El error Marlaska

El error del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido el de no destituir al coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el mismo momento en que fue designado ministro por el presidente del Gobierno y tomó posesión del cargo. La Comandancia de la Guardia Civil de Madrid es un cargo de libre designación por el ministro del Interior. Dada la importancia que tal comandancia tiene en la economía del Ministerio de Interior, es lógico que el ministro puede decidir discrecionalmente quién debe ocuparla.

Con la información de la que dispongo no tengo ningún motivo para pensar que el currículum del coronel Pérez de los Cobos no lo acredita para ocupar dicha comandancia. Parece completamente razonable que el ministro del Interior del Gobierno presidido por Mariano Rajoy lo designara para ocupar dicho puesto. Que para el ministro Fernández Díaz el coronel Pérez de los Cobos fuera una persona de su confianza lo entiende todo el mundo.

Lo que no se entiende y, por tanto, no puede entender nadie, es que un ministro de un Gobierno socialista mantenga su confianza en una persona que ha ocupado un lugar tan destacado en un Ministerio que tiene en su haber la 'operación Kitchen', la 'policía patriótica', la utilización presuntamente delictiva de los 'fondos reservados' y un largo etcétera de conductas incalificables. No sé si el coronel Pérez de los Cobos ha estado implicado o no, de manera directa o indirecta, por acción o por omisión, en alguna de esas “hazañas”, pero un mínimo de prudencia debería haber conducido al nuevo ministro a apartar a la persona que ha ocupado un lugar tan relevante en el Ministerio en el que han tenido lugar esos presuntos delitos. No tiene sentido renovar la confianza en una persona que ha ocupado un lugar tan sensible cuando se estaban produciendo delante de sus ojos acontecimientos que se califican por sí mismos.

Es obvio que el coronel Pérez de los Cobos es portador del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Pero no lo es menos que la presunción de inocencia no es argumento suficiente para designar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El ministro del Interior de un Gobierno socialista debe nombrar a un jefe de la Comandancia de Madrid de cuya lealtad no tenga la menor duda.

Desde el mismo momento en que Pedro Sánchez le manifestó su voluntad de designarlo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska debió ponerse manos a la obra para seleccionar a las personas de “libre designación” que le iban a acompañar en la gestión del ministerio. Y una de las primeras en las que tenía que haber pensado es en la persona apropiada para la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El coronel Pérez de los Cobos no podía ser la persona de confianza de un ministro del Interior de un Gobierno socialista. Y más después de lo que se sabía que había ocurrido en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.

El no haber actuado de esa manera ha sido un inmenso error, como el propio Fernando Grande Marlaska está pudiendo comprobar. La destitución al comienzo de su mandato se podía hacer sin necesidad de justificación de ningún tipo. Se agradecen los servicios prestados y punto. El ministro designa al personal de confianza que lo va a acompañar en la gestión del ministerio. El acto de destitución de los antiguos cargos de libre designación del Ministerio del Interior y el nombramiento de los nuevos al comienzo del mandato no tiene que ser “motivado” y, en consecuencia, no es impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La destitución posteriormente, cuando el ministro ha renovado implícitamente la confianza en la persona que ocupa el puesto de libre designación, sí tiene que ser un acto motivado, susceptible por tanto de recurso ante el poder judicial.

Y en un ambiente de polarización política como el que nos encontramos puede ocurrir cualquier cosa. Como decía mi maestro, D. Alfonso de Cossio, con la sorna que lo caracterizaba, en un juicio no se puede nunca descartar que el elemento irracional sea el juez.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional no es firme. El Ministerio ha anunciado recurso y habrá que estar atento, por tanto, a lo que decida el Tribunal Supremo.

Que no haya sentencia firme no ha sido obstáculo, sin embargo, para que se haya iniciado una campaña furibunda exigiendo la dimisión o la destitución del ministro Grande Marlaska. Como si la anulación de un acto administrativo por la jurisdicción contencioso-administrativa, de los que se producen centenares todos los años, fuera motivo suficiente para ello. No habría Gobierno que pudiera funcionar si cada sentencia desfavorable de un tribunal de lo contencioso-administrativo conllevara la destitución de quien dictó dicho acto. Esto es tan sobradamente conocido que resulta sorprendente tener que ponerlo por escrito.

Y menos cuando el acto administrativo afecta a una persona que ocupa un lugar de “libre designación”.

Pero así está el país.