La misma pero no igual

La Constitución es la única norma que es la misma y que es igual para todos. Cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, si exceptuamos las “leyes singulares”, es la misma, pero no es igual para todos. Cualquier otra norma es la misma, pero es diferente para cada persona a la que se aplica.

La igualdad solamente está en la Constitución. Y solamente está en la Constitución porque es la única norma en la que cada persona está contemplada haciendo abstracción del “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14 de la Constitución), es decir, de aquello que lo singulariza como individuo y lo hace diferente de cualquier otro. En la Constitución todos somos iguales, porque no somos individuos, sino “ciudadanos”, es decir, todos titulares de derechos en condiciones de igualdad.

En ninguna otra norma del ordenamiento jurídico ocurre esto. En ninguna. Todas las demás normas contemplan a los individuos en posiciones diferentes. De lo contrario, no existirían relaciones jurídicas. Si todos fuéramos iguales, la relación jurídica carecería de sentido. Nos relacionamos, porque somos diferentes y uno tiene lo que el otro necesita y a la inversa. La infinidad de relaciones jurídicas entre individuos diferentes es la materia propia de todas las normas que integran el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, todas estas relaciones son relaciones jurídicas porque la igualdad constitucional es la premisa de todas ellas. La igualdad constitucional, de la que se deriva la libertad personal, impone que todas las relaciones entre los seres humanos sean relaciones jurídicas. Entre personas iguales y, como consecuencia de ello, libres, solamente cabe un tipo de relación: el acuerdo de voluntades, el pacto, el contrato. A partir de la igualdad constitucional todas las relaciones de los individuos en sociedad tienen que ser relaciones jurídicas. La sociedad que descansa en el principio de igualdad es una cadena ininterrumpida de relaciones jurídicas.

La Constitución no regula ninguna relación entre las personas, ninguna relación jurídica. Miren ustedes la Constitución y lo comprobarán. Las relaciones jurídicas están reguladas por las leyes, pero no por la Constitución. La Constitución obliga a que todas las relaciones tengan naturaleza jurídica. Pero son las leyes las que regulan dichas relaciones, el contenido y forma de las mismas, en las que cada individuo ocupa una posición diferente. El Derecho es posible por la igualdad, pero vive de la diferencia. Por la igualdad todas las relaciones entre individuos diferentes tienen que ser relaciones jurídicas. Pero sin las diferencias individuales no existirían relaciones jurídicas.

Viene a cuento esta introducción del debate que se ha abierto en la sociedad española tras hacerse pública la decisión del llamado Rey emérito de regularizar su situación fiscal. La Ley General Tributaria es la misma para todos, pero cada uno se encuentra en una posición diferente, singular, respecto de dicha norma jurídica.

No regulariza quien quiere, sino quien puede. ¿Cuántas personas pueden haber defraudado en un ejercicio fiscal una cantidad superior a 120.000 euros? Estoy seguro de que la inmensa mayoría, por no decir prácticamente la totalidad, de los que me están leyendo en este momento no están en condiciones de regularizar su situación fiscal, porque falta el presupuesto de hecho para poder hacerlo. La Ley General Tributaria es la misma para ellos que para el llamado Rey emérito, pero su posición no es igual. De la misma manera que tampoco es igual la posición de cada unos de nosotros que la de Amancio Ortega, sin que con ello quiera decir que este señor está defraudando a Hacienda, que estoy convencido de que no lo está haciendo. Pero, de haber querido, Amancio Ortega podría haberlo hecho y acogerse a una regularización fiscal, cosa que ni yo ni casi ninguno de los lectores podría hacerlo.

¿Qué exige la igualdad constitucional en este caso? Que el trato que reciba la persona que se acoge a la regularización fiscal no sea distinto del que recibe una persona que se encuentra en una posición sustancialmente idéntica. Que la Administración Tributaria ponga en marcha una inspección en cuanto tenga conocimiento de la situación irregular. Que el Ministerio Fiscal inicie una investigación e informe al sujeto pasivo de la misma de que está siendo investigado. Esto es lo que exige la igualdad constitucional.

Lo anómalo de lo que está ocurriendo, aparte de que estamos hablando de una persona que ha sido el Rey de España durante casi cuarenta años, que es, como decía hace unos días en esta misma tribuna, la única persona que figura con nombre y apellidos en la Constitución y que, en consecuencia, es de la que no cabría esperar que fuera un defraudador a la Hacienda Pública, lo anómalo, insisto, es que la noticia de la regularización fiscal se haya filtrado a el diario El País y que, tras ser conocida urbi et orbi, la Inspección de Hacienda y la Fiscalía hayan permanecido inmóviles. Da toda la impresión de que ambas instituciones estaban invitando al llamado Rey emérito a regularizar su situación fiscal “voluntariamente y sin requerimiento previo”, con lo que su conducta irregular quedaba exonerada tanto penal como administrativamente.

Las autoridades que tienen que perseguir al delincuente se han convertido en sus protectores. Le han abierto la puerta para que pueda eximirse de responsabilidad penal y administrativa. Esto es lo anómalo. Aquí es donde está la quiebra del principio de igualdad. Es una quiebra que se superpone a la situación fáctica de privilegio de la que el llamado Rey emérito dispone por ser miembro de la Casa Real.

Comprendo que para el Gobierno se trata de una situación muy incómoda, pero repetir el mantra de que todos somos iguales ante la ley en este caso resulta insultante. No lo es, porque es imposible que lo sea. Pero además, no lo es porque ni la Inspección de Hacienda ni la Fiscalía han actuado de conformidad con lo que la igualdad constitucional exige.