El Gobierno de Sánchez desoye al grupo de decisión que creó para cambiar el modelo de financiación

El cambio de modelo de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) —vigente desde 2009 y caducado en 2014— es una patata caliente que ninguno de los Gobiernos de PP y PSOE han querido afrontar. Se han celebrado conferencias de presidentes, Consejos de Política Fiscal y Financiera y creado comisiones de expertos, pero la situación sigue empantanada. El último intento, que parecía definitivo, fue la creación del grupo de decisión política de las CCAA creado por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2018 y que debía estudiar el documento de síntesis de los expertos aprobado por las comunidades para que saliera el documento final propuesto por el Ejecutivo.

Pero la situación del cambio de modelo de financiación continúa encallada. Desde el mes de julio del año pasado, el grupo de decisión sólo se ha reunido una vez, el 26 de septiembre, y el secretario general del Ministerio de Hacienda no ha entregado la documentación a la que se comprometió con las CCAA, según denuncia el Alto Comisionado para la Financiación de la Comunitat Valenciana, Rafael Beneyto. “No sabemos nada de la metodología de trabajo ni de la opinión del Ministerio sobre las propuestas de los territorios, estamos en la misma situación que con el Gobierno en manos del PP”, explica Beneyto.

Como Pedro Sánchez dejó claro que el modelo de financiación autonómica no se cambiaría en esta legislatura, algunas comunidades autónomas han decidido plantear “correcciones” al actual modelo vigente de 2009 para reducir las diferencias de ingresos entre los diferentes territorios sin que ninguna vea sus partidas actuales reducidas. ¿Cómo? Incrementando las aportaciones que hace el Estado al sistema de financiación, sobre todo a los territorios peor financiados y manteniendo las aportaciones a las demás. A saber: Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia, Baleares y Catalunya.

Esas “correcciones” se podrían incluir tanto en los Presupuestos de 2019 como a través de un decreto-ley, una figura legal que el Gobierno de Sánchez ha utilizado para aprobar todo tipo de normas desde que ganara la moción de censura. Una de las medidas en las que hay consenso en el comité de expertos es la compensación a las autonomías por la variación de la subida de tipos en el IVA y en los impuestos especiales.

Parte de los ingresos de estos tributos se transfieren a las CCAA, pero cuando se incrementaron los tipos durante la crisis el Estado se quedó el 100% del dinero de esos aumentos. Es decir, de la subida del 18 al 21% del IVA, los ingresos por los tres puntos porcentuales se los quedó el Estado y nada ha ido para las autonomías. Según los expertos autonómicos, solo por la liquidación del ejercicio 2016, las autonomías hubieran tenido 10.000 millones de euros más para cubrir sus servicios -uno 50.000 millones desde 2009-.

Este incremento de 10.000 millones de euros al año aprobado por decreto ley o en los de Presupuestos 2019 permitiría a las autonomías disponer de más recursos sin que ninguna región se tuviera que ver perjudicada a la baja. Según el alto comisionado valenciano, a esta y otras propuestas el Ministerio de Hacienda no ha contestado. Pero Beneyto va más allá: “Solo con 1.600 millones más al año para las autonomías se solucionarían las diferencias entre las comunidades autónomas peor financiadas”.

Pero no es la única opción planteada por los expertos y, en este caso, por los altos comisionados para la financiación, Rafael Beneyto y José Antonio Pérez. En sus informes entienden y proponen que el Gobierno incremente su aportación al sistema de dependencia que, en la actualidad, sostienen las CCAA. En la Comunitat Valenciana el Estado abona entre el 16 y el 17% del total de los recursos para dependientes cuando el compromiso en la ley de 2006 fija el 50%. Unos 911,2 millones más, según los cálculos del Gobierno valenciano.

También plantean los comisionados valencianos la compensación económica por la asistencia de pacientes de otras comunidades autónomas, hecho muy particular en los territorios con una alta afluencia de turistas nacionales. En el Gobierno valenciano estiman la cifra global que se debería compensar en 267,4 millones de euros.

En estos momentos se han entregado al Gobierno de España un informe de la comisión de expertos designada por el Ministerio de Hacienda (julio de 2017) y un documento de síntesis del comité técnico permanente de evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (aceptado el 19 de septiembre de 2019). Pero los ejecutivos de Rajoy y Sánchez todavía no se han atrevido a plantear un modelo o a contestar a los expertos en estos dos últimos años.