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Javier Pérez Royo

16 de mayo de 2023 23:32 h

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Me imagino que muchos de los lectores de elDiario.es saben que Arnaldo Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a seis años, que la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo y que el Tribunal Constitucional no le otorgó el amparo en el recurso que interpuso contra las sentencias dictadas por dichos tribunales. 

Arnaldo Otegi ingresó en prisión y permaneció en ella seis años. Había interpuesto un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por falta de imparcialidad de la presidenta de la Sala de la Audiencia Nacional que lo condenó, recurso que acabó siendo estimado positivamente por el TEDH, anulando, en consecuencia, las sentencias dictadas contra él. Pero dicho recurso europeo llegó cuando Otegi ya había cumplido por completo la pena impuesta. Estuvo seis años en la cárcel sin que su presunción de inocencia hubiera sido destruida de manera constitucionalmente correcta.

En este momento la Sala de lo Penal está intentando poner en marcha una estratagema no para revisar la sentencia dictada con vulneración de un derecho fundamental tan esencial como es el derecho a un juez imparcial, que es lo que se impone tras la sentencia del TEDH, sino para repetir el juicio en la Audiencia Nacional con un tribunal distinto. Todavía está por ver si esa estratagema progresa o si, por el contrario, es frenada por la reacción frente a la misma por parte de la defensa de Otegi. 

El interrogante se impone: ¿Es no sólo jurídicamente, sino también éticamente aceptable que la presidenta de la Sala de la Audiencia Nacional y los demás magistrados de dicha Sala, así como los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, hayan continuado ejerciendo la función jurisdiccional sin haber recibido el más mínimo reproche por una conducta injustificable, mientras que se pone en cuestión la idoneidad de Otegi para poder ser candidato en unas elecciones por haber sido miembro de ETA? ¿Han pedido perdón no ya a Otegi, sino al conjunto de la sociedad española por su conducta anticonstitucional y por el desprestigio que ha supuesto dicha conducta para el Estado de Derecho español?

E insisto, están intentando poner en marcha un nuevo proceso de manera anticonstitucional para condenar a Otegi tras haber pasado en prisión los seis años a los que fue condenado. Dejo que cada lector califique esa conducta de la manera que le parezca apropiado.

A los miembros del nacionalismo abertzale se les ha aplicado la ley penal, incluso más allá de lo que la Constitución permite. Y sin embargo, desde que se constituyó Bildu, no ha habido ni una sola conducta antijurídica posterior de los miembros de la dirección de dicho partido que haya podido ser perseguida ante los tribunales de justicia. ¿Qué ocurriría con la dirección del PP si se le aplicara la vara de medir que se le ha aplicado y se pretende seguir aplicando a los miembros de la dirección y a la militancia de Bildu? 

La integración de la izquierda abertzale en el sistema político español se está haciendo de una manera que no tiene parangón en ningún otro país europeo. Ni siquiera en Irlanda. El dolor generado por el terrorismo de ETA ha sido inmenso. Pero quienes lo generaron han pagado por ello y siguen pagando. Y para poder integrarse en el sistema político y participar en los procesos electorales han tenido que cumplir previamente las penas a las que fueron condenados y haber pasado el tiempo de inhabilitación que dichas penas conllevaban. No ha habido ninguno que no haya pagado la deuda contraída con la sociedad española en su totalidad. Ninguno. ¿Se puede decir lo mismo de quienes practicaron terrorismo desde el Estado? Y también generaron mucho dolor.  

Ya está bien de juego sucio.

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