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El caso del diputado de IU que se niega a dimitir a pesar de que la Justicia le acusa de prevaricación
Asturias —
“No voy a dimitir, ni voy a contribuir a que quieran meter a todos los políticos en el mismo saco. Bajo ningún concepto voy a aceptar que se me compare con otros ladrones y corruptos. No consiento que se ponga en duda la democracia para dar paso al fascismo”. Así responde el diputado y portavoz del grupo parlamentario en Asturias, Ángel González, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de abrir juicio oral contra él, por un delito de prevaricación en los trámites para la adquisición de monolitos para las fosas comunes de las víctimas de la Guerra Civil y a la petición de la Fiscalía de siete años de inhabilitación.
El silencio y los apoyos se reparten por igual ante el caso de este diputado que en su etapa como viceconsejero de Bienestar Social, durante el gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces, ordenó que se fraccionara un contrato para hacer y colocar 76 monolitos conmemorativos. “He sido el que empezó a dignificar las fosas comunes, otros no pusieron ninguna y algunos ni siquiera quieren saber nada de ellas”, dice para justificar su actuación ante la acusación de una funcionaria, que califica de “un relato falso”.
La Fiscalía acusa a Ángel González de pedir a la empresa New Construction un presupuesto para un contrato menor, acompañado ofertas de otras dos empresas “para cubrir el expediente”, según se recoge en el auto que ha dictado la sala civil y penal del Tribunal Superior. Los funcionarios responsables advirtieron sobre la irregularidad en el trámite para la adjudicación, que concluyó con un fraccionamiento ilegal de contrato, “que únicamente se produjo por la decisión arbitraria de un político”, según argumenta el fiscal.
Ángel González no quiere hablar del fiscal, lo hará cuando todo se aclare “y la verdad se imponga, porque en lo único en que base su acusación es en una afirmación falsa de una funcionaria”. Las cosas no están fáciles para el diputado de IU, a pesar de que lleva el caso con “normalidad y tranquilidad”. Según el auto judicial, la administración del Principado abonó los 76 monolitos contratados, pero “más de 40, no han sido colocados ni utilizados para señalizar fosa alguna”.
La dirección de IU respalda al diputado-portavoz y descarta que este sea un caso de corrupción, “porque no se produjo enriquecimiento ilícito para ninguna de las partes, como tampoco se produjo perjuicio alguno para la Administración”. Lo sitúan en un mero caso de praxis administrativa. González necesita respaldo y que los dirigentes de IU justifiquen su negativa a dimitir. Incluso, el senador Jesús Iglesias ha salido en su defensa. “Sé que Ángel González es inocente, y como tal, moralmente no puedo pedir que dimita a un inocente. No estamos ante un caso de corrupción al uso, y no estamos porque es una discusión sobre si es un contrato de obra o de suministro”.
La cuestión está en que el Tribunal Superior considera que en esa “discusión sobre el contrato” puede existir prevaricación y que el fiscal está duro con este tema. Un arma peligrosa en la facción contraria a la actual dirección de Izquierda Unida, que se hizo con el poder gracias a un giro imprevisto de última hora de Ángel González, quitando el control de la coalición en Asturias al sector respaldado por el diputado nacional Gaspar Llamazares, que no se ha pronunciado sobre esta caso, que rompe con el discurso que ha mantenido hasta ahora IU.
El grupo perdedor, liderado por Noemí Martín, que fue consejera de Ángel González en su etapa en el gobierno, está esperando que los acontecimientos se desarrollen a su favor y presionar para que González deje de ser el portavoz parlamentario de IU. Ante esta tesitura, González se apura a confirmar que todo el grupo le respalda e incluso los diputados de las otras fuerzas políticas que, de momento, no han metido el dedo de la herida y guardan un calculado silencio.
