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La entrada de la ultraderecha y su agenda negacionista en los gobiernos locales condiciona políticas esenciales para la ciudadanía. Y València es un ejemplo paradigmático de que bastan cuatro concejales para cambiar por completo la vida de la ciudad.
La negativa de Vox, socio del PP en el consistorio que encabeza María José Catalá, a aprobar una zona de bajas emisiones es el ejemplo más grande vivido en la ciudad. Lo es por cuantioso, pues hay en juego 115 millones de euros de financiación europea -cuatro veces el presupuesto municipal para vivienda, por ejemplo-, pero también por su impacto para la ciudadanía. La legislación, que parte de una directiva europea, implica sacar los vehículos contaminantes de la vida cotidiana de la ciudad, limitarlos en su mayoría. Afecta a la salud, por lo que respecta a la calidad del aire; a la movilidad, puesto que los vehículos con más años quedarían muy limitados, y también a la economía. Es en este último punto en el que se escudaban los populares para no acometer una gran reforma, en el desembolso que conlleva un nuevo vehículo que cumpla la normativa.
La propuesta del PP era, literalmente, de mínimos. Se pretendía implementar progresivamente y no afectaría a los vehículos censados hasta 2028, con un impacto previsto en el 8% del parque automovilístico. Y pese a ello, Vox ha dicho que no. Varias veces. En los últimos plenos han tumbado las propuestas del PP, pero también han caído las del PSPV y Compromís, que quieren ir mucho más allá y reclaman medidas a la altura de las circunstancias. En España se estima que la contaminación del aire provoca 22.000 muertes al año. Y pese a ello, la formación de ultraderecha se niega a medidas mínimas. Es más: por si había dudas sobre su postura, el grupo ha registrado una proposición no de ley en las Corts Valencianes para eliminar esta regulación por completo.
La zona de bajas emisiones no es solo una exigencia normativa. Es también una exigencia vecinal. La Federació d’Associacions Veïnals de València ha solicitado una reunión urgente con la alcaldesa y otra con cada uno de los partidos de la oposición, PSOE y Compromís, con el fin de que se llegue a un acuerdo para implementar esta norma. La federación, en un comunicado, reclama al gobierno local “responsabilidad y flexibilidad para tratar de acercar posiciones por un bien común como es respirar un aire mejor y, por tanto, cuidar la salud de las personas, sin sucumbir a las ideas negacionistas del cambio climático”.
El voto en contra de Vox, que no parece querer cambiar de opinión, evidencia la debilidad del gobierno que encabeza el PP. El equipo de Catalá puede sacar adelante unos presupuestos y aprobar medidas cada viernes en la junta de gobierno local, pero, si sus socios se plantan, no se avanza un milímetro. Incluso se retrocede. Sucede lo mismo con la eliminación de las fundaciones Clima y Energía y el CEMAS, que ahora formarán parte de un nuevo organismo, una forma de descafeinar las políticas contra el cambio climático. También con la violencia de género, violencia estructural que la ultraderecha niega. Y así, con todo. Mientras Vox quiera.