto, se ha convocado un consejo rector previsiblemente para el próximo lunes 27 de febrero en el que se abordará la posibilidad de autorizar a las personas designadas como liquidadoras para que puedan renovar o contratar nuevos servicios que garanticen el normal funcionamiento de la Marina, puesto que hasta ahora tan solo estaban capacitados para firmar gastos ordinarios como por ejemplo nóminas de los empleados.

Además, es previsible que en la reunión se aborden otras cuestiones como el futuro modelo de gestión, en el que finalmente es muy posible que mantenga su presencia un representante del Estado, o la situación del concurso público que se licitará para gestionar los casi 1.000 amarres de la Marina.

Además, como informó elDiario.es, el Consorcio mantiene una deuda de 24,7 millones de euros con la APV en concepto de tasas de ocupación e impuestos que han sido recurridas en los juzgados por el ente, al considerar que no cabe el cobro de las mencionadas tasas por una cuestión de interés general, al ser suelo urbano a efectos prácticos. Una cuestión que también estará sobre la mesa, como las infraestructuras valoradas en 127 millones de euros construidas sobre suelo de titularidad estatal.

Se trata principalmente de los amarres, los pantalanes y la zona de conciertos de la Marina Sur o los paseos habilitados entre las bases y la lámina de agua, un patrimonio que la APV, dependiente de Puertos del Estado y por lo tanto del Gobierno, prevé reclamar en el proceso de liquidación, ahora paralizado.