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Presidencia acude a la Abogacía, pero obvia la Oficina de Conflictos de Intereses para que analice las acciones de Puig en 'Mediterráneo'

El departamento independiente adscrito a la Conselleria de Transparencia dispone de cinco funcionarios y un presupuesto de 210.000 euros, según la memoria de 2018

Todos los miembros del Gobierno, incluido el presidente, deben ser fiscalizados por esta oficina en caso de que haya dudas sobre un posible caso de conflicto y no por la Abogacía de la Generalitat, que debe informar de sobre la legislación

La OCI rechaza dar información sobre si ha iniciado una investigación sobre las acciones de Puig en Pecsa tras la quita del Institut Valencià de Finances a Editorial Prensa Ibérica que ha beneficiado al presidente

Puig apela a la "responsabilidad de todos" para la investidura de Sánchez

El presidente Ximo Puig, en una conferencia reciente. EFE

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, reveló en la última rueda de prensa del Consell un informe de la Abogacía de la Generalitat que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hizo bien no absteniéndose en la votación del reglamento del Institut Valencià de Finances que permitió hacer una quita del 70 % a Editorial Prensa Ibérica (EPI) para adquirir Grupo Zeta. Esta compra benefició directamente a las acciones -un 1,16 % del total- que Puig tiene el el periódico Mediterráneo de Castelló, un medio que gracias a la entrada de EPI tiene el futuro asegurado y en 2018 volvió a repartir dividendos con unos beneficios de 750.000 euros.

La Abogacía de la Generalitat, a preguntas de Presidencia de la Generalitat tras saltar el escándalo, no solo concluyó que Puig hizo bien no absteniéndose de una norma que considera "genérica", sino que añadió que ser propietario de esas acciones no es incompatible con haber aprobado la norma de la quita. En tres párrafos, la abogada de la Generalitat que firmó el documento concluyó que el presidente no incurrió en un conflicto de intereses ni real ni potencial.

Llama la atención, según la norma de creación de la Abogacía, que la entidad que dependende de Presidencia de la Generalitat haya elaborado un informe sobre la compatibilidad de un cargo directivo, puesto que sus competencias se extienden a la elaboración de informes sobre la legalidad o no de las normas y leyes que promulga el Gobierno valenciano.

De hecho, el propio Botànic sacó adelante en 2016 en las Corts la ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos que posteriormente fue desarrollada en 2018 por una norma y en cuyo artículo artículo 34.1 del Decreto 65/2018, de 18 de mayo, del Consell, se desarrolla la Oficina de Control de Conflictos de Intereses (OCCI) . Esta oficina dispone desde 2018 de un presupuesto de 210.000 euros y de cinco funcionarios de carrera, cuatro y el director, para analizar y solventar todas las dudas sobte posibles conflictos de intereses en los altos cargos del Gobierno valenciano.

Y precisamente para consultar, lo que hizo Presidencia con la Abogacía de la Generalitat, es para lo que se puso en marcha la OCCI, ya que en principio no se concibió para perseguir o sancionar a los altos cargos, pero que también puede actuar de oficio.

Así, el presidente de la Generalitat o su equipo podría haber acudido al principio de legislatura a preguntar si las acciones en Mediterráneo podían suponer algún tipo de problema de incompatibilidad para el reparto de la publicidad institucional que Presidencia de la Generalitat destina al periódico castellonense o si la aprobación del reglamento del IVF le podría haber generado algún tipo de problema. A priori y a posteriori, como en el momento actual.

El diario.es se ha puesto en contacto con la OCCI para conocer si ha iniciado un procedimiento de oficio para evaluar la compatibilidad de la posesión de las acciones en Mediterráneo por parte del presidente. Desde su obligación de confidencialidad declinaron hacer ningún comentario, aunque precisaron que se pueden iniciar acciones tanto por publicaciones en prensa como por denuncias de particulares. En ese caso, siempre se cuida el anonimato del denunciante.

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